La petición del TSE se da en el marco de una nueva seria de allanamiento de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), que busca apoderarse de las actas 4 y 8, que contienen los resultados de las votaciones en primera y segunda vuelta.
La orden de allanamiento fue autorizada por Freddy Orellana, juez séptimo penal, quien también ordenó los allanamientos al Centro de Operaciones del Proceso Electoral (COPE).
La orden de allanamiento amplia que si no se encuentra el documento original de las actas solicitadas, el TSE tiene un plazo de 48 para entregarlas en la sede de la Feci.
El allanamiento fue calificado como una “serie de ataques” de parte del Ministerio Público (MP), que hace dos días pidió el retiro de la inmunidad de los magistrados por otro caso bajo investigación.
Este allanamiento es en continuidad a las acciones judiciales que se protagonizaron en el COPE, que dejó la apertura de 75 cajas electorales.
El número causa de esta nueva orden de allanamiento es la misma que contiene la carpeta del caso contra Movimiento Semilla, que le costó un proceso de suspensión al partido que actualmente se encuentra detenido.
Actualmente, el TSE ha sido blanco de cuatro allanamientos. El primero fue en la sede del Registro de Ciudadanos, la segunda en el área de Recursos Humnos, la tercera en el COPE t ahora en la sede central del TSE.
Este allanamiento generó alerta entre las Juntas Electorales Departamentales, quienes identifica algunos riesgos en caso de que se llegue a perder la custodia de las actas.
ALTERAR EL PROCESO
Las Juntas Electorales Departamentales (JED) se encargaron de elaborar el acta 8, que sirvió para la oficialización de los resultados.
Estos documentos contienen “los datos oficiales”, pero las acciones del MP pueden significar un riesgo para el proceso electoral, según sus valoraciones.
“La confianza que nuestro sistema de votaciones ha tenido se pone en desconfianza, y la democracia misma se pone en desconfianza”, señaló Álvaro Bravo, presidente de la JED de Guatemala.
Estas acciones para Bravo son “penosas”, debido a que todo el personal voluntario respetó las directrices y la legislación al momento de trabajar.
“El trabajo que como Juntas Electorales hicimos ha sido de manera técnica, honesta, poniéndole el cariño y todo lo que se necesita”.
Los riesgos más que solamente poner en duda el proceso, si se llega a perder el control de estos documentos, según Mynor Ochoa, presidente de la JED de Huehuetenango, podría colocar en riesgo los mismos resultados.
“Al perderla custodia ya no se puede garantizar nada porque ya no está en manos del TSE, puede haber una manipulación”.
Para Rudy González, presidente de la JED de Totonicapán, la incertidumbre que el MP levante del proceso no es buena, “como JED ya no sabemos ni que van a hacer pues”.
Los allanamientos a sedes del TSE, a su consideración han sido “ilegales”, y esperaría que se tenga a la brevedad, un alto.
“En ninguno de los antecedentes democráticos se había dado una situación así”, indicó. Actualmente, el MP no ha informado quién presentó la denuncia, argumentando que el expediente judicial se encuentra bajo reserva, lo que les imposibilita compartir el dato.
