En septiembre del 2015, pocos días antes de ir a las urnas, los guatemaltecos miraban atónitos cómo el entonces presidente se sometía a los tribunales de justicia debido a una acusación por supuestos actos de corrupción, y la cual aún se dirime en el sistema judicial. Elegir, poco más de un mes después, entre una opción que prometía no ser parte de los grupos de corruptos y ladrones que han desfilado por la administración pública o elegir a la antigua forma de hacer política con la promesa populista de ayuda social para los más necesitados no resultaba difícil tomando en cuenta el mal sabor de boca que los antecesores han dejado.

Tras un acuerdo logrado con la Dirección General de la Policía Nacional Civil, la empresa garantizará la emisión de estos documentos.

Al no tener un plan de gobierno claro era improbable que se lograra una óptima priorización de los recursos disponibles. Ni siquiera hubo capacidad para esbozar una reforma tributaria que sustituyera el adefesio dejado por el gobierno del partido Patriota, el cual a la luz de los hechos tenía como único fin compensar y así disfrazar las operaciones de mafias aduaneras. El nuevo gobierno, que asume en 22 días, debería tener más claro de dónde deberían venir los recursos para el funcionamiento del aparato público y actuar en consecuencia.

A lo largo de tres décadas y media de democracia, las conductas ególatras, adictas al protagonismo y a los efectos electoreros han causado un terrible rezago en el desarrollo nacional, en todos los sentidos. Se anula la visión de largo plazo o únicamente se le invoca como recurso lírico, mas no como una convicción de compromiso con la historia. A esto se debe, por ejemplo, la costumbre de convocar a la “inauguración” de trabajos en proyectos que a menudo quedan varados, ya sea por falta de fondos, cambio de administración o problemas de opacidad, lo cual poco les importa porque al fin de cuentas solo se busca la propaganda.