Miguel Itzep, coordinador del movimiento, en una rueda de prensa realizada en la entrada principal al Palacio Legislativo, afirmó: “Queremos hacer llegar el mensaje de que las víctimas no están a favor de que el Congreso apruebe las reformas a la Ley de Reconciliación Nacional”.

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“Hemos dicho reiteradamente esto. La aprobación de la iniciativa provocaría un retroceso a la justicia de Guatemala y quedaría impune las responsabilidades por genocidio y delitos de lesa humanidad que se cometieron en el conflicto armado interno”, afirmó Itzep.

El representante de las víctimas señaló que consideran “grave” que con las reformas a la ley las personas que están en la cárcel condenadas por crímenes cometidos durante el periodo de guerra interna sean liberados en 24 horas.

“Para eso hacemos llegar el mensaje de que si los diputados aprueban la ley, nos quedaría únicamente presentar una demanda penal contra quienes promovieron esta ley y quienes la aprobarían”, aseguró Itzep.

Explicó que además esperarán a que los diputados lleguen a las comunidades para reclamarles, pues seguramente en esta campaña electoral “ellos buscarán los votos del pueblo, cuando ellos están votando contra el pueblo y contra la justicia”.

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El activista también pidió a la comunidad internacional para que llame la atención de los diputados, pues consideran esto “un grave retroceso” para el país.

“Hay diputados que ya no están pensando en el pueblo, más bien están pensando en defenderse ante la justicia y promover leyes a favor de ellos. La denuncia sería contra aquellos que van a aprobar la ley y contra aquellos que la promovieron”, resaltó Itzep.

Lucia Xicoj, quien es parte de la coordinadora, señaló que las acciones legales en contra de la aprobación de las reformas a la Ley de Reconciliación Nacional irán en dos vías.

“La primera fue la constitucional porque la iniciativa es ilegal e inconstitucional, ya se presentó una acción de amparo y la Corte de Constitucionalidad ya pidió un informe circunstanciado al Congreso y le dio 48 horas para que se pronuncie con sus argumentos”, precisó Xicoj.

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Agregó que el argumento principal que se presentó es que los diputados están violentando convenios internacional que se adoptaron a través de ratificar instrumentos internacionales en Guatemala.

“Además, hay reiteradas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que le ha dicho al Estado que no puede otorgar este tipo de amnistías. Los diputados estarían incurriendo en el delito de desobediencia porque las sentencias de la CIDH son ley en nuestro país y deben de cumplirse. En ese sentido ya se ha presentado una denuncia penal en contra de los ponentes de esta iniciativa que está en el Organismo Judicial”, recordó Xicoj.

La representante dijo que las organizaciones de víctimas están dispuestas a presentar más acciones si se llegara a aprobar la iniciativa.

“Las acciones legales son procedentes, lamentamos mucho la insistencia de los diputados en el Congreso de querer aprobarlo a pesar de que saben que no se puede hacer”, acotó la activista quien dijo que no se descartan movilizaciones, pero que se priorizan las acciones legales.

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Iniciativa

Las reformas a la Ley de Reconciliación Nacional, iniciativa 5377, van dirigidas a extender la amnistía a delitos que no fueron incluidos en el texto original, tales como genocidio, desaparición forzada y tortura. Además, de absolver a condenados por estos hechos, aplicando la retroactividad de la ley.

La iniciativa también pretende modificar el artículo 5 de la actual Ley de Reconciliación Nacional para que se declare la amnistía o extinción total de la responsabilidad penal por los delitos que, hasta la entrada en vigencia de esta ley, hubieran cometido en el enfrentamiento armado interno, como autores, cómplices o encubridores.

“Los delitos cuya responsabilidad penal se declara extinguida en este artículo se conceptúan de naturaleza política y la autoridad judicial declarará el sobreseimiento definitivo sin más trámite. Ninguna persona que haya participado en el enfrentamiento armado interno será objeto de medidas de coerción o persecución penal”, propone el nuevo texto.

La reforma también adiciona un nuevo artículo, en el que indica que “toda persona que haya sido juzgada y se encuentre en cumplimiento de condena o se encuentre en proceso penal y se le decretaron medidas de coerción, tales como auto procesamiento, prisión preventiva, medidas sustitutivas de la prisión preventiva, conducción y aprehensión por delitos enmarcados en dicha ley, se le deberá decretar la amnistía y el sobreseimiento en su caso, y ordenarse su libertad por el tribunal correspondiente en el plazo de veinticuatro horas”.

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