Revisan  contratos de 14 usufructos

Convalidar el contrato de usufructo oneroso entre la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) y la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), celebrado en julio del 2012, habría llevado a los directivos a firmar y modificar 14 convenios más, los cuales ahora también son revisados.

Documentos fueron firmados por subinterventor de la Empresa Portuaria Quetzal, autoridades analizan legalidad de contratos. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
Documentos fueron firmados por subinterventor de la Empresa Portuaria Quetzal, autoridades analizan legalidad de contratos. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Los 14 contratos, al igual que el de TCQ, tienen la misma fórmula legal: fueron firmados, en su mayoría, por el entonces subinterventor de la EPQ Julio Rolando Sandoval Cano —imputado por asociación ilícita, cohecho pasivo y fraude—.

Con ese mecanismo se legalizó un proceso irregular, señalado así por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

En el caso de TCQ, se señaló a Otto Pérez Molina y a Roxana Baldetti de haber recibido sobornos.

La mayor parte de los contratos se modificó o firmó cuando Allan Marroquín —prófugo, señalado de asociación ilícita, cohecho pasivo y fraude— era  interventor de la EPQ.

Enrique Godoy, comisionado presidencial de Desarrollo Urbano, Competitividad Local e Infraestructura Crítica, explicó que el Gobierno, en conjunto con la Contraloría General de Cuentas (CGC) y la Procuraduría General de la Nación (PGN), analiza cerca de 25 usufructos.

“Se está determinando si el interventor de la Portuaria Quetzal tenía la potestad de firmar los usufructos”, explicó Godoy en una citación con los congresistas de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

El comisionado recordó que la PGN argumentó en la opinión sobre TCQ que el interventor o subinterventor  no tienen la capacidad de contraer compromisos, porque estaba fuera de sus capacidades legales.

“Tenemos la duda razonable, porque parte de la nulidad del contrato con TCQ se fundamenta en que los contratos los suscribieron los interventores, pese a que no estaban facultados para hacerlo; quiere decir que todos tendrían el mismo problema”, comentó Godoy.

Por una solicitud a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la EPQ,  Prensa Libre tuvo acceso a los contratos de usufructo oneroso y se determinó que son 15 los que se firmaron bajo esa modalidad.

Godoy agregó: “Hay una cosa curiosa, entre el 2012 y el 2013 unos 25 arrendamientos de la EPQ se transformaron en usufructo, justamente en el mismo momento en que se llevó a cabo el contrato con TCQ. Habrá que evaluar si en verdad el interventor tenía la capacidad de firmar y si pudo haber caído en algún problema de corrupción”.

Firma documentos

Orlando Blanco, jefe de la UNE, aseguró que Marroquín afirma que él no firmó el contrato; sin embargo, la procuradora general de la Nación, María Eugenia Villagrán, le recordó que si bien no firmó el convenio, sí suscribió la minuta y le dio instrucciones al subinterventor para suscribirlo.

Aunque Villagrán afirmó durante la citación con la UNE que analizaban denuncias contra los exjefes de la PGN Vladimir Aguilar y Larry Robles, en conferencia de prensa manifestó que no será necesario, porque la denuncia que presentaron busca que se investigue a todos.

“Creo que en la denuncia planteada se abrió la posibilidad de que cualquier persona o funcionario público que tenga responsabilidad sea investigado o llevado a proceso. ¿Para qué vamos a decir solo contra a y b?”, indicó la procuradora a los periodistas.

Nueva denuncia

El contralor general de Cuentas, Carlos Mencos, indicó que presentaron una denuncia de los hechos  en esa institución durante el período de contratación de TCQ. Se podría calificar  que hubo incumplimiento de deberes, pero al final no serán ellos quienes califiquen el delito, expresó.

El funcionario detalló que la  denuncia abarca desde que se desarrolló el proceso de usufructo hasta la fecha, y se fundamenta en que encontraron opiniones internas,  pero unas no son concluyentes aun cuando en los considerandos manifiestan que no hubo colusión para desarrollarse el contrato.

La denuncia se plantearía desde “las cabezas, hasta los que realizaron el proceso de auditoría”, dijo el contralor.

