En la nota que indispuso al jefe del Ejecutivo con este diario se informó que la EPQ ha adjudicado este año 285 contratos por Q309 millones 527 mil 277, sin cotizar ni licitar, sino solo sujetas a los mecanismos de compra directa y excepción y otros procedimientos, según consta en el portal electrónico Guatecompras.
Un reportero le preguntó:
-¿Por qué las instituciones del Estado siguen haciendo compras sin licitar y por excepción?
Respondió lo siguiente:
“Primero, quiero decirles algo que tal vez no se quiere entender, pero hay compras por excepción que están legalmente normadas dentro de la misma Ley de Contrataciones, así que, que se haga una compra por excepción no quiere decir que no esté dentro de la Ley de Contrataciones.
Ahora, hay información que no es correcta, por ejemplo hoy, lo tengo que decir abiertamente, en Prensa Libre, y lo digo con nombre, sacan una información incorrecta, que a mí me extraña y me sorprende que un medio que ha sido responsable, no es la primera vez que nos está sacando datos que son incorrectos.
El otro día lo dije públicamente también donde nos sacaron señalando a un abogado que tenía dos meses de no trabajar en la Vicepresidencia, y lo estaban poniendo como un operador para una de las comisiones nuestras. Y así en repetidas oportunidades han sacado información que no es correcta.
Hoy dicen que se compraron más de Q300 millones en lo que va del año 2013 en compras en las cuales no ha habido licitación. Eso es totalmente incorrecto lo que dicen ahí. Sale un titular y dos páginas entonces, no hay un periodismo que verdaderamente está haciendo su parte de responsabilidad para hacer la investigación necesaria.
Ahí le puedo mencionar yo, por ejemplo, la contratación de las grúas es una contratación que se hizo desde el 2010, y es interanual. Hay contrataciones en donde sí hubo licitación y ahí dice que no hubo licitación, como fue la compra de seguros médicos.
Aquí lo que se trata también es no solo de sacar cuestiones solo por querer sacar noticia, sino porque si va a haber una investigación que se haga bien hecho y que se haga todas las partes (sic).
Nosotros hemos exigido y vamos a seguir exigiendo lo que sea de que haya que hacerlo por compra por excepción, si es necesario y lo evaluamos, y sigue todos los pasos, porque una compra por excepción lleva, me cansé de explicarlo, la compra por excepción lleva un dictamen de Segeplan, un dictamen de Finanzas, y un dictamen incluso de la Contraloría General de Cuentas.
Ahí hoy en ese medio sale un trabajo que se hizo en una de las costas donde está el Puerto Quetzal, que tiene el dictamen favorable de la Contraloría General de Cuentas, así que aquí se trata de que todos informemos como debe de ser”.
Claro (responde el reportero). Sin embargo, existen hasta abril del 2014 casi mil 300 contratos por excepción o compras sin licitar, según Guatecompras
El mandatario responde: “Media vez se haya cumplido con los pasos que dice que norma cuál es la excepción, ¿Cuál es el problema? Si ahí dice que es por excepción y además de eso se cumple con los pasos que ya le dije.
Aquí lo que no podemos permitir es que haya necesidades que no se les dé respuesta porque hay intereses de los mismos que están participando en querer entrampar todo y querer dejar paralizado al Gobierno; nosotros no vamos a quedarnos paralizados, nosotros tenemos que darle respuesta a la población, y esa respuesta si es necesario hacer la compra por excepción porque por los otros medios se entrampa, se paraliza, se llevan hasta ocho meses a un año esas compras; mientras, ya se pasó la necesidad de lo que se está teniendo, nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados, sentados, y vamos a ser irresponsables.
Si la ley nos permite tener ese mecanismo, lo vamos a utilizar para darle la respuesta a la población que la está demandando.”
Causan mala imagen
Adicionalmente a aquellas aclaraciones, que se publican textuales, Pérez Molina dijo al director de Prensa Libre que informaciones como las publicadas en este matutino pretenden dar la impresión de que en el Gobierno están robando o propiciando la corrupción.
“No es cierto”, expresó enfático, respecto de que en el Gobierno no haya transparencia en el manejo de los recursos públicos.
Contratos
Postura del interventor
Allan Marroquín, interventor de la Portuaria Quetzal, envió a este diario la siguiente aclaración respecto de la noticia publicada en la edición de ayer con los titulares “Portuaria gasta Q309 millones sin licitación”, de la portada, y “EPQ no licita para compra millonaria”, de las páginas 2 y 3.
1. Ninguno de los contratos mencionados fueron suscritos en el año 2014, por lo que los procesos de todos los contratos mencionados han sido auditados por la Contraloría en su momento.
2. El contrato de grúas fue ampliado por última vez en el año 2010; y su vigencia en esa ampliación se fijó hasta el año 2015. Conclusión: no es un contrato suscrito por esta administración y el mismo ha sido objeto de crítica y denuncia pública por el Interventor.
3. El contrato de seguro médico sí fue licitado, pero nadie respondió a las convocatorias. Siendo que el pacto colectivo de trabajo impone su contratación, la empresa portuaria lo contrató por vía directa respetando la Ley de Contrataciones al haberse declarado desierta la licitación convocada. Esto consta en Guatecompras.
4. Los 309 millones de quetzales a los que se refiere el artículo corresponden a lo presupuestado para el año 2014. Pero su monto final dependerá de los servicios prestados a la empresa portuaria.
5. El contrato de Protección Costera se celebró en el 2013 respetando el proceso de excepción que establece la Ley de Contrataciones del Estado. El expediente de contratación se sometió a la consulta de la Contraloría y posteriormente fue entregado el expediente a la Delegación Permanente de la Contraloría en Puerto Quetzal.
6. Todos los demás contratos mencionados son contratos de Tercerización de servicios cuyo precio está preestablecido en el Tarifario Portuario, por lo que cualquier interesado en prestarlo, puede hacerlo. Estos contratos tienen su propio procedimiento establecido en el decreto 100-85 (Ley de la Portuaria Quetzal). No se puede, por lo tanto, licitarse, porque no hay competencia de precios, y los servicios no se le prestan al Puerto sino a los usuarios que lo requieren y pagan.
