La pandemia, los fenómenos naturales y la crisis política son algunas de las causas que, de acuerdo con los analistas, pudieron haber mermado el trabajo parlamentario, aunque no justifican los pobres resultados de su gestión durante el presente año.
Entidades que supervisan las cifras del Legislativo detallan que del 2 de enero al 30 de noviembre se presentaron 225 iniciativas de ley, de las cuales 107 no han salido de la Dirección Legislativa.
De estas, 47 están en fase de análisis a la espera de un dictamen, 19 recibieron esa recomendación técnica, dos avanzaron en su primera lectura, nueve pasaron el segundo debate y ocho culminaron la tercera lectura.
Solo 33 iniciativas fueron aprobadas para convertirse en ley, pero se le deben restar dos préstamos y el fallido Presupuesto 2021, decretos legislativos que los diputados se vieron obligados a archivar por la presión ciudadana, que rechazó el proceso irregular en la aprobación de las mismas.
Estos 225 proyectos de ley convergen en seis temáticas nacionales: reforma institucional, siete proyectos sin ninguna aprobación; agenda económica, 52 propuestas y 13 aprobadas; seguridad, justicia y Derechos Humanos, con 29 sugerencias y solo cuatro leyes aprobadas.
En el tema migratorio se impulsaron tres proyectos y ninguno alcanzó aprobación; en materia ambiental se presentaron 58 propuestas y solo cuatro fueron aprobadas; en lo relacionado con la pandemia se impulsaron 76 iniciativas y apenas 12 se convirtieron en ley.
Debilitamiento apresurado
En los primeros tres meses de la novena legislatura los diputados manejaban una agenda que iba caminando, según Fernando Ixpanel, analista político de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), quien recordó la aprobación de algunos decretos y hasta los consensos para la elección de magistrados al Tribunal Supremo Electoral (TSE).
No obstante, a medida que avanzó el año toda la fuerza que exhibía la alianza oficialista, a criterio de Ixpanel, ha perdido peso al no haber sido capaz, por ejemplo, de obtener la mayoría absoluta en la reciente ratificación del estado de Calamidad que solicitó el Ejecutivo.
“Las alianzas dentro del Legislativo que habían llegado con el partido oficialista se han ido debilitando y en los últimos meses hubo una configuración en la cual se detuvo un poco la producción y el avance en distintos proyectos de leyes. Lo pudimos advertir cuando les costó ratificar los estados de Calamidad, que eran propuestos desde la bancada oficialista”, explicó.
Este fenómeno no es común. Por el contrario, evidencia un desgaste que se puede interpretar como posibles problemas de gobernabilidad, ya que si el Congreso no respalda la agenda presidencial, muchos de esos planes de gobierno quedarán solo en ideas.
“Es muy raro ver que en el primer año se estanque tanto una agenda legislativa. En los distintos países que tienen Parlamento se conoce el primer año como el período de luna de miel. Es más probable que un partido oficialista pueda avanzar en la agenda legislativa o proyectos que se quieren desde el partido y la Presidencia. Entonces sí es un escenario complicado para el Ejecutivo en los siguientes años para poder avanzar con los proyectos que considere necesarios, según su plan de trabajo”, resaltó.
Otro aspecto que destaca de esta legislatura es el rechazo ciudadano, ya que buena parte de las demandas que se han escuchado en las recientes protestas buscan la renuncia de varios parlamentarios.
“Creo que al final hay un nivel de fiscalización en los movimientos sociales que de alguna medida ha generado contrapeso. Lo importante es identificar que existen límites para los gobernantes, y también para los diputados”, explicó Geidy de Mata, directora del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Ipnusac).
Sin rumbo
Parte de los problemas que ha tenido esta legislatura se debe a que no están impulsando una agenda política clara, de país, según los analistas consultados, quienes consideran crucial el papel que debe tener un presidente del Congreso.
Hans Quevedo, analista independiente y docente universitario, sostiene que la actual junta directiva necesita mejorar en el rumbo que le está dando al pleno, para al menos mejorar en el número de leyes aprobadas.
“Considero que un presidente del Congreso que es un diputado nuevo no es lo más recomendable. Debe ser alguien que al menos tenga una legislatura previa, y en el presente caso también nos encontramos con que además de ser un nuevo diputado es de un partido político nuevo. Por lo tanto, no tiene tanta experiencia.
Hay elementos que deberían pensarse; los diputados deberían elegir a alguien con más experiencia”, manifestó.
Aunque el Congreso no es solo un hombre, sino 160, la experiencia política sí es necesaria para ocupar uno de los puestos de la junta directiva, sobre todo si ocupa la silla de la presidencia del organismo. “Es el primer año de una nueva legislatura que sale mal evaluada. A pesar del esfuerzo que vimos de algunos diputados, no es suficiente. Hay una fuerza de más de 80 diputados que no están haciendo un buen trabajo y la sociedad lo percibe. Hay un rechazo muy fuerte, hasta se les pidió su renuncia”, subrayó.
El último período de sesiones del 2020 terminó el pasado 30 de noviembre y la comisión permanente, encabezada por el oficialista Allan Rodríguez, ha convocado a una sesión extraordinaria para mañana, donde el único punto en agenda es la elección de Cortes, pendiente desde octubre del 2019. Lleva más de un año en no se ha cumplido con la orden constitucional.