Agregó: “Lo que se va a hacer es amarrar todos los hechos, quiénes estaban a cargo de la institución y quiénes fueron nombrados para realizar las auditorías y los resultados que se obtuvieron. Puede ser por acción o por omisión, y eso lo determinará el Ministerio Público”.

Bufete apoyaría

Villagrán explicó que el Gobierno busca un bufete externo para que lleve el caso penal, por la carga de trabajo que se tiene.

“Un tema tan delicado requiere de los mejores especialistas. Esta semana y la otra me reuniré con diferentes bufetes especialistas, de reconocida honorabilidad y de experiencia comprobada, para que  presenten la demanda, establecer la estrategia y definir las medidas cautelares”, indicó.

La procuradora desconoce el costo que significaría para el Estado la contratación, pero externó que analizarán el tema en conjunto con el presidente Jimmy Morales.

“En los costos hay que tomar en cuenta que Guatemala atraviesa una crisis financiera. Podrán ser los grandes bufetes, pero les voy a pedir  comprensión y  apoyo para el país, porque aquí todos  hemos sido víctimas de estos sobornos y despilfarro”, puntualizó Villagrán.

Se debe revisar

El abogado constitucionalista Alejandro Balsells manifestó que esta situación adolece de un vicio administrativo y muestra una indolencia muy grande por parte de los interventores.

“Eso jamás convalida el otro contrato.  Hay un principio que dice que el error no es fuente de Derecho; no hay que asustarse mucho con estas cosas, pues los usufructos onerosos que se habían otorgado eran un contrato entre partes, no se prestan servicios a terceros”, dijo.

Balsells agregó:  “Es un momento propicio para poder revisar exactamente todas esa figuras pseudo legales que se están usando en la administración pública, y lo único que hacen es forzar las normas y crear márgenes de incertidumbre a toda la contratación, cuestión que no debería pasar”.

Diputados cuestionan

Orlando Blanco, jefe de la UNE, solicitó un análisis a la Procuraduría General de la Nación sobre los contratos que podrían tener conflicto.

“Genera dudas, porque se firmaron cerca de 10 o 15 contratos de usufructo oneroso, lo cual podría haberse tratado de una estrategia”, indicó el congresista.

Agregó: “Obviamente, después de lo ocurrido con TCQ, todo lo actuado por Allan Marroquín como interventor genera dudas, así que es necesario tener más información y que se investiguen los contratos”.

Analizan cada caso

La procuradora General de la Nación, María Eugenia Villagrán, aseguró que analizarán los contratos que se contrajeron con otras instituciones durante el período del interventor Allan Marroquín.

“Vamos a hacer el análisis jurídico, no podemos emitir una opinión si desconocemos a profundidad los contratos”, explicó la funcionaria durante la citación con la UNE.

Villagrán recordó que parte del reclamo con TCQ fue que entre las funciones del interventor no estaba la capacidad de firmar contratos, pues su labor es diferente.

Insiste en la nulidad

El contralor general de Cuentas, Carlos Mencos, aseguró que desde su primera opinión ha sostenido que el contrato es lesivo para el Estado de Guatemala.

“Yo soy de la opinión que existió lesividad y que se debió iniciar el proceso desde el inicio y hoy ratifico que se debe de declarar nulo el contrato”, indicó el contralor.

Mencos, igual que Villagrán, indicó que se deben analizar los contratos de los que el gobierno tiene dudas y sostiene que es necesario efectuar una investigación de todos los procesos para determinar qué ocurrió en esos casos.

Negocios causan dudas

Estos 14 contratos se autorizaron entre el 2012 y el 2015 en la misma modalidad con  que se otorgó el de TCQ.

Zeta gas de Centroamérica, S. A.

  • El 21 de marzo del 2013, el subinterventor Julio Rolando Sandoval Cano firmó el contrato oneroso con Antonio Armenta Moreno, representante de esa empresa. Se  entrega un terreno de siete mil 201.12 metros cuadrados. El documento deviene porque vencía el contrato de arrendamiento.

Las Américas Trading Company, S. A.

