También afirmó que ha habido nombramientos ilegales, ya que, “han tenido a la vista contratos donde a los empleados les pagan supuestas empresas de cartón”, manifestó.
Sin embargo, “se ha solicitado información al Congreso, pero nos la han negado o utilizan artimañas para decir que respondieron, pero no dan la información que se está solicitando”, agregó.
Por ello AC presentó un amparo en contra de la Junta Directiva del Congreso por violación al derecho de acceso a la información, para que se entregue la documentación requerida, y acudirán al Ministerio Público para que se investigue sobre la posible comisión de delitos en nombramientos ilegales, tráfico de influencias, incumplimiento de deberes, y que de oficio inicie investigaciones.
“Lo triste es que a la fecha se ha utilizado Q41 millones de los fondos privativos o ahorros del Congreso, para pagar personal, que podrían ser plazas fantasma”, refutó Marroquín.
Rechaza imputación
Arístides Crespo, presidente del Congreso, afirmó que son respetuosos de las acciones legales que cualquier persona quisiera iniciar, porque para eso existen esas acciones y recursos.
Empero, negó que el Congreso haya negado información y aseguró que toda la información que AC utilizó para dar la conferencia de prensa se obtuvo de las publicaciones que ese organismo ha realizado en el Informe Cuatrimestral y en los mecanismos de información del Legislativo.
También invitó a AC a que presenten pruebas de las denuncias que están realizando, porque “quisiera que ellos aclaren esas aseveraciones sobre empresas de cartón, pues no lo he escuchado y quiero investigarlo”.
Rompen convenio
En 2012, la diputada Nineth Montenegro, inició un proceso de análisis sobre el proceso de contratación del Congreso, debido a las constantes denuncias de un número exagerado de contratos en el renglón 0-11 o presupuestados.
“Lo primero que se hizo fue congelar las contrataciones por contrato, es decir, se evitó presupuestar a más personal, primero porque ya no se requiere, y segundo porque se dijo que al reactivarse se haría pero sólo a través de una nueva ley que permitiera escoger al personal pero por mérito y capacidad”, explicó Montenegro.
Agregó que fue un acto de voluntad política de la Junta Directiva de 2012, debido a que en la anterior administración se había contratado a 200 personas.
Cada vez que se presupuesta a una persona, el Congreso debe asumir no sólo el pasivo laboral, sino que también el pago de prestaciones y un incremento salarial de 10 por ciento anual.
“Desconocía de este convenio, no sabía que había alguna limitación, nosotros contrataremos lo que sea necesario”, manifestó Crespo.
Mientras que Marroquín dijo que en 2013, durante la presidencia de Pedro Muadi, se sumaron 150 plazas, pero no se puede saber quiénes, ni cuánto ganan, porque no quieren darles la información.
