La respuesta ya no se obtuvo, debido a que un día después Pérez Molina presentó su renuncia, luego de que el Congreso le retirara la inmunidad y porque había orden de captura en su contra.

El proceso quedó relegado a Alejandro Maldonado Aguirre, quien asumió la Presidencia. Sin embargo, Maldonado Aguirre no giró instrucciones a Villagrán, y en cambio, el 12 de enero del 2016 —dos días antes de dejar el cargo—, devolvió el expediente a la PGN para que esta determinara los alcances políticos y económicos de declararse la nulidad y que se analizara si  era procedente una acción de anulabilidad del contrato.

La Procuradora indicó que ya solicitó audiencia al presidente Jimmy Morales para que le dé instrucciones sobre si presenta las acciones que en derecho correspondan, con lo que podría quedar sin vigencia el referido contrato.

Villagrán declaró que entre los puntos importantes  para accionar por la anulabilidad del contrato figura que el  usufructo oneroso constituye una posible simulación de otro negocio jurídico, denominado concesión, mientras que para la nulidad existe el vicio de que el interventor y subinterventor no pueden firmar contratos, por lo que se extralimita su función, debido a que la intervención es administrativa y es para regular a la institución.

Otra  vía que puede seguir la PGN es ir a un arbitraje nacional, ya que las partes establecieron en la cláusula 83 que en caso de alguna controversia podrían someterse a un arbitraje de un tribunal de la Cámara de Comercio.

Reunión

Por aparte, la PGN se reunió ayer por la tarde con el ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, y con abogados de la Secretaría General de la Presidencia.

Villagrán indicó que al ministro le preocupa el impacto económico que puede generar la nulidad del contrato, ya que una filial del Banco Mundial  invirtió en la construcción de la Terminal de Contenedores Quetzal.

La PGN considera que si el Estado gana la demanda, la Terminal pasa a poder el Estado; pero habría que pagar unos US$200 millones a TCQ,  por lo que invirtió en el proyecto.

Sin decisión

El vicepresidente Jafeth Cabrera declaró la semana pasada que el contrato estaba en suspenso y había una “contrademanda” hacia el Estado; por lo que, como Ejecutivo,  respetarían el debido proceso y dejarían que las investigaciones del MP y el desarrollo del caso siguieran su curso. Sin embargo,   no mencionó la posibilidad de que el contrato pueda ser anulado.

Cabrera afirmó el domingo  que la jefa de la PGN participaría en el Gabinete de ayer, lo cual no ocurrió.
No se pudo ampliar el tema, pues tanto el vocero presidencial,  Heinz Hiemann, como el secretario de Comunicación Social, Alfredo Brito, tenían apagados sus teléfonos.

Jorge Briz, presidente de la Cámara de Comercio de Guatemala (CCG), exigió al Gobierno atender de manera urgente la crisis en los puertos y aduanas fronterizas del país, y que encuentre una solución para el funcionamiento de la referida terminal de contenedores sin que se afecten los intereses legítimos de la Nación.

Agregó que el Gobierno también debe informar  sobre “absolutamente todos” los usufructos, contratos y concesiones que se han llevado a cabo en los puertos y puestos fronterizos terrestres del país.

Briz expresó que es inaceptable que las instituciones estatales, a las que se les ha encomendado la labor de adoptar acciones y estrategias necesarias para mejorar la competitividad del país, no asuman la responsabilidad que les corresponde.

Demanda prospera

La Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo conoce la demanda de nulidad 134-2013, presentada por la diputada Nineth Montenegro y otros congresistas en ese mismo caso.

Según Comunicación Social del Organismo Judicial, el proceso se abrió a prueba a 30 días, para que las partes presenten sus argumentos, y a  ese proceso se puede adherir la PGN.

Autoridades judiciales revelaron que para lograr el contrato, se dieron sobornos a  Pérez Molina  y a Roxana Baldetti por US$4.2 millones a cada uno.   

*Con información de Byron Dardón y Geovanni Contreras