¿Cuál es la situación actual del Congreso?
Es incierta. Hubo un efecto sorpresa, porque quien se pensó que pasaría a la segunda vuelta no lo hizo, y esto ha creado incertidumbre en bancadas mayoritarias que están unidas no por intereses ideológicos o por agenda legislativa. Puede que el próximo año se dé una desbandada y transfuguismo sin precedentes, y eso podría variar la correlación de fuerzas.
¿Cómo ve que la Comisión de Finanzas esté integrada por diputados señalados de corrupción?
Estas bancadas tuvieron mucha presencia y nunca pensaron que podían desgranarse.
Muchos de ellos tienen antejuicios pendientes. Pero aunque ahorita se ve este ambiente, pueden cambiar esos poderes; por ejemplo, habrá dos partidos nuevos, el Frente de Convergencia Nacional y Fuerza. Aunque son pequeños, pueden lograr cambios importantes. Encuentro por Guatemala también tiene más diputados, y puede haber alianzas estratégicas.
¿Y esas alianzas pueden reflejarse en los próximos meses?
Yo le diría que sí. Hay una preocupación porque algunos piensan que el Presupuesto tiene que ver con quién va a ganar, y eso no es así; pero hay preocupación por los pocos ingresos y las asignaciones que se han hecho a carteras importantes.
¿Habrá alguna preocupación porque pueda darse un chantaje al partido ganador de la presidencia?
Sí hay temor, porque el Listado Geográfico de Obras se presta mucho a esta situación de chantaje, porque este listado de obra que se hará en educación y en otros programas es a través de organizaciones no gubernamentales y son los gobernadores departamentales los que manejan Q5 mil millones, de los Q13 mil millones de los fondos destinados.
¿Qué acciones se verán de bancadas, como ustedes, que han fiscalizado?
Pedimos reorientar Q3 mil millones para quitarle dinero a entidades como servicio de funcionamiento, protocolos o que sirven para la existencia de secretarías innecesarias.
¿Podría esta legislatura aprobar las reformas a la Ley Electoral?
Se esperaría que sí. Al menos —en el futuro—, tendríamos número fijo de diputados; ya podríamos hacer censo, los comités cívicos ya podrían plantear candidatos a diputados y terminar con ese monopolio de muchos partidos políticos que solo son vehículos electorales y, además, se fiscalizaría a los partidos políticos y la forma como utilizan su deuda.
¿Qué le faltó a esa reforma?
Quizá más fortaleza para el Tribunal Supremo Electoral. Otro punto es que todavía no se entiende la función de los partidos, y se le debe dar fortaleza para que tengan identidad y fuerza programática.
¿Cómo ve que la reelección de diputados no se eliminará por completo?
Si se regula, nosotros tomamos idénticamente lo que nos mandó el TSE, que es que un diputado puede reelegirse una vez.
Cuando un diputado llega por razones clientelares por estar dando láminas y regalos, se vuelven caudillos de sus pueblos.
Sí preocupa que exista una reelección, pero cuando un diputado trabaja por méritos, sí habrá más problema, porque no habrá diputados que tengan esa presencia y esa oportunidad.
¿Cuáles serán sus prioridades, ahora que Encuentro por Guatemala tiene más diputados?
Por el lado de fiscalización, queremos intermediar en diferentes temáticas con movimientos del tema justicia y seguridad, fiscalizar el Presupuesto para que haya un impacto positivo.
Por el lado de iniciativas de ley, hemos logrado avances sustanciales en la Ley de Contrataciones, para evitar compras por excepción y que no sean determinadas empresas las beneficiadas, y que se promuevan precios justos.
También queremos ver reformas a la Ley del Servicio Civil y la Ley Orgánica del Congreso, porque si entramos el otro año con interpelaciones fuera de lugar que se vuelven un acoso al funcionario y una forma de extorsionar al gobierno de turno, no vamos a avanzar; también buscamos reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública, para hacerla funcional y no dilatoria.
¿Cree que el Congreso va a querer reformar la Ley de Contrataciones?
Esa normativa es importante, talvez más importante que las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, porque a través del mal uso de la Ley de Contrataciones muchos funcionarios han creado empresas y se han hecho millonarios a la sombra del Estado, no solo con construcciones, sino intermediando en temas de bienes y servicios.
Entonces, ahí podríamos controlar y prohibir que el financista de un político pueda ser contratista del Estado.
Calculamos que unos Q25 mil millones se pierden en compra y obtención de servicios sobrevalorados a través de la modalidad de excepción, contrato abierto, compra directa y fideicomisos.
¿Alguna iniciativa para perseguir el enriquecimiento ilícito?
Hemos ido modificando la propuesta, incluso con la Cicig, y ha servido con los casos que hemos visto; pero nosotros proponemos crear una ley de protección de testigos que denuncien hechos de corrupción, porque hay personas que conocen de casos, pero temen denunciar.
