A 75 kilómetros de la capital se ubica la finca Cuyuta, Masagua, Escuintla, en ese lugar se construirá una cárcel con capacidad para recluir a tres mil privados de libertad de alta peligrosidad, que hasta ahora permanecen en 23 centros penitenciarios del país.

El ministro de Gobernación, David Napoleón Barrientos afirmó que la construcción de la cárcel quedará en la “primera fase de diseño, estudios y licencias”, esto se debe a que según él, hubo retratos debido a que varias familias invadieron los terrenos donde se construirá la cárcel, aunque aseguró que ya fueron desalojadas.

Atraso

El plan original de construcción estipulaba dos fases que durarían 18 meses. Cinco para la pre inversión y trece para la construcción y equipamiento. Respecto a si este año daría tiempo para comenzar la construcción Barrientos dijo que no y “seguramente será el próximo gobierno”.

“Es mejor ir despacio sin prisa e ir cumpliendo con las normas del Banco Centroamericano de Integración Económica”, afirmó.

Fuentes del Mingob confirmaron que hay licencias pendientes de ser aprobadas, trámites en la municipalidad de Masagua y esperan resultados de estudios de impacto ambiental, aunque sostienen que solo son procesos administrativos”.

El pago más reciente que Gobernación hizo a inmobiliaria Rancho Sierra fue en agosto último por US$54 mil 395 por los servicios de estudios de suelo.

Tanto las fuentes de Gobernación que prefieren no ser citadas y Barrientos no precisaron cuánto tiempo estuvieron ocupados los terrenos.

Verificarán contratos

Samuel Pérez, diputado reelecto por el listado nacional en representación del partido Semilla dijo que están enterados del proyecto pero que revisarán cómo está elaborado el contrato de construcción.

“Es un tema que le tenemos que dar seguimiento, tenemos que ver qué contratos hay”, acotó.

Pérez, explicó que deben entrar en detalles para saber si incluso la población que reside en los alrededores de donde se edificará el centro carcelario está de acuerdo.

El parlamentario destacó que dentro de su plan de gobierno tienen prevista la construcción de una cárcel de máxima seguridad que estará fuera de lugares poblados, aunque de momento no tienen un lugar establecido y aunque aseguró que dentro del presupuesto para el otro año destinaron un rubro dijo no recordar la cantidad.

Francisco Jiménez, exministro de Gobernación y ahora coordinador de temas de seguridad en el proceso de transición del gobierno electo, dice que no se conocen detalles del proyecto en Masagua y es parte de la información formal que debe trasladar el gobierno saliente.

Jiménez, destaca que dentro de los planes no solo se estipula la construcción de una nueva cárcel sino el remozamiento de todos los centros carcelarios y replantear la gestión penitenciaria.

“No solo se trata de remozar y construir cárceles, se deben tener nuevos modelos de gestión penitenciaria. El compromiso en los primeros 100 días de gobierno es la construir una cárcel de máxima seguridad, que incluso puede ser el hecho de avanzar en el proyecto que ya existe”, dijo.

Promesa incumplida

Apenas se reportaban los primeros 69 contagios de reos con covid-19, cuando aquel 10 de junio de 2020 el Ejecutivo anunció que buscaban construir cuatro centros de detención en diferentes departamentos del país para poder reducir los niveles de hacinamiento.

Los centros de detención estaban planificados para construirse en Izabal, Huehuetenango y dos en Escuintla. La finca La Reina y La Reinita eran evaluados como lugares de desfogue de las cárceles, dijo en esa ocasión el presidente Alejandro Giammattei.

“Estamos tratando de acortar los tiempos para poder iniciar las gestiones, se acaban de firmar los préstamos y estamos tratando de llenar todos los requisitos”, dijo Giammattei durante el lanzamiento de la Plataforma Digital BA Web implementada en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.

El tema quedó en silencio, no fue sino hasta el 20 de enero de este año que el Ministerio de Gobernación (Mingob) resolvió aprobar el contrato de prestación de servicios de consultoría 001-2022, firmado el 23 de diciembre del 2022 y donde se autorizó el desembolso de US$2.175,833 —unos Q17 millones— a Inmobiliaria Rancho Sierra, para que preste los servicios de consultoría para la elaboración del diseño de la cárcel de máxima seguridad en Masagua, Escuintla.

El consorcio de capital mexicano Grupo Tradeco, integrado por las empresas Innovaciones Técnicas de Cimentación, S. A. de C. V. (Itecsa); Inmobiliaria Rancho Sierra e Internacional Heavy Construction, Inc., es el encargado de construir el centro de cumplimiento de condenas para hombres. El Mingob adjudicó el 11 de agosto del año pasado a Itecsa el contrato por US$87.9 millones —unos Q668 millones—.

Del costo total de la cárcel de máxima seguridad se destinarán Q16.5 millones para el diseño, Q581.8 millones para la edificación y Q69.7 millones para equipamiento. Los fondos para la construcción del centro penal provendrán del préstamo 2181 adquirido con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Señalados

Itecsa, del grupo Tradeco en México, enfrenta señalamientos y procesos legales por obras inconclusas y haber hecho negocios con los hermanos Hernández Alvarado —expresidente de Honduras y su hermano— extraditados a Estados Unidos por narcotráfico.