Opuestos: Cómo usar la fuerza en la disolución de las manifestaciones

La Fundación contra el Terrorismo y la Procuraduría de Derechos Humanos difieren en cómo se debe cumplir la sentencia dictada por la CC al momento de que las manifestaciones provoquen bloqueos carreteros.

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Las recientes jornadas de manifestaciones han ido de la mano con bloqueos en carreteras en la provincia y en la ciudad. Fotografía: Prensa Libre.
Las recientes jornadas de manifestaciones han ido de la mano con bloqueos en carreteras en la provincia y en la ciudad. Fotografía: Prensa Libre.

A favor

Los amparos resueltos por la CC se encuentran apegados al texto constitucional, según la lectura de Ricardo Méndez Ruiz, titular de la Fundación Contra el Terrorismo.

Quien afirma que en las acciones recientemente notificadas queda claro que todos los guatemaltecos tiene la libertad para manifestarse, más no así de impedir otro Derecho como el de la libre locomoción.

Por lo anterior asegura que la CC tan solo reafirma una de las potestades que ya tienen las fuerzas de seguridad, que es disolver bloqueos que impidan el libre transitar de los guatemaltecos.

“El Estado tiene la potestad para actuar si es necesario haciendo uso de la fuerza para disolver los bloqueos en las carreteras, es sumamente clara la resolución. Todos tenemos derecho a reunirnos, a manifestar y no tenemos derecho a bloquear la libre locomoción”, señaló.

Recientemente algunos puntos de la ciudad de Guatemala, entre ellos la calle Martí y los alrededores del Congreso de la República han sido objeto de bloqueos protagonizados por grupos campesinos y veteranos del Ejército, escenarios que de volverse a repetir tendrían que ser levantados hasta con el uso de fuerza, según Méndez Ruiz.

“El Ministerio de Gobernación tiene la obligación de persuadirlos para que sin el uso de la violencia ellos desbloqueen las calles y las carreteras que estén obstruyendo, pero si no pues deben de acudir a la fuerza, repito, ya sean campesinos, universitarios, o ex miembros del Ejercito…nadie tiene el derecho de impedir la libre locomoción que está garantizada en la Constitución Política de la República de Guatemala”, refirió.

Cuando las fuerzas de seguridad han intervenido en bloqueos los resultados no han sido los mejores, un ejemplo podría ser lo que ahora se conoce como el Caso Cumbre de Alaska.

El 4 de octubre de 2012 campesinos de Totonicapán manifestaron contra las políticas del Gobierno del desaparecido Partido Patriota, en los hechos que se comenzaron a tornar violentos las fuerzas de seguridad reaccionaron y murieron seis manifestantes y nueve militares fueron encarcelados.

Este escenario podría volver a ocurrir, pero Méndez Ruiz afirma que para evitar complicaciones judiciales es idóneo que los elementos de seguridad porten cámaras para demostrar con certeza los hechos, ya que afirma que los nueve militares estuvieron privados de libertad de manera injusta porque tan solo actuaron en legítima defensa.

El respaldo que ahora da la CC a las fuerzas de seguridad para actuar en los bloqueos es una decisión oportuna pero que llega un poco tarde, Méndez Ruiz es de la opinión que esta decisión debió tomarse mucho tiempo atrás.

“Debió ser antes pero en realidad era imposible que la CC bajo la dirección de Gloria Porras se hubiera dado. Ahora con esta Corte independiente las cosas están caminando mejor, apegadas siempre a Derecho, a la Constitución, nos hemos dado cuenta todos aunque un pequeño y reducidísimo grupo no le guste, esta CC está apegada a la Constitución”, puntualizó.

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En contra

Tras este fallo de la CC, Jordán Rodas, Procurador de los Derechos Humanos (PDH), quien presentó uno de los amparos que fueron resueltos, esperaría que al menos cuando las autoridades tengan que usar la fuerza implemente medidas que no vulneren la seguridad ciudadana, aunque tiene dudas que sea así.

“Recordemos el 21 de noviembre, no podemos olvidar que los guatemaltecos fueron reprimidos, mujeres, periodistas, familias completas, todos los que estaban manifestando de manera pacífica y dos compatriotas nuestros perdieron un ojo”, señaló Rodas.

Esa protesta ciudadana ocurrió cuando el Congreso de la República aprobó de manera sospechosa el presupuesto del 2021, de urgencia nacional y en plena madrugada, lo que generó un rechazo generalizado.

Rodas advirtió que en caso que exista abuso de fuerza en una manifestación, dentro del Ejecutivo existe un orden jerárquico que podría traer problemas legales al ministro de Gobernación, director de la Policía Nacional Civil (PCN) y hasta al Presidente de la República.

Ante una futura manifestación Rodas esperaría que en todo momento prevalezca el diálogo, pero si las autoridades deciden usar la fuerza esperaría que al menos implementen protocolos en materia de Derechos Humanos.

“Es importante que tengan esos protocolos pero la verdad yo lo veo difícil, porque al señor ministro de Gobernación en un expediente se le corrió audiencia donde se les declaró responsables de violaciones a los Derechos Humanos a él y al director de la PNC, ojala que hayan aprendido de esto pero es como pedirle peras al olmo”, refirió el magistrado de conciencia.

Al hablar del tema, Rodas también recordó el trágico desenlace de las manifestaciones que dejaron el Caso Cumbre de Alaska, indicando que sería lamentable otro acontecimiento como ese.

También añadió que recientemente vendedores del mercado de La Terminal salieron armados para intimidar a un grupo de campesinos que manifestaban, lo que pudo ocasionar un escenario violento.

“También hago un llamado a la PMT de Guatemala para que por la misma seguridad de los manifestantes y de los vendedores intervengan, yo no escuche ninguna comunicación de la PMT para imponer sanciones porque estaba en juego la seguridad de los manifestantes, también la PNC no detuvo a los que tenían machetes si estaban ante un hecho flagrante. Es necesario que las fuerzas de seguridad actúen siempre mediante la ley”, señaló.

El magistrado de conciencia no quiso emitir un calificativo para decir si la resolución de la CC era oportuna, tardía o equivocada, tan solo se limitó a indicar que “una resolución se respeta y se debe de acatar”.

En las recientes manifestaciones, tanto convocadas por campesinos, veteranos del Ejercito o estudiantes universitarios se ha visto la presencia de observadores de la PDH, quienes están en los lugares para documentar alguna eventual violación a los derechos ciudadanos.