El 28 de marzo de 1960 el gobierno de Ydígoras Fuentes aprobó un contrato con Lutz Scheftan, representante de la casa Frederick Scwartz Inc., de Nueva York, para la compra de 300 millones de casquetes (corcholatas o tapas) de seguridad por un monto de Q2 millones 850 mil.
Por el escándalo de las corcholatas, diputados de la comisión de régimen interior del Congreso de la República interpelaron el 27 de septiembre de 1961 al ministro de Hacienda y Crédito Público, Manuel Bendfeldt Jáuregui.
Bendfeldt Jáuregui denunció a varios comerciantes y representantes de casas extranjeras que habían participado en el chantaje e intentos de sobornos por el contrato suscrito con el Ejecutivo.
La interpelación fue una de las más largas de aquellos tiempos. Al culminar, quedó en el ambiente la impresión de que más de un representante quiso ganar miles de quetzales, al igual que intentaron hacerlo los chantajistas, en actos relacionados con la negociación de los “tapones” para envases de licores producidos en el país.
En la negociación salieron a luz nombres de algunos legisladores, por lo cual el Congreso integró una comisión investigadora para establecer la identidad de los diputados que pudieran estar comprometidos.
Grabación del soborno
En una grabadora, diputados escucharon las conversaciones de conocidos comerciantes que participaron en chantajes relacionado con la negociación por parte del gobierno y Lutz Schueftan, para la compra de casquetes de seguridad por valor de casi Q3 millones.
En la escucha una voz dice: “Los diputados que te llegaron a hablar a ti, cómo está. El caso es que piden algo de los Q100,000, dicen que utilizarán el asunto como motivo político. Al otro extremo de la línea telefónica contestan: Sabés, el que ha regado todo es don Alberto Castillo, ha mandado telegramas y hecho otras cosas. Aquí vino conmigo y yo le dije que nosotros nos habíamos retirado. Le dije que siguiera él solo con el asunto, pero me dijo que solo ya no”.
…Y sigue
En estos, o parecidos términos continúa la conversación, y el señor Matta explica que desea que Lutz le dé los cien mil quetzales para dejarle libre el camino en la negociación; agrega que ese dinero lo repartirá con otras personas, entre las que menciona a Montiel, indicando que éste quiere Q25,000 por su participación “por haber levantado el acta”.
Hay un regateo en torno a los cien mil quetzales y finalmente el señor Matta reduce sus exigencias a Q80,000 indicando que con eso le serían compensados por la historia negociación luego de diez años que trabajó buscando la negociación.
Una voz en la grabadora dice: “Ahora el señor Schueftan llama al teléfono 1-6-7-6-1, donde se escucha la voz que corresponde al señor Eduardo Matta quien es dueño de un almacén de la octava calle d ella zona 1”.
“¿Guayo?, acabo de hablar con Milo dice Schueftan, pero como vos sos más joven que aquel quiero ver cómo arreglamos el asunto. Tu obligación era nada más ofrecer al ministro de hacienda los Q40,000 ¿verdad? Pero dijiste que tenían que dar Q25,000 a otro…”.
Los negociantes
La conversación continúa en ese nivel y más adelante Schueftan dice: “Bueno, tu hermanito, ya bajó a Q80,000, y yo quiero ver si te saco a vos otra rebajita. “No, yo no rebajo”, contesta el señor Matta”.
Se vuelve a mencionar a diputados, pero sin identificar, se escucha el siguiente diálogo: “Oye Guayo, tu hermano se molestó porque le dije chantajista.
No te preocupes, yo no lo considero un chantaje… ¿Verdad? ¿Cómo lo llamarlas ¿Verdad? ¿Cómo lo llamarlas tú?
Yo diría que es una operación comercial. Bueno se trata de un negocio que se nos fué. Ustedes pelean una patente que no existe… ¿Cómo?”.
Se produce una breve discusión, en términos, nada cordiales, pero tampoco belicosos; y finalmente el que, según la grabación, es el señor Matta, termina diciendo que al hacer la liquidación, a él le corresponderán unos Q10,000. “Okay!” dice Schueftan y la conversación termina.
Sin nombres de diputados
Se había creado una situación embarazosa en el Congreso. Un diputado de la mesa directiva tuvo intención de ponerse de pie para exigir al ministro que fueran dados los nombres de los diputados implicados en el chantaje, pero pensó que en su lugar deberían hacerlo los interpelantes.
El diputado Hall Lloreda lo hizo restando importancia a la grabación: “Dígame señor ministro ¿quiénes son los diputados a quienes se incrimina en esa cinta?”.
“Yo no he hecho en ningún momento, y al menos de mi boca no ha salido, acusación contra algún diputado, respondió el ministro, y agregó: “Creo que un interpelado tiene derecho a defenderse poniendo a la vista todas sus actuaciones. No puedo agregar más que lo que dice la cinta, ni más de lo que he dicho…”.
Minutos después la interpelación llegó a su fin. Un diputado ydigorista pidió para el ministro un voto de confianza, pero el Congreso ya no pudo ocuparse de esa moción, porque la salida de los diputados revolucionarios y otros representantes desintegró el quórum.
Involucrados libres
El 17 de octubre de 1962, el ex ministro de Hacienda y Crédito Público Manuel Bendfeldt Jáuregui, acompañado por su abogado Emilio Beltranena Sinibadi y Lutz Schueftan acompañado por su abogado Rafael Rodriguez Cerna acudieron al juzgado Primero del ramo penal, que los dejó en libertad luego de ser indagados por el sonado affaire de las corcholatas; ellos fueron los únicos señalados en el chantaje.
El fiscal del Ministerio Público José Antonio Villacorta presentó semanas después una apelación en contra de la libertad de los involucrados ante el Juzgado Primero de lo Penal, ya que existía una grabación del chantaje, pero no prosperó.
