“Manifiesta “LA TÉCNICO” que posee los conocimientos teóricos y la experiencia práctica para la eficaz y eficiente prestación de los servicios y que por este acto se compromete a prestar dichos servicios como TÉCNICO en la MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA, bajo el renglón 189, de conformidad con los términos de referencia y oferta de servicios que se adjuntan al presente contrato y los cuales forman parte integral del mismo”, cita textualmente el contrato.
Al respecto, el vocero de la municipalidad de Guatemala, Carlos Sandoval, dijo que los informes de servicios, contratos y facturas por los servicios prestados por Escobar de Arzú se encuentran en los portales de Guatecompras y de la Contraloría General de Cuentas. “La historia de doña Patricia marca mucho conocimiento en la obra social y en el trabajo ad honorem que ha realizado”, indicó Sandoval.
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El vocero de la comuna capitalina dijo: “Toda esa experiencia es la que necesitamos dentro de la municipalidad de Guatemala, es lo que queremos que se dé continuidad. Cuando fallece Álvaro Arzú, doña Patricia decide que se va a retirar de la municipalidad de Guatemala. El alcalde Ricardo Quiñonez le pide a ella que se quedé dentro del equipo y se le ofrece un empleo. La misma Constitución Política permite a todo guatemalteco trabajar”.
Sandoval también atribuyó los señalamiento contra Escobar de Arzú a las intenciones políticas de Francisco Solórzano Foppa, ex titular de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
Cuestionan contrato
El abogado Edie Cux, de Acción Ciudadana, indicó respecto a este nuevo contrato: “Dando lectura al contrato que se suscribió entre el contratante y la descripción de los servicios hay una incongruencia. Habría que determinar por parte de la Contraloría, mediante una auditoría de desempeño, si realmente se prestaron servicios y cuál es el producto, porque el contrato es ambiguo, no cumple con los parámetros que tiene que llevar un contrato de servicios para cualquier otro funcionario que preste servicios al Estado”.
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Sobre estos parámetros, el experto en contratación pública dijo: “Las actividades, los resultados y los productos deben estar especificados, incluso en el contrato, para mayor certeza jurídica. El tema acá es que el contrato no especifica nada, lo deja todo ambiguo y los términos de referencia ni siquiera se adjuntan, para que sean públicos y transparentes. La Contraloría y el mismo Ministerio Público deberían determinar si se dieron los productos”.
Por su parte, el contralor en funciones, César Elías, dijo que hay que esperar los resultados de las auditorías correspondientes y que serán los auditores asignados los que tendrán que realizar este análisis.
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