En un comunicado, ese organismo europeo aboga para que la administración de Jimmy Morales “respete plenamente el orden constitucional, en particular la independencia del tribunal constitucional”, al tiempo que respalda la postura de la Secretaría General de ONU en torno a que la Cicig debe continuar funciones hasta septiembre de 2019, cuando termine su mandato.

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Pero el organismo hace ver que durante el tiempo que le queda a la comisión se debe “respetar la integridad el personal nacional y extranjero y brindar toda la protección necesaria”.

También se refiere a la comisión en estos términos: “Desde su creación, la Cicig ha estado trabajando muy exitosamente de la mano con las autoridades judiciales de Guatemala para combatir la corrupción, la impunidad y fortalecer el estado de derecho. Sus logros fueron reconocidos a través de la renovación de su mandato en varias ocasiones. Cicig se ha beneficiado del apoyo financiero de la UE y de los Estados miembros de la UE desde su creación. La UE reitera su voluntad de continuar trabajando en el fortalecimiento del sistema judicial de Guatemala en cooperación con las autoridades del país”.

La UE considera asimismo que “Guatemala debe fortalecer aún más su estado de derecho para garantizar la estabilidad” y que seguirá vigilando de cerca la situación y “reaccionará a la luz de los acontecimientos”.

Así, la UE se suma al G13 (embajadas de Alemania, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Suecia, Suiza y Reino Unido), que el martes últimos expresó “preocupación por los acontecimientos de los últimos días”, y resaltó que es importante que el Gobierno de Guatemala respete el orden constitucional, la institucionalidad democrática, el estado de Derecho y la separación de poderes.

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Países cooperantes, como Estados Unidos, Canadá y Alemania, han hecho declaraciones sobre el cese unilateral de la Cicig. Estados Unidos se expresó preocupado por el futuro de la lucha contra la corrupción, y Canadá y Alemania rechazan la decisión presidencial.

Cada petición de la comunidad europea responde a actuaciones del Ejecutivo de los últimos siete días. El sábado último retuvo durante 25 horas en el Aeropuerto Internacional la Aurora a Yilen Osorio, investigador de la Cicig, cuando regresaba a incorporarse a su trabajo. Su salida fue luego de una orden de la CC. Adicional a eso, las autoridades denegaron o renovaron visas de cortesía a 11 agentes de la comisión, pero que, de la misma forma, una resolución del tribunal constitucional giró la orden para que las entregara.

Un día después del anuncio presidencial del cierre de Cicig, el personal salió del territorio, por seguridad, y se ausentó de audiencias judiciales, con lo cual la Procuraduría General de la Nación (PGN) buscó apartarla de los procesos penales. En la misma línea, la Policía Nacional Civil (PNC) pidió la devolución de vehículos que estaban asignados a la comisión.

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Frente a los fallos de la CC, en específico el amparo otorgado a ciudadanos que suspende la anulación del convenio de la comisión, el Ejecutivo comunicó que lo analizará y luego hará pública su postura.

Mientras tanto, al Congreso llegará un antejuicio contra tres magistrados constitucionales, Francisco de Mata Vela, Gloria Porras y Bonerge Mejía, quienes han dado sus votos en varios fallos que han sido reveses para el Gobierno. La querella fue presentada por la denominada Asociación de Dignatarios de la Nación, integrada por exconstituyentes, que recibe fondos del Congreso para su funcionamiento. Sin embargo, al asegurar que ese vínculo no tiene relación con la acción presentada, la agrupación señala que los togados han hecho interpretaciones erróneas de la Constitución, y citan como ejemplo la resolución en la que ordenan al Gobierno buscar una solución amigable con Suecia, contra cuyo embajador Anders Kompass pidió el retiro de Guatemala porque afirma que el diplomático ha intervenido en asuntos de política interior. La CSJ le dio trámite, lo que significa que pasa al Congreso para que se integre una pesquisidora, investigue y recomiende al pleno el retiro o no de la inmunidad, decisión que al final corresponde a los diputados.

En otro frente, la PGN promovió otra querella contra los mismos magistrados de la CC y el caso aún está en la Corte Suprema.

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