Presupuesto necesita créditos por Q15 mil millones

¿Por qué se incrementa el gasto público?

Martínez: Hay varias líneas estratégicas prioritarias, como el fortalecimiento al sector justicia y seguridad para acercar los servicios a la población, y el combate frontal de la corrupción.

Además, se está priorizando el tema de salud y seguridad alimentaria. Otro eje es la reactivación económica.

El presidente Morales presenta un gasto mayor luego de que el año pasado se opuso, tras haber sido electo.

Martínez: No es un presupuesto del Ejecutivo, sino del país. Estamos claros de que el país tiene fuertes desafíos y una parte para enfrentar esos desafíos están reflejada en este proyecto.

Desde el Legislativo y la oposición, ¿cuál es la lectura?

Barreda: Es un monto muy elevado, de Q9 mil millones más respecto del 2016, cuando la ejecución de gasto es de 57%, una de las más bajas. El promedio de ejecución de gobiernos anteriores a esta época era superior.

¿Dónde está la baja ejecución?

Barreda: En los ministerios de Salud, Desarrollo, Comunicaciones, Economía, Agricultura y Cultura y Deportes, y en las secretarías.

¿Son realistas las cifras?

Barreda: El presupuesto debería crecer en la proporción que los ingresos.

Cuando el gasto crece más que los ingresos, lo que hace es que se aumenta la deuda pública, y eso es lo que estamos observando.

Se proyecta que los ingresos van a crecer alrededor de 8%, mientras el presupuesto, 12%.

Además, estamos pasando de un 1.6% de déficit fiscal a 2.2%, lo que quiere decir que se aumentará la escala de deuda.

El pronóstico de los ingresos tributarios se está anclando al incremento de la recaudación en medidas administrativas, judiciales o de intervención que no son sostenibles, cuando hay expectativas de un menor crecimiento económico a escala mundial, y las importaciones y exportaciones están disminuyendo.

El jefe de la SAT cometió un gran error al haber declarado como información reservada el plan de fiscalización, y no podemos evaluar si van a recaudar Q4 mil millones.

¿Qué podría ocurrir?

Barreda: Lo que vemos es que el Congreso, cuando entre en la discusión, tenderá a disminuir el monto del presupuesto y seguramente va a incluir algunas normas de transparencia.

Martínez: Creo que es saludable, es parte del sistema democrático y de la división de poderes que se den estas discusiones. Al final de cuentas, estamos hablando de país. Es un momento favorable para un segundo año de gobierno donde no tenemos banderas políticas, sino una agenda común para dar atención al país.

¿El Congreso tendría algún lineamiento para disminuir el techo?

Barreda: Nos preocupa la tasa de endeudamiento, que se plantea en Q15 mil millones por la vía de bonos, que son más caros —por el pago de intereses—, cuando sabemos que los préstamos son más bajos.

Además, hay Q1 mil 800 millones para el Ministerio de Comunicaciones que el Gobierno marca como una gran prioridad y que genera una gran interrogante, ya que se están incluyendo algunos préstamos para carreteras.

En algunos de esos proyectos están suspendidos los pagos por situaciones de corrupción, como es el caso de Oderbrecht de Brasil; es decir, el Banco de Brasil ha suspendido los desembolsos para esa carretera y entiendo que va incluido ese monto de unos Q500 millones o Q600 millones, y de igual forma, el tema de Sigma y el Banco Centroamericano de Integración Económica, donde también están suspendidos los desembolsos.

Martínez: Los préstamos son obligaciones internacionales, y Finanzas no puede dejar de atenderlos.

¿Cómo impactaría si se da esa disminución?

Martínez: Hay que verlo caso por caso e involucrar a cada sector de la sociedad, porque el presupuesto es inclusivo y no se puede plantear algo sin evaluar las repercusiones.

¿Podría resolverse?

Barreda: Lo que estamos planteando son los problemas de corrupción.

Se está planteando espacio presupuestario a obras de infraestructura donde hay una trascendencia judicial y que no veo que exista un desafío técnico o legal, sino de corrupción.

Entonces, se está dejando un espacio presupuestario que no se va a utilizar y hay un problema de corrupción.

