Guatemala

Suman 45 los funcionarios señalados

Entre funcionarios y empleados públicos, 38 han sido capturados de abril pasado a la fecha por actos de corrupción en distintas entidades. Además, cinco diputados, una jueza y el presidente Otto Pérez Molina tienen proceso de antejuicio por sospechas de ilegalidades.

Los exjefes de la SAT Franco y Muñoz —en camisa blanca— encabezaban una estructura ilegal.

Los exjefes de la SAT Franco y Muñoz —en camisa blanca— encabezaban una estructura ilegal.

Las detenciones y solicitudes de retiro de inmunidad han sido producto de investigaciones que desde abril han desarrollado el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

La Línea

Entre los funcionarios ya presos destaca la ex vicepresidenta Íngrid Roxana Baldetti Elías, y los dos extitulares de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) Carlos Muñoz y Omar Franco.

Los tres son señalados, junto a 36 personas más, incluidos particulares, de haber integrado una estructura que pedía soborno a empresas importadoras. El grupo se hacía llamar La Línea, y perjudicó la recaudación aduanera.

También está involucrado Sebastián Herrera Carrera, jefe de recursos humanos de la SAT; Anthony Segura Franco, secretario del sindicato; y Julio Robles, administrador de la Aduana de Puerto Quetzal. Además, José Alfredo González Pineda, administrador de aduana de Puerto Santo Tomás de Castilla, y Karla Mireya Herrera, administradora de la Aduana Central.

IGSS-PISA

En mayo de este año, el MP y la Cicig efectuaron allanamientos y capturaron a los miembros de la junta directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). Entre los detenidos figuran Juan de Dios Rodríguez, presidente y ex secretario de Otto Pérez; Julio Roberto Suárez Guerra, presidente del Banco de Guatemala; y Jesús Arnulfo Oliva Leal, decano de la Facultad de Medicina de Usac.

Son señalados de fraude por un contrato de Q116 millones con la farmacéutica Pisa para el tratamiento de pacientes renales.

Caso Redes

Investigaciones determinaron que había contubernio entre empresas y autoridades para negociar beneficios comerciales y legales.

Entre las capturas resalta la del operador de La Red, César Medina Farfán; Gustavo Adolfo Martínez Luna, ex secretario general de la Presidencia; y Edwin Ramón Rodas Solares, ex viceministro de Energía y Minas. También, Filadelfo Reyes Cáceres, exintendente de Aduanas; y Lidia Lucrecia Roca Morales, con una jefatura en la misma SAT.

Desfalco en la PNC

Al menos Q52 millones fueron desviados a cuentas personales y a una empresa en Panamá, determinaron las pesquisas practicadas a la Policía Nacional Civil (PNC). El dinero estaba destinado para el remozamiento de comisarías, pago a proveedores de gasolina y compra de repuestos.

Entre las capturas se cuenta la de Héctor Florentino López Heredia, exjefe de la Subdirección de Apoyo y Logística, y otros funcionarios de la PNC.

Las compras y reparaciones eran facturadas por empresas que no existen.

Venta de plazas

Lisa Méndez Cardona, María Ofelia Villafuerte, Rudy Escobar Villagrán, Édgar Eduardo Catalán y Silvia Meneses, todos trabajadores del Congreso, fueron capturados por la supuesta venta de plazas en el Legislativo. Además, fue solicitado el antejuicio contra Pedro Muadi, por los mismos señalamientos.

Antejuicios

En trámite e investigación se encuentra la solicitud de retiro de inmunidad contra el presidente Otto Pérez Molina por su posible participación en La Línea.

Asimismo, el de la jueza Marta Sierra, por cohecho pasivo, y los diputados Luis Chávez, Mirza Arreaga, Mario Yanes, Mario Rivera, Manuel Barquín y Jaime Martínez, todos de Libertad Democrática Renovada (Líder).

Se agrega Édgar Barquín, candidato vicepresidencial de Líder.

Tiempo propicio

en el caso La Línea, entre empresarios y funcionarios.

Geidy de Mata, politóloga de la Universidad de San Carlos, afirmó que para evitar la corrupción se necesita administrar justicia con los que están señalados y, en general, contra funcionarios.

“Ante el proceso electoral, hay que recordarle a la ciudadanía que puede elegir quiénes van a ocupar los cargos, y es una oportunidad para depurar a funcionarios”, refirió De Mata. Aseguró que es necesaria la auditoría social, pues el Organismo Legislativo solo hace show político.

Las capturas pueden verse positivas como combate de la impunidad y “es esperanzador”, afirmó Luis Fernando Mack, analista independiente, quien considera que el mensaje es que no importa quién está involucrado, será perseguido; aunque cree lamentable que los funcionarios dejen de cumplir con su deber para buscar beneficios ilícitos.

“Es necesario que los empleados sean seleccionados por competencia, y no por designación. Se debe controlar el financiamiento de los partidos, porque es la forma en que pagan los favores”, detalló el experto.

Mack cree que la situación del país es un llamado para una ciudadanía más consciente de las personas que elige.

“En el futuro, lo que pasa ahora debe obligar a funcionarios a ser cuidadosos”, subrayó.

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