  • El 14 de mayo del 2014 se amplió el contrato de usufructo oneroso, el cual se había firmado el 22 de octubre del 2012. Fue autorizado por Julio Rolando Sandoval Cano, subinterventor interino, y lleva la firma de Élmer Ray Pérez Miranda, como representante de la empresa favorecida.

Terminal de Contenedores Quetzal

  • El 11 de julio del 2012 se firma el contrato de usufructo entre Julio Rolando Sandoval Cano y Ángel Pérez-Maura García por un terreno de 348 mil 171.81 metros cuadrados. El contrato es por 25 años y el Estado de Guatemala recibiría US$0.20 por metro cuadrado. Ese contrato ha sido cuestionado.

Agro Exportadora Piedra Parada, S. A.

  • El 28 de agosto del 2014, Julio  Sandoval Cano firma el contrato de usufructo oneroso con Blanca  Castellanos Villagrán, representante de la empresa. Se dieron 103 mil 912.41 metros cuadrados, a razón de US$0.06 por metro.

Maersk Guatemala, S. A.

  • El 18 de junio del 2013, el subinterventor en funciones, Édgar Arturo Zea, firmó el contrato de usufructo oneroso con Karla  Noriega, representante de la empresa, con el que se  le otorgan 16 mil 400 metros cuadrados.

Terminal de Granos del Pacífico, Limitada

  • El 15 de diciembre del 2015, el subgerente  firmó la ampliación del  contrato de usufructo oneroso. A pesar de que el documento original era por 15 años, con la ampliación se llegó a 25.

Empresa Marítima y Terrestre de Servicios, S. A.

  • El 31 de mayo del 2012, el subinterventor Julio Sandoval Cano firmó el contrato de usufructo oneroso con la empresa, luego de que venciera el contrato de arrendamiento que se tenía por cinco años.

Almacenes y Silos

  • El 8 de octubre del 2012, Édgar Arturo Zea Alvarado modifica el contrato con el que se otorgó el usufructo oneroso en marzo de ese mismo año. La empresa deberá pagar por canon mensual US$1 mil 934.85, a razón de US$0.12 por metro cuadrado.

Inversiones en Tecnología y Construcción

  • El 5 de julio del 2013, el subinterventor firma el contrato de usufructo oneroso con Otto René Flores Negreros para  25 años. La empresa recibe dos mil 982.88 metros cuadrados, por lo que debe pagar US$598.58.

Parque Quetzal

  • El 25 de junio del 2015, el subgerente y representante legal de la EPQ, Carlos René Alvarado Fernández, modifica el contrato de usufructo oneroso  vigente desde el 24 de octubre del 2012. La empresa pide que se  le reduzca el terreno otorgado.

McMillan Comunicaciones de Guatemala, S. A.

  • El 14 de enero del 2015, Julio  Sandoval Cano, subinterventor de la portuaria, firma el contrato oneroso  para la prestación de una rampa de revisión intrusiva del programa de seguridad  portuaria.

Fénix Cargo, S. A.

  • El 22 de junio del 2012, el subinterventor Julio  Sandoval Cano modifica el contrato de usufructo oneroso otorgado en el 2011. El documento es firmado por Sandoval Cano y Sergio Iván Prado Cade, con lo que se unifican en el contrato dos terrenos.

Corporación Navahermosa, S. A.

  • El 6 de diciembre del 2012, Julio Sandoval Cano, subinterventor, modifica el contrato otorgado en el 2010 a la empresa, debido a que un espacio que se les otorgó será utilizado para un parqueo de  contenedores.

Aplicación Técnica

  • El 2 de noviembre del 2012, el subinterventor firma el contrato de usufructo oneroso con Pablo Contreras, representante de la empresa. Se le otorgaron nueve mil metros cuadrados por  25 años. Pagarán US$0.20 por metro  cuadrado.

Contenedores y Servicios, S. A.

  • El 20 de diciembre del 2012, Julio Sandoval Cano, subinterventor, junto con Luis Ricardo Quezada, firmaron el contrato de usufructo oneroso por 10 años. A la empresa se le había vencido un contrato de arrendamiento.