La respuesta oficial también incluye una solicitud a Estados Unidos para que reconozca el delito de tráfico de migrantes y se apliquen penas más severas para los coyotes.
“El trágico accidente suscitado en Chiapas es un llamado a que los países endurezcan las penas, especialmente la iniciativa que presenté en Washington, para que Estados Unidos establezca el tráfico de personas como un delito federal que se incluya en el tratado de extradición”, expresó el presidente Alejandro Giammattei la semana pasada.
Sin embargo, esta reacción del Gobierno para contener el problema no es una iniciativa novedosa y en otras ocasiones, siempre después de alguna crisis migratoria, la respuesta gubernamental ha sido la misma: crear más entidades que no responden a las causas estructurales de la migración.
En el 2019, durante el mandato de Jimmy Morales, se firmó un convenio con EE. UU. que permitía que agentes federales ayudaran a mejorar la seguridad de los pasos fronterizos.
Pero aquella iniciativa, aunque estuvo acompañada de publicidad y grandes expectativas, no logró persuadir a la población de migrar al país del norte, y tampoco que los coyotes dejaran de ofrecer la travesía por rutas cada vez más peligrosas.
En junio pasado EE. UU., a través de su fiscal general, Merrick Garland, anunció la creación de fuerzas de tarea contra los traficantes de personas en México y Centroamérica.
Ahora, analistas consultados consideran que anunciar el combate de los coyotes es una acción superficial que no ofrece una respuesta integral al complejo fenómeno migratorio.
En cambio, se siguen generando las condiciones de pobreza e inseguridad que hacen que las personas busquen una oportunidad de vida en otro país y EE. UU. es la opción más rentable, aunque llegar allí, en muchas ocasiones, les cueste la vida.
La moneda de cambio
La reciente tragedia en Chiapas, México, además de poner sobre la mesa las repercusiones de la migración irregular, generó una oportunidad de negociación política para Guatemala, a criterio de Úrsula Roldán, analista de la Universidad Rafael Landívar (URL).
La académica estima que el mayor depredador de las oportunidades de desarrollo en Guatemala es la corrupción, un aspecto que nunca es abordado en los discursos políticos cuando se habla de reducir la migración irregular.
“El problema es más complejo de lo que realmente se está diciendo que se va a combatir. Lo que puede resolver esta situación es ponerle mucha más atención a las causas estructurales, como la corrupción, la impunidad, e invertir en los territorios donde están huyendo las personas, y por supuesto una regularización entre la región y EE. UU., porque es una migración que le aporta a ese país”, puntualizó.
Por los intereses que Estados Unidos tiene sobre el problema migrante, las condiciones generan ventajas a políticos corruptos de Guatemala, opina Roldan, porque pueden negociar impunidad a cambio de acceder a cualquier estrategia o sugerencia estadounidense.
“Todos sabemos que desde el gobierno anterior la agenda migratoria es una moneda de cambio para que EE. UU. cierre los ojos ante toda la estructura de corrupción que hay en los últimos mandatos. No solo no realizan las políticas de investigación, porque una cosa son las estructuras de trata, otra la corrupción dentro de las estructuras del Estado, y otra lo que los migrantes hacen como estrategias para pasar invisibilidades”, agregó.
Priorizar Derechos Humanos
La estrategia para combatir la migración que anunció el canciller Pedro Brolo, aparte de sus cortos alcances, puede tener efectos contraproducentes para los migrantes, destaca José Luis González, sacerdote de la Red Jesuita con Migrantes.
“No solo es que no va a afectar, sí va a afectar, pero de forma negativa. Por ejemplo, la violencia, una de las principales razones por las que huye la población de Centroamérica, depende de una corrupción de autoridades y fuerzas de seguridad que están implicadas con el crimen organizado. Si una vez más se quieren crear cuerpos de seguridad, solo van a fortalecer a estructuras que están ligadas al crimen organizado”, manifestó el religioso.
El Estado tiene que cambiar de estrategia si quiere evitar la migración irregular, porque “todo este tema es de enfocarlo desde el prisma de los derechos humanos y no del delito; la mayoría de los migrantes no comete delitos por atravesar un país sin papeles, eso no es un delito a nivel de derecho internacional, es un problema administrativo”, añadió.
En lo anterior coincide Eduardo Woltke, defensor del Migrante de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), por lo que propone “una acción paralela al combate a la red de tráfico de personas que debe ser sostenible durante un largo período, que ayude a lograr un desarrollo social en cada una de las comunidades, sobre todo en aquellas donde hay mayor número de personas desplazadas, porque es algo que obedece a la situación de país”.
Asimismo, hace ver que migrar no es barato, y contrario a lo que muchos piensan, poner un negocio con los Q75 mil o Q120 mil que cobran los coyotes no es opción, porque muchos viven en áreas con un alto índice de delincuencia y eso los pondría en la mira de los grupos criminales que exigen extorsión.
“La gente adquiere un compromiso y una deuda con el crimen que debe pagar como sea. Son muy pocos los que tienen esos recursos disponibles de entrada, y cuando los tienen es porque renuncian a sus propiedades, juntan dinero entre toda la familia o adquieren préstamos”, finalizó.
