Roberto Arzú, director y secretario de capacitación del partido político Podemos, presentó este miércoles 2 de noviembre una apelación luego que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) notificó una advertencia en su contra por realizar “propaganda ilegal de persona individual” en las redes sociales de Facebook y Twitter.

Según el TSE, Arzú ha utilizado estas redes sociales para difundir mensajes de política gubernamental, creando así una línea de trayectoria para fines políticos de cara a las elecciones del 2023.

Añadieron que al constatar la biblioteca de medios de la compañía Meta, encargada de las redes sociales como Facebook e Instagram, se detalla que Arzú ha pagado 39 anuncios entre julio y octubre de este año.

La apelación

Arzú dijo que se presentó al Registro de Ciudadanos para presentar una apelación contra esta advertencia del TSE y señala que esta resolución tiene muchas ilegalidades.

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Señaló que el Registro de Ciudadanos tendrá que elevar la apelación al pleno de magistrados del TSE, en dónde, según Arzú, la advertencia será declarada nula, debido a todas las ilegalidades que, según él, tiene. Calificó la resolución en su contra como ejemplo de una maliciosa intención que existe en este tiempo en Guatemala.

“Fue una resolución hecha el 2 de agosto, hace 2 meses y medio. Se tardaron en notificar dos meses y medio después, eso obviamente es absolutamente falso, porque está -advertencia- la hicieron ahora, pero trataron de amarrarlo con unas advertencias de hace 2 meses y medio” afirmó Arzú a medios de comunicación.

Dijo que esta acción es algo más importante que Roberto Arzú y que la lucha ahora es por la libertad, por la democracia, por los derechos, más a ser electos y que todos los guatemaltecos se puedan elegir y que puedan elegir a sus nuevas autoridades.

Alude fraude

“Hoy ya es el comienzo del fraude electoral, del fraude electoral moderno (…). No es que vamos hacia una dictadura ni hacia una tiranía, ya estamos en ella y el responsable de esto y las órdenes que giraron fueron del presidente Alejandro Giammattei y del muchacho Martínez”-en alusión a Miguel Martínez.

Arzú afirmó que el director del Registro de Ciudadanos, -Ramiro José Muñoz Jordán-habría recibido presiones grandes y aceptó firmar algo que es ilegal y que ahora también tiene implicaciones penales. Aseguró que presentó una querella contra el funcionario por la posible comisión de los delitos de usurpación de atribuciones, asociación ilícita, falsedad material, retardo negligente o malicioso en la administración de justicia y resoluciones contrarias a la Constitución Política de la República de Guatemala.

Refirió que acciones como esta van a terminar de hundir a Guatemala y afirmó que lo que está pasando es a raíz de la corrupción “desmedida obscena” y que no tienen límites.

Señaló de corrupción al presidente Giammattei, a diputados, alcaldes y empresarios que se prestan a eso y tienen privilegios.

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Arzú afirmó que su postura ante la corrupción y otros temas ha generado incomodidad en sectores políticos y empresariales que están en el pacto de corruptos y que quieren seguir en el poder.

Aseguró que ahora estos sectores ya no roban las urnas o las queman, sino que descalificar.

“Vamos a participar, vamos a participar en las próximas elecciones en un cargo de elección nosotros hemos hecho lo que todos los demás están hecho qué es proponer soluciones para Guatemala”, dijo Arzú.

También dijo que la Constitución Política de la República de Guatemala garantiza la Libertad de expresión y que él está haciendo uso de ella. Además, recordó que ninguna otra ley es más que dicha Constitución.

Postura

Respecto a los señalamientos hechos por Arzú, El Gobierno de Guatemala señaló que no tienen injerencia en las resoluciones del TSE.

“El gobierno de Guatemala reitera que el Organismo Ejecutivo es ajeno a las resoluciones emitidas por el Tribunal Supremo Electoral como ente autónomo.  El presidente Alejandro Giammattei es respetuoso de la institucionalidad del Estado, por lo que de ninguna manera interviene en procesos ajenos a los establecidos en su mandato constitucional”, señala un comunicado.