Oficialismo da muestras de desgaste y pierde gobernabilidad del Congreso

La sesión plenaria del pasado miércoles tan solo expuso como la Junta Directiva del Congreso no consigue, en casi dos años, debates legislativos de altura por irrespetar las normas parlamentarias más básicas.

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El oficialista Allan Rodríguez ocupa la presidencia del Congreso por segundo año consecutivo. Fotografía: Prensa Libre.
El oficialista Allan Rodríguez ocupa la presidencia del Congreso por segundo año consecutivo. Fotografía: Prensa Libre.

Un oficialismo desesperado, ante la falta de aliados, ha vivido una de sus peores semanas. Lo anterior se hace evidente al juzgar las improductivas sesiones en las que no ha sido capaz de convocar a 81 diputados que les ratifiquen el estado de Calamidad decretado por el presidente Alejandro Giammattei el viernes pasado.

La presidencia de Allan Rodríguez, por segundo año consecutivo, también da muestras de desgaste y de conducir un debate legislativo muy cerca de la ilegalidad, ante las críticas de la oposición, que aprovecha la ocasión para evidenciar el desgaste y magnificar los problemas.

Un Rodríguez que en la sesión del miércoles no daba la palabra a diputados de oposición, una Junta Directiva invadida por opositores que con uso de la fuerza arrebataban micrófonos y hojas son signos de ingobernabilidad, al menos así lo juzgan dos expertos en el Organismo Legislativo consultados por Prensa Libre.

Alejandro Quinteros, de la organización Congreso Transparente, y Roberto Alejos, constituyente y expresidente del Congreso, coinciden en que las últimas sesiones rozan en la ilegalidad, y la Junta Directiva mantiene un continuo irrespeto a las normas parlamentarias.

A continuación, el análisis de tres momentos puntuales durante la última sesión, el pasado miércoles.

Sin voz a la oposición

La diputada Samanta Figueroa, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), pedía el micrófono para exponer su punto de vista ante el pleno, ya que según ella el decreto bajo análisis es ilegal porque el Ejecutivo se tardó más de los tres días que manda la ley para remitirlo.

Rodríguez no le dio la palabra, y luego de haber insistido a gritos desde su curul, Figueroa subió al espacio que ocupa la Junta Directiva a arrebatarle el micrófono al secretario Jorge García Silva, quien leía el documento al pleno.

Lo anterior denota que “cuando la Junta Directiva comete un acto ilegal o un acto anómalo, como no darle la palabra a un diputado que la está pidiendo, abre las puertas a que los otros diputados sigan con la dinámica: gritar sin el micrófono, llegar hasta la Junta Directiva para buscar el único micrófono encendido, incluso en muchos congresos del mundo diputados en ocasiones llevan pancartas para expresarse ante una junta directiva que está rompiendo las reglas del debate parlamentario. Creo que por primera vez estamos viendo actos de verdadera oposición”, dijo Roberto Alejos sobre ese episodio.

Quinteros, por su parte, señaló que existen reglas, y estas se deben cumplir.

“El primero de los derechos es que todos los diputados puedan expresar o externar su opinión sobre lo que se está discutiendo. Lo que decían algunos miembros de la oposición es que no se les dejó hablar; eso no debería  pasar. Ahora bien, la respuesta debería ser hacer las solicitudes, hacer ver las inconformidades, pero se dejaron ver algunos eventos más fuertes que podrían ser faltas de respeto”.

Arrebata papeles

Orlando Blanco, también de la UNE, subió hasta el palco de la Junta Directiva cuando la Figueroa no consiguió el micrófono, e intentó arrebatar el decreto que seguía leyendo el secretario Jorge García Silva. Abajo, diputados de otras bancadas de oposición intercambiaban insultos con los directivos.

Sobre ello, Alejos es claro: se debieron sancionar las acciones violentas de los diputados, pero no sucedió, porque también los directivos estaban incumpliendo las normas.

“Existe una amonestación verbal, por escrito o hasta una suspensión; la ley de régimen lo contempla. El presidente del Congreso tuvo que llamar al orden, suspender la sesión, pero como él la había desordenado antes, no tuvo tampoco la solvencia moral para amonestar a los diputados. Bastaba con apagar el micrófono y decir que se negaba a seguir con la sesión hasta que pidieran la palabra en orden, pero como él no dio la palabra los diputados, se tuvieron que levantar”, explicó Alejos.

Para Quinteros, hay responsabilidad compartida, porque “ambas partes caen en dejar de lado las normas. Lo importante es no continuar ese círculo vicioso. Los diputados de la oposición deberían  buscar otra forma para hacer valer sus derechos y manifestar las irregularidades que el director de debates pudiera estar cometiendo al no dar la palabra, pero arrebatar un micrófono y arrebatar unos papales no es la forma, eso simplemente genera más tensión y discusiones innecesarias”.

¿Fue legal la primera lectura?

Las dudas sobre la legalidad del estado de Calamidad se desataron desde el martes, cuando diputados aseguraban que el plazo constitucional —tres días— para aprobarlo había vencido. El miércoles las dudas fueron más, cuando el presidente Rodríguez levantó la sesión con 70 diputados, y ayer suspendió la sesión por ausencia de parlamentarios.

Para Alejos, el primer debate solo es efectivo si existe por lo menos la mitad más uno de legisladores en el pleno, es decir 81; de lo contrario, no se puede dar como aprobada la primera lectura.

“Ya el trámite es ilegal; peor aún, ya es inconstitucional. La ley es clara. Dice que se deberá de conocer a los tres días. El estado de Calamidad no es cualquier cosa”, precisó Alejos.

Quinteros apela al beneficio de la duda, y pudo aprobarse la primera lectura cuando todavía había quorum, ya que fue hasta después que se pidió el reporte de asistencia.

“La ley no es precisamente clara. Se podría tomar como que el decreto se conoció cuando todavía había quorum, y que luego se rompe ya en la discusión”, apuntó Quinteros.