La cifra coincide con un bolsón que aprobaron los partidos Patriota y Líder, que ahora se está investigando y son temas que hay que analizar.

Martínez: Los préstamos son una obligación legal que establece el Congreso, pero en el Ejecutivo no se puede dejar de atenderlas.

Entendemos, y también aplaudimos, que se hagan todas las investigaciones y cada uno de los requerimientos, y estamos seguros de que esa discusión debe llevarse desde el seno del Congreso a la Comisión de Finanzas.

¿El flujo de ingresos responde a la realidad?

Martínez: Nosotros nos propusimos formular los ingresos en una proyección media, y la SAT tiene nuevas herramientas de control para incrementarlos.

El país está cambiando, y aunque duela, se cumple la Ley, lo que va a repercutir en una mejor recaudación por las intervenciones judiciales.

Para el otro año el crecimiento económico va a fomentar más ingresos.

Barreda: Hay que diferenciar una recaudación sin contar con los procesos de intervención por adeudos tributarios, y cuando se ven los números de las aduanas, no están bien. Como las empresas están liquidando e ingresan, existe una distorsión en el cobro, sobre todo del ISR.

La recaudación no está caminando bien por el contexto económico internacional, sino por la desaceleración de la producción.

Yo creo que es aventurado el incremento de Q4 mil millones de recaudación para el siguiente año. Yo lo revisaría con lupa.

¿Qué mecanismos de transparencia se tienen?

Martínez: En fiscalización se está agregando un capítulo adicional de transparencia; se busca un cambio en el modelo de gestión, se están generando las líneas para poder evaluar la calidad de los servicios y poder impulsar un cambio en las metodologías de evaluación.

Una prioridad será el censo de población, porque se hacen políticas públicas sin contar con datos actualizados.

Barreda: En temas de transparencia se tendrán que tomar algunas normas en cuanto a los gastos superfluos en telefonía, viajes al exterior y combustibles, y plantear que se recupere el sistema de una tarjeta para monitorear el gasto en combustible, control que antes existió en la PNC.

No le podemos dar Q800 millones más al Ministerio de Gobernación sin una estrategia de transparencia en la PNC, porque no se han desmontado las estructuras de saqueo del Estado en talleres, compra de llantas, combustibles y autopatrullas; tampoco con un Sistema Penitenciario como está. Creo que esa asignación hay que revisarla a fondo.

El Organismo Judicial y la Universidad de San Carlos de Guatemala deben ingresar en los sistemas de controles de contabilidad y Guatenóminas.

Un compromiso del Congreso y de la Comisión de Finanzas es que no vamos a tocar el Listado Geográfico de Obras, y que alcaldes o diputados que quieran cambios que ya ni lleguen, porque no se va a modificar.

¿Cómo se controlarán las plazas fantasma?

Martínez: Es entendible, y hay una lucha frontal en la mejora de la calidad del gasto y la productividad del recurso humano, y parte de las estrategias que se están llevando a cabo es el censo de empleados.

Es necesario que se retome en el Congreso la Ley del Servicio Civil.

Barreda: La norma de que no se puede firmar un pacto colectivo sin dictamen de la Dirección Técnica del Presupuesto (DTP) tiene que estar otra vez; si no, van a firmarlos sin dictamen. Además, hay que normar el renglón 029 de contratación de personal; pero como le jugaron la vuelta, ahora hay que normar también el renglón 189.

¿Qué otros controles discutirán?

Barreda: Se va a reformar la asignación a los Consejos de Desarrollo, porque hay saqueo.

La propuesta es sacar al gobernador de la ejecución de fondos y especialmente del pago con cheques. No puedo creer que todavía el gobernador pague con cheque, porque ahí está la corrupción.

Martínez: Hay coincidencias, y eso es favorable. En términos de consejos, hemos planteado, inclusive, crear un código de georreferencia y la obligatoriedad de que las empresas tengan que comprar un IP público y colocar una cámara donde se pueda verificar la trazabilidad y el avance en el mínimo de un mes.

En el tema de exenciones y cambios fiscales, ¿qué se hará?

Barreda: Creo que hay que revisar todas las exenciones a asociaciones y fundaciones, y hay miles de iglesias que están ahí, hay lavado en las iglesias y no hay ningún control. Eso se debe fiscalizar también.