Con la reforma aprobada, el impuesto del saco de cemento aumentará de Q1.50 a Q5.
La acción fue presentada a la Corte de Constitucionalidad (CC) el lunes anterior, donde cuestiona que el procedimiento utilizado por el Congreso para reformar el tema sobre ese impuesto no cumplió con lo que dicta la Constitución y la Ley Orgánica del Presupuesto.
“Consideramos que esta reforma al Impuesto a la Distribución de Cemento (IDC) representa un grave daño a la industria de la construcción, ya que el país necesita de más y mejor infraestructura y vivienda. Gravar el cemento es ir en la dirección opuesta hacia el logro de ese objetivo”, expresó José Raúl González, gerente general de la mencionada empresa.
En un comunicado emitido este martes, Cementos Progreso manifiesta que confían en que la Corte de Constitucionalidad resolverá conforme lo dicta la ley y no avalará la ruptura del orden jurídico.
