Recurso busca que los Acuerdos de Paz tengan rango constitucional

Un grupo de organizaciones sociales y de abogados presentó el viernes, cuando se conmemoraban los 21 años de la firma de la paz en Guatemala, un recurso “amicus curiae” ­–amigo de la corte– ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para pedir que se respete “el rango constitucional” de los Acuerdos de la Paz.

Los Acuerdos de Paz de Guatemala fueron firmados en diciembre de 1996 tras 36 años de lucha armada (1960-1996). (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
Los Acuerdos de Paz de Guatemala fueron firmados en diciembre de 1996 tras 36 años de lucha armada (1960-1996). (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Después de un análisis y de talleres que realizaron los firmantes de la acción presentada ante el máximo tribunal del país centroamericano, “concluimos que los Acuerdos de la Paz son normas de rango constitucional y que ahora hay que buscar la forma de implementarlos”, comentó el director regional de la Comisión Internacional de Juristas (ICJ), Ramón Cadena Rámila.

Junto a la ICJ, entre los firmantes se encontraba el diputado de izquierda del partido Convergencia, Leocadio Juracán; las tres principales organizaciones campesinas (Codeca, CUC y CCDA), la Fundación Guillermo Toriello, el Sector de Mujeres y el Centro de Investigación Popular, entre otros.

Más allá de hacer un análisis acerca de los “obstáculos para implementar los Acuerdos” que han sido puestos “por el poder político y militar del país”, lo que buscó el grupo era “valorar los Acuerdos” y “avanzar en la interpretación de la Ley Marco que los incorporó al ordenamiento jurídico desde 2005”, mencionó Cadena Rámila.

El grupo busca rescatar el documento “no como compromisos, valores o acciones que el Estado puede llegar a realizar”, sino como “normas coercitivas” y que “el sistema de justicia vaya determinando sanciones que se tengan que sufrir para quienes no cumplan con estos”.

La frustración de la sociedad por el incumplimiento de los Acuerdos de la Paz, motivó a Cadena Rámila y compañía a “analizar el estatus de éstos” y presentar el recurso para “ilustrar” al Constitucional la forma de implementarlos.

La firma de la Paz “Firme y Duradera” y la promoción de los Acuerdos a los que llegó el Gobierno con la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) en 1996 -luego de 36 años de conflicto armado y una loza de 200.000 muertes y 45 mil desaparecidos-, fueron puestos a consideración de la población que votó en contra de su implementación en una consulta popular posterior al fin de la guerra.

Pero Cadena Rámila explicó que con la consulta “quisieron vendernos la idea de que el voto era un acto típico de democracia, cuando no era necesario porque se trataba de un compromiso del Estado, de mayor rango que una reforma constitucional en condiciones normales”.


Firmar la Paz después de una guerra de 36 años, continuó el abogado, “significa más que un referendo o consulta, es la finalización de un conflicto bajo el acuerdo de diversos actores con el apoyo de la comunidad internacional y países amigos, con los que se compromete Guatemala”.

De implementar esta medida, cualquier acción “contradictoria a los Acuerdos de la Paz, de ser aprobada” podría ser objeto de “acciones de inconstitucionalidad”.

Los Acuerdos, recordó Cadena Rámila, fueron legalizados mediante el decreto 52-2005 en agosto de 2005 y pese a que se expresa que los compromisos del Estado deben ser considerados como “deberes constitucionales”, el país “no le ha dado la importancia debida”.

Rescatar los Acuerdos es, para Cadena Rámila, resignificar ese proceso “ejemplar” que mostró Guatemala hacia el mundo 21 años atrás, cuando los comandantes del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), Organización del Pueblo en Armas (Orpa), Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) y Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT), estrecharon las manos de militares y del presidente de turno, Álvaro Arzú Irigoyen.

Despúes de 21 años y de tener claro “un incumplimiento de los Acuerdos”, estos “garantizan” la identidad y derecho de los Pueblos Indígenas por lo que “no sería ni siquiera necesario buscar una reforma para reconocer el derecho indígena, contemplado en el documento original”, concluyó.

Cronología del conflicto

  • 1960: Militares Luis Turcios Lima, Marco Antonio Yon Sosa y Ce?sar Montes se sublevan y tras levantamiento fallido contra el presidente Miguel Ydígoras Fuerites, forman las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), primera guerrilla del pai?s.
  • 1969: Bajo el mando del General Carlos Arana Osorio, las FAR son derrotadas en el oriente y nororiente del país.
  • 1972: Sobrevivientes rebeldes que huyeron hacia México, ingresan por Quiché, para crear el Ejército Guerrillero de los Pobres en la región de Ixcán.
  • 1977: La administración del presidente Jimmy Carter suspende la ayuda militar norteamericana para Guatemala.
  • 1979: Nace el grupo Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas (Orpa) bajo el mando de Rodrigo Asturias, alias Gaspar Illom.
  • 1981: Julio: la guerrilla trabaja para fortalecer el área de dominio en el noroccidente del país y declararlo zona liberada. Noviembre: El Ejército lanza ofensiva sobre guerrilla en Quiché y Huehuetenango, en el mayor éxito militar. Se crean las PAC. 
  • 1982: febrero: FAR, EGP, ORPA y PGT forman la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG. abril: Gobierno de Ríos Montt crea programa contrainsurgente, Seguridad y Desarrollo, que tiene como primera etapa el Plan Fusiles y Frijoles. 
  • 1991: Se inicia el diálogo directo entre el Gobierno y la URNG.
  • 1995: Gobierno se reúne con la comandancia de la URNG y acuerdan firmar la paz en 1996. En marzo, la URNG decreta el cese de fuego.
  • 1996: 29 de diciembre se firma la paz.