Los cambios se efectuaron al Reglamento de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, Reglamento de Voto en el Extranjero, Reglamento de Control y Fiscalización de las Finanzas de las Organizaciones Políticas y Reglamento de la Unidad Especializada sobre Medios de Comunicación y Estudios de Opinión.
Los cambios han motivado cuestionamientos de distintos juristas, quienes opinan que lejos de aclarar algunos aspectos de la Lepp, se introducen disposiciones que podrían ser inconstitucionales.
Además, se anulan restricciones que aplicaron para el proceso electoral pasado, como la prohibición de candidatos y organizaciones políticas de contratar pauta directamente con las redes sociales y empresas propietarias de vallas publicitarias.
Por medio de su oficina de comunicación social, el TSE aseguró que los cambios responden a la necesidad de las organizaciones de dar a conocer sus propuestas políticas. Sin embargo, esto no necesariamente podría derivar en una ciudadanía mejor informada sobre la oferta electoral.
“No somos una ciudadanía que demande ejes programáticos de organizaciones políticas. No se discuten programas de gobierno, temas de seguridad, medio ambiente o género. No necesitan (los políticos) hacer una comunicación muy pensante con la ciudadanía, sino se basan en el mercadeo de la imagen política”, opina Jahir Dabroy, analista político de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies)
