La falta de esos ingresos causó que el aparato estatal enfrentara su peor crisis financiera, y que puso en riesgo su funcionamiento y que se llegara al borde de un colapso el año pasado.
La situación podría repetirse para el 2016 con la asunción de un nuevo gobierno.
Subsidios
En el 2015 el monto de las exenciones alcanzó Q10 mil 825 millones, según el informe de la SAT.
Esa cantidad representa el 2.6 por ciento del producto interno bruto.
Están exentos del pago de impuestos las iglesias, universidades, centros educativos, empresas registradas en regímenes especiales, el Seguro Social, Comité Olímpico Guatemalteco y la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala.
Esa cantidad pudo haber financiado el gasto del Ministerio de Educación —incluido el incremento al salario del 12 por ciento a los maestros—, que a noviembre tuvo una erogación de Q10 mil 814 millones.
Mario Figueroa, intendente de recaudación en funciones, explicó que el monto de las exenciones es “mucho”, a pesar de los esfuerzos para promover actividades económicas.
“El país necesita de la colaboración de todos para que aporten, así como hacer una revisión de esos beneficios para conocer si han logrado esos objetivos”, subrayó.
Beneficiados
Estas exoneraciones son constitucionales y representan Q1 mil 892.47 millones; es decir, el 17 por ciento del universo.
El informe detalla que entre los principales exentos del pago de impuestos están las personas individuales, por Q3 mil 81.8 millones; empresas mercantiles, por Q1 mil 335.5 millones.
Empresas beneficiadas por la Ley de Fomento a la Actividad Exportadora y de Maquila, por Q1 mil 113 millones.
Además, las actividades de intermediación financiera, por Q1 mil 126.93 millones. Las iglesias reportaron exoneraciones por Q84 millones.
“Son recursos que no ingresaron en la caja fiscal para financiar el presupuesto, y es un costo de oportunidad que el Estado concede a las empresas y contribuyentes”, refiere el informe de la SAT.
En este caso, los contribuyentes hacen uso de lo que establecen las normativas, porque están en derecho.
En la evaluación del Fondo Monetario Internacional (FMI) en septiembre último, una de las recomendaciones es la revisión de las exenciones por parte del Congreso.
Flagelo
La evasión del impuesto al valor agregado (IVA) en el ejercicio pasado se calcula en Q9 mil 700 millones. Con la fuga de esos recursos se pudieron haber financiado los gastos de los ministerios de Salud y de Gobernación,
que a noviembre último reportaron una erogación de Q4 mil 917 millones y Q3 mil 553 millones, respectivamente.
La fuga de impuestos podría ser mayor, ya que el órgano recaudador no posee una evaluación —incumplimiento— del impuesto sobre la renta (ISR).
Hugo Roldán, gerente de planificación de la SAT, indicó que la evasiva de tributos “es más alta con lo detectado en IVA”.
En el reporte se incluyen Q4 mil 911.70 millones, que será el monto de la brecha fiscal del 2015.
Dorval Carías, ministro de Finanzas, expuso que las exenciones causan problemas de equidad, y ante un sistema de control débil puede abusarse de ellas por parte de los contribuyentes.
Agregó que las nuevas autoridades deberán de estudiar el impacto de las exenciones en los objetivos para los que fueron implementadas.
Impacto: Aumentar controles
Aunque existen normas constitucionales que otorgan exenciones y es difícil su cambio, en el caso de las leyes ordinarias que establecen los beneficios se pueden revisar para evaluar su impacto, consideró el consultor fiscal Juan Carlos Paredes.
“El impacto de los beneficios es mínimo en comparación con los montos del presupuesto que se pierden por corrupción y la falta de eficiencia y eficacia en la ejecución del gasto”, dijo.
Agregó que se deben concentrar los esfuerzos en la calidad del gasto.
