Lo anterior motivó a diversos sectores a exigir al presidente Alejandro Giammattei que vete el decreto. Sin embargo, lejos de enmendar la plana, el mandatario dijo que la reforma tiene una visión “municipalista” que permitirá continuar con proyectos de infraestructura.
“El objeto de este decreto es permitir la continuidad de procesos y proyectos que ya llevan un porcentaje de avance. El Gobierno de Guatemala, por instrucción del presidente Alejandro Giammattei, ha trabajado bajo una visión municipalista y de fortalecimiento del poder local, como mecanismo para fortalecer el Estado”, respondió la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia.
Estos son los riesgos detrás del proyecto que expertos y tanques de pensamiento ven luego de su entrada en vigor.
Hay riesgo de que se retrasen obras y malversen fondos
Ricardo Barrientos, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), explica que suprimir la norma que obliga a los consejos departamentales de reintegrar al fondo común los saldos presupuestos de las obras no ejecutadas en ejercicios fiscales anteriores supone un riesgo de malversación de fondos y se corre el peligro de que se retrasen intencionalmente los proyectos.
“En el pasado ocurrió una práctica de que se malversaban recursos. Se les daba un destino distinto para el cual fueron aprobados. Una autoridad, que puede ser el ministro, alcalde, gobernador tomaba el dinero y lo invertía en un banco para generar intereses. Entonces se detectó que intencionalmente en los CODEDES se retrasaba la ejecución e las obras, aún teniendo el dinero”, explicó Barrientos.
Por esta razón, se incluyó en la Ley Orgánica del Presupuesto una norma contenida en el artículo 38, que ordena que los saldos de efectivo que permanezcan en las cajas de las dependencias del Estado al 31 de diciembre de cada año y que no correspondieran a obligaciones pendientes de pago esa fecha, deben ser reintegrados al fondo común.
Hay falta de planificación
Irene Flores, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), comenta que la aprobación de este decreto evidencia que hay una planificación deficiente del gasto público y esto puede tener como consecuencia que los recursos no se inviertan en las necesidades más sentidas de la población.
“Hay una mala planificación multianual de los proyectos. No se planifican sino se ejecutan obras derivado de coyunturas políticas del momento, sobre todo a nivel local. Los gobiernos locales presentan una muy mala gestión y prueba de ello es que solo entre el 30 y 35 por ciento del presupuesto está vinculado con resultados estratégicos”, dijo Flores.
Asimismo, enfatiza que estas reformas al presupuesto son peligrosas, puesto que contravienen principios generales que ya están plasmados en la Ley Orgánica del Presupuesto, como el artículo 38 que se mencionó anteriormente.
“Hay una tendencia que se ha dado recientemente de querer modificar leyes de carácter transversal y de aplicación general como Ley Orgánica del Presupuesto a través de decretos específicos. Entonces, ese decreto recién aprobado lo que hace es contravenir principios que costó que quedaran plasmados en la ley. Se ha ido avanzando en la incorporación de estándares internacionales, pero estos decretos afectan”, dijo Flores.
Se debilita la lucha contra la desnutrición
Este año se han reportado 9 mil 422 casos de desnutrición aguda y nueve niños han muerto por causas vinculadas a este flagelo. Aunque las cifras son menores a las reportadas el año pasado, el problema está lejos de resolverse.
Pese a ello, el nuevo decreto autoriza a los Consejos Departamentales de Desarrollo utilizar los Q290 millones destinados inicialmente a la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición para financiar proyectos de infraestructura que podrían estar plagadas de anomalías o actos de corrupción, advirtieron analistas.
“Cuando se habla de políticas pública El mermar, reducir recursos o desviarlos implica que no hay una visión estratégica. El hambre y la desnutrición a nivel mundial es una de las grandes prioridades. En el caso de Guatemala, es un tema muy sensible. Su producción agrícola ha visto muy afectada por los cambios climáticos. Se corre el riesgo de usar discrecionalmente estos recursos y se aparta de una visión estratégica, la cual es fundamental para países en vías de desarrollo, explicó Geidy de Matta, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac).
Propuesta oficialista
La iniciativa de ley que reformó el presupuesto del presente ejercicio fiscal fue presentada por la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, y Cándido Lea, presidente de la Comisión de Finanzas y contó con el apoyo de bancadas aliadas.
Esta propuesta fue dictaminada favorablemente por la sala de trabajo días después de que el presidente Alejandro Giammattei fuera ovacionado por alcaldes en una reunión con la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) en la que ofreció apoyo y recursos a quienes lo respaldaran hasta el último día de su administración.
La oposición criticó la iniciativa aduciendo que existe una intención de dirigir los fondos a campaña política a favor del oficialismo, al igual que como sucedió con la aprobación de Q3.2 mil millones para el Ministerio de Comunicaciones. De igual forma, tanques de pensamiento se pronunciaron aduciendo que no habían garantías de transparencia y hay alto peligro de corrupción.
