“Al ignorar los repetidos llamados a un cambio, por parte de gobiernos, líderes respetados y grupos de expertos, el gobierno venezolano ha continuado demostrando una falta de respeto por los derechos humanos y las libertados fundamentales“, dijo Psaki, en un comunicado.

Según Washington, Caracas ha intentado “sofocar la disidencia”  arremetiendo contra manifestantes que protestan por el deterioro de la situación política, económica y de seguridad.

Además, la corrupción está “contribuyendo al rápido empeoramiento de las condiciones sociales y económicas en Venezuela“, señaló la nota.

Por segunda vez en seis semanas, Washington impone sanciones contra funcionarios venezolanos, pero esta vez la medida surge enteramente del Ejecutivo y no por iniciativa de los legisladores.

El presidente Barack Obama firmó el 19 de diciembre una ley, aprobada previamente por las dos cámaras del Congreso, que congela los bienes y cancela las visas a funcionarios venezolanos señalados de cometer violaciones de derechos humanos durante las protestas antigubernamentales que sacudieron Venezuela a inicios del 2014.

Al igual que en aquella oportunidad, el gobierno estadounidense omitió detallar el número de funcionarios o exfuncionarios venezolanos afectados por la medida o sus nombres, alegando leyes de confidencialidad.

Washington se cuidó también de enfatizar que la nueva medida “es específica para individuos y no están dirigidas contra el país o sus habitantes“.

Caracas y Washington mantienen tensas relaciones diplomáticas desde la llegada al poder del luego fallecido presidente Hugo Chávez  (1999-2013).

La tirantez diplomática ya provocó que en 2010 se retiraran los embajadores, y en los últimos dos años, la expulsión de al menos ocho diplomáticos estadounidenses.

Estados Unidos, no obstante, es el principal comprador del petróleo venezolano.