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Pero las valoraciones primarias de empresarios y políticos apuntan que las obras incluidas no están blindadas, legalmente, para evitar que se repita otra “mega obra” como la del libramiento de Chimaltenango, que fue inaugurada y respaldada por el expresidente Jimmy Morales.
El título IX de la ley del presupuesto, destinada a la reactivación económica y social, prioriza Q1, 530 millones; de los cuales Q530 millones son para la construcción del Anillo Regional C – 50, la Ruta Express Metropolitana, el Puente Belice II y el Muelle del Puerto Arenal, pero en el artículo 89 no aparece el detalle de cuánto ocupará cada proyecto.
Los Q1 mil millones restantes deben de servir para las obras de reconstrucción a causa de los estragos que dejó el fenómeno natural Eta, pero no se explica quién va a manejar los recursos, la norma únicamente dice que se asignará a “las entidades que se determinen como responsables”.
En el artículo 120 se colocó un candado al Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (Micivi), para que no olvide continuar con el mejoramiento carretero “RD – QUE – 16”, del departamento de Quetzaltenango. Para esta obra no aparece un monto estimado ni se conoce el avance que ha tenido.
Mientras que el articulo 122 contempla una asignación de Q222 millones para iniciar los trabajos de construcción y mejoramiento de la carretera CA – 9 Sur, del kilómetro 60.9 al 102.1 del Puerto Quetzal, San José, Escuintla.
Faltan reglas
Durante las últimas semanas la instancia de Jefes de Bloque del Legislativo ha acordado incluir en las propuestas de agenda, la ley de infraestructura vial, una normativa que está pendiente de su última fase de debate parlamentario.
La misma vendría a crear un marco legal, que permita garantías en contratos y construcción de proyectos de infraestructura, pero las obras que diputados incluyeron en el presupuesto carecen de las garantías mínimas de transparencia, a criterio de expertos.
“Creo que los proyectos en general son correctos, lo que nosotros creemos que no funciona es el sistema. Lastimosamente lo que sabemos es que el sistema que tenemos de infraestructura, principalmente vial, no fomenta las buenas prácticas en cuanto a la planeación de los propios proyectos, la ejecución de los mismos; tenemos varios ejemplos, uno de ellos el libramiento de Chimaltenango. Si nos preocupa bastante el mecanismo de ejecución que se vaya a utilizar”, señaló Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa).
El empresario añadió que hasta para el proceso de planificación es necesaria la ley de infraestructura vial, para tener estrategia en cada obra, “tenemos un sistema que no invierte, que no genera una transparencia al momento de licitar las bases, uno se puede preguntar ¿Esos proyectos con que base se priorizaron? Aquí no hay un plan nacional de infraestructura vial y eso es uno de los primeros temas que si obliga la ley”.
Desconfían de proyectos
A lo interno del Congreso algunas bancadas ya accionaron legalmente contra el presupuesto, entre algunas de las inquietudes que destacan es el proyecto contenido el artículo 120, ya que no identifican un motivo sólido como para incluir la obra hasta con los números de procesos administrativos.
“Yo nunca había visto un artículo redactado así en un presupuesto, mira quiero esto y para que no me lo quiten hasta ponele el número de NIT, si no, pongamos el número de NIT a todo esto (los demás proyectos), ponerlo como una norma presupuestaria es una mañosería, se tomaron la molestia de hasta poner el tramo para que no halla duda, habrá que ver a cuánto asciende ese tramo, Q6 o Q7 millones por kilómetro tal vez, solo para tener idea”, criticó Orlando Blanco, diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
Para el congresista Luis Fernando Pineda, de Movimiento Semilla e integrante de la Comisión de Comunicaciones, los recursos que fueron orientados para la construcción de carreteras tuvieron que ser redireccionados para programas sociales.
“Nosotros hemos cuestionado desde un inicio el tema de reactivación económica que tanto ha mencionado el presidente de la república, y que se enfocará en las mega obras en cuanto a la infraestructura vial, nos surge la pregunta ¿Reactivación económica para quién? Si en este caso pasamos por la pandemia del Covid – 19, una de las crisis económicas y sanitarias más agudas y sin precedentes en el país”, comentó.
Micivi promete garantías
A criterio de Pineda otros de los temas que impiden tener una confianza en la asignación de esos recursos son los acontecimientos recientes, que tienen una relación directa con el Micivi.
La confusión de los Q135 millones así como la incautación de Q122 millones en una residencia de Antigua Guatemala, que según las investigaciones del Ministerio Público (MP) tienen relación con José Luis Benito, extitular de dicha cartera.
Por esos comentarios se buscó la postura del ministerio por medio de su equipo de comunicación social, quienes respondieron que para garantizar la calidad y transparencia en las obras que le han sido confiadas para el 2021, la entidad estará haciendo una invitación a varios sectores afines a la construcción, esto con el fin de poder establecer precios de preferencia y evitar la sobrevaloración, según destaca la entidad esta mecánica no se ha hecho en los últimos 10 años.
