Un reporte del Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental (Sicoin) mostraba que, hasta este 29 de diciembre, Conamigua había ejecutado el 31.7% de su presupuesto vigente, que es de Q34.2 millones.
Este porcentaje equivale a un gasto total en el año de Q10 millones 874 mil. De estos, Q6 millones 532 mil (el 60%) se utilizaron para el pago de distintas remuneraciones a personal permanente y temporal.
Otros de los principales renglones presupuestarios en los que Conamigua gastó el poco presupuesto que ejecutó fueron: sentencias judiciales, Q610 mil; alimentos para personas, Q557 mil; arrendamiento de edificios y locales, Q500 mil; gastos de representación en el interior, Q277 mil; y compra de equipo de cómputo, Q212 mil.
Además, en prestaciones laborales se erogaron otros Q277 mil y se gastaron Q252 mil para el pago del servicio de energía eléctrica y de teléfono. Estos siete rubros representan otro 25% del total del presupuesto ejecutado.
Cabe destacar que el renglón de sentencias judiciales tiene que ver con demandas laborales que extrabajadores han puesto en contra de Conamigua. A mediados de año, acumulaba 16 de estas, que estaban pendientes de resolución.
Buen desempeño
Pero el secretario ejecutivo de la institución, Raúl Berríos, considera que la cifra del 31.7% de ejecución es alta, y dice que si bajó en relación con el año pasado obedece a que en 2020 hubo estados de excepción que posibilitaron que el gasto se agilizara el año pasado.
Asimismo, indicó que otro de los problemas que enfrentaron fue la reprogramación del plan operativo anual (POA) ya que las anteriores autoridades lo habían dejado planteado solo para la atención de deportados que ingresaban vía aérea y no para quienes lo hicieran vía terrestre.
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“La ejecución de 31.7% es la mayor que ha tenido Conamigua, sin tomar en cuenta el covid-19 y que hubo —se implementó—una ley de excepción”, dijo Berríos, quien destacó que el manejo de los recursos este año ha sido transparente.
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Según el Sicoin, en efecto, el porcentaje de ejecución de este año es superior al que se llegó en los años 2017 (12.2%) y 2018 (23%), pero es prácticamente igual al de 2016 (31.1%) e inferior al de 2015 (61.6%).
Del 2015 al 2020, se le asignaron a esta institución Q154 millones de los cuales ejecutó Q46.9 millones. Para el próximo año, el Congreso aprobó Q12 millones más a la entidad, es decir su presupuesto subirá a Q46 millones 823 mil.
Berríos expuso que este año ha habido “avances significativos” porque ahora se le da alimentación a los retornados que ingresan por la Fuerza Aérea Guatemalteca y se han abierto 17 sedes de Conamigua, lo cual es “histórico” porque están por cubrir todo el país.
Aseguró que el próximo año también brindarán transporte a los deportados hasta las cabeceras departamentales de sus comunidades de origen, no solo a los que ingresen vía aérea, sino a los que vengan por tierra, retornados desde México. También se les dará kits de higiene y alimentación y atención legal y psicosocial.
También dijo que se mejorará la ejecución presupuestaria “con la buena voluntad política del consejo nacional y si me autorizan mi POA y mi presupuesto”.
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El consejo nacional de Conamigua es el ente que aprueba todo el actuar de la institución. Está presidido por el canciller, el secretario General de Planificación de la Presidencia, los viceministros de Economía y Trabajo, el gerente del Banco de Guatemala y un diputado del Congreso de la República.
Eternos problemas
La historia del deficiente desepeño de Conamigua se escucha todos los años, sin que las autoridades que han pasado por su dirección, el consejo nacional o el Congreso promuevan cambios a su legislación para lograr que sea una institución eficiente.
Aunque por ley recibe una asignación presupuestaria anual, no puede ejecutar los recursos si el consejo nacional no aprueba su presupuesto. Además, tampoco puede hacerlo en el extranjero, lo cual imposibilita que haga una labor en favor de los migrantes en México y EE. UU.
El consultor migratorio Fernando Castro lamentó que “no existan avances en las gestiones de Conamigua, ya que su labor sería de gran importancia para los migrantes”.
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Señaló que la institución carece de planes de atención al guatemalteco que es retornado y tampoco tiene programas de la divulgación de los derechos que tienen los migrantes una vez que salen del país, lo que se traduce muchas veces en la violación de sus derechos. “No se trata solo de abrir oficinas, sino de crear programas de apoyo a los migrantes y sus familias”, apuntó.
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Al hablar del largo historial de gestiones fallidas que tiene la institución, el analista refirió que se ha puesto al frente de la institución a personas que no tienen conocimiento del fenómeno migratorio y se han nombrado por compromisos políticos.
Eso ha convertido a Conamigua “en una agencia de contratación” en donde quienes llegan, no tienen una visión integral de cómo abordar el tema migratorio y no llevan propuestas de planes de desarrollo, capacitación y dignificación de los migrantes, subrayó.
Además, llamó a los diputados de la Comisión del Migrante del Congreso a citar por lo menos cada tres meses a los funcionarios responsables del funcionamiento de la institución, para verificar el avance de programas en beneficio de esa población y sus familias.
Fiscalización
En ese sentido, el diputado Walter Félix, integrante de la referida Comisión, expuso que ya solicitaron, pero no han recibido, un informe a Conamigua sobre cómo avanza la ejecución, pero que “evidentemente un 31% es algo muy bajo, si tomamos en cuenta las necesidades de atención que hay para los hermanos migrantes y sus familias”.
Dijo conocer que la actual administración heredó problemas de planificación de las anteriores autoridades, pero que “eso no justifica” el pobre desempeño presupuestario.
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Félix mencionó que han encontrado “mucha comprensión y receptividad” de las nuevas autoridades y que este año han hecho algunas acciones positivas que “nos han parecido bien”; no obstante, lamentó que Conamigua, como otras instituciones que tienen relación con temas sociales, haya ejecutado poco, ya que “cuenta con presupuesto y recursos”.
Por esa razón, en la Comisión se analizan cambios a la ley que permitan que Conamigua tenga una unidad ejecutora para que pueda gastar de una manera más ágil sus fondos, ya que al pasar estos por Cancillería “se genera más burocracia y dificultades”.
El legislador indicó que el trabajo de Conamigua no se debe limitar a la atención de los migrantes al momento en que son retornados, sino que parte de sus funciones es hacer que estos puedan reintegrarse a la vida económica y que encuentren oportunidades de vida que les permitan desarrollarse en el país.
Al respecto, Berríos indicó que trabajan por las familias. Por ejemplo, la de los migrantes que fueron masacrados en Tamaulipas, México, a inicios de año, cuyos familiares, aseguró, han sido incluidos en programas de apoyo de los ministerios de Agricultura y de Trabajo.
Walter Batres, presidente de la Red Migrante Guatemalteca, señaló que “no hay ningún porcentaje del presupuesto de Conamigua destinado a las necesidades de los migrantes”.
“Eso es un incumplimiento de la ley porque Conamigua fue creada para dar apoyo y atención y es lo que menos hacen quienes dirigen la institución”, remarcó el líder migrante.
“Conamigua se debe al migrante”, destacó Batres, quien a la vez criticó que la entidad no da participación a las organizaciones de migrantes, y como muestra de ello dijo que no cumple con el mínimo de dos reuniones que debe efectuar con el liderazgo migrante en el exterior.