Durante la sesión hubo una moción, promovida por García-Rodas, para que el proyecto regrese a la comisión, pero tuvo 27 votos, 74 en contra, y no fue aprobado.
Otra moción, también impulsada por él, planteó que la reforma obtuviera una opinión de la Corte de Constitucionalidad (CC), pero obtuvo 18 votos y 83 en contra, con lo cual quedó improbada.
El legislador enfatizó que, si bien aceptaba que sus propuestas fueron rechazadas, esta reforma merece escrutinio antes de ser aprobada.
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Nineth Montenegro y Raúl Romero, diputados de Encuentro por Guatemala y Fuerza, abogaron por la discusión de la reforma para encontrar la reconciliación nacional, pero demandaron que sea tomando en cuenta el ordenamiento jurídico y de acuerdo con convenios internacionales.
“Yo creo que debemos encontrar los mecanismos de reconciliarnos entre otros, sin confrontación ni polarización”, dijo Montenegro, quien agregó que, no obstante, el artículo 8 de la ley actual precisa que no se puede extinguir de responsabilidad penal los delitos de genocidio, tortura y desaparición forzada, así como los delitos imprescriptibles de conformidad con el derecho interno e internacional.
Romero, por su parte, expuso que se debe buscar la reconciliación nacional porque no se puede seguir viviendo en la polarización. “Demostremos que somos una sociedad que está dispuesta a dejar el pasado y vivir mejor en el presente, y no hagamos negocio del enfrentamiento entre hermanos”, dijo.
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Carlos Chavarría planteó que la reforma riñe con el derecho internacional. “Estaríamos rebasando las competencia del un congreso. No somos los dueños de la historia ni podemos condenar el futuro de este país y las futuras generaciones”, dijo.
Señaló este es un tema de justicia, no de ideología, y quienes demandan justicia merecen recibirla. Además, cuestionó que se está promoviendo una amnistía a través del nombre “reconciliación nacional”, cuando una parte del pueblo está pidiendo lo contrario.
Walter Felix, de URNG, quien apoyó la primera moción de García-Rodas, dijo que le preocupa la forma en que el Congreso está abordando el tema, por lo que planteó la posibilidad de crear una mesa técnica con sectores sociales para que sea discutida.
Manuel Conde, del PAN, secundó la idea de Felix sobre una discusión en torno a una mesa técnica porque la reconciliación de un conflicto de 36 años no se resuelve por decreto. “Las amnistías y leyes de punto final de otras sociedades no dieron los resultados esperados, pero los nuevos modelos de justicia premial, de justicia para la paz, que pasan por procesos de aceptación, de reparación y garantía de no repetición sí han dado resultado”, expresó.
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Rechazo
Los cambios a la ley han despertado rechazo entre ciertos sectores, como defensores de los derechos humanos, la Procuraduría de los Derechos Humanos, víctimas de crímenes de lesa humanidad, Naciones Unidas y del propio Departamento de Estado y algunos congresistas de Estados Unidos.
Michelle Bachelet, alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, dijo el 22 de enero que la reforma sería un retroceso para los avances logrados “para lidiar con el legado de la guerra civil y para prevenir más violencia”.
Para la alta funcionaria, “esto significa una total impunidad para todos los involucrados en violaciones verdaderamente horrendas, incluidos los crímenes de lesa humanidad. Reabrirá viejas heridas y destruirá la confianza de las víctimas en el Estado y sus instituciones”.
Aparte, Roberto Palladino, portavoz adjunto del Departamento de Estado de Estados Unidos, señaló que “los juicios llevados a cabo en Guatemala por delitos relacionados con violaciones de derechos humanos y abusos han devuelto la dignidad a las familias sobrevivientes de las víctimas, inspiraron una mayor confianza en las instituciones estatales y sirvieron de ejemplo positivo para otras naciones que buscan abordar un legado de conflicto”, pero la reforma daría amnistía a los perpetradores de violaciones graves a los derechos humanos.
En el mismo sentido, el 6 de marzo, los congresistas estadounidenses Norma Torres, Eliot L. Engel, James P. McGovern y Albio Sires se expresaron en contra de las intenciones de amnistiar delitos de lesa humanidad.
“Estamos horrorizados por la propuesta del Congreso de Guatemala de otorgar la amnistía para los criminales de guerra. Durante la larga guerra civil, el pueblo guatemalteco, especialmente las comunidades indígenas, sufrieron horrores indescriptibles. Pueblos enteros fueron masacrados, las mujeres fueron secuestradas y forzadas a la esclavitud sexual, y miles fueron desaparecidas y torturadas”, señala el documento.
Aparte, Amnistía Internacional aseguró que la iniciativa amenaza “seriamente” los derechos humanos. La directora para las Américas de esta organización, Erika Guevara-Rosas, dijo que el cambio pone en riesgo los avances de la última década en la investigación y el enjuiciamiento de los responsables de violaciones de derechos humanos aquí.
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