Bill de Blasio, en Nueva York; Rahm Emanuel, en Chicago, y Ed Murray, en Seattle, son algunos de los regidores de “ciudades santuario” que han intentado tranquilizar a la población inmigrante preocupada por los planes de Trump, que durante su campaña electoral se comprometió a deportar a todos los extranjeros sin permiso de residencia.
“Seattle siempre ha sido una ciudad hospitalaria”, dijo Murray el lunes. “Lo último que quiero es que empecemos a entregar a nuestros vecinos”.
En Providence, Rhode Island, el alcalde Jorge Elorza, hijo de inmigrantes guatemaltecos, dijo que mantendrá la política de no retener a personas acusadas por infracciones civiles en nombre de agentes federales de inmigración. Ras Baraka, de Newark, dijo lo mismo y añadió que la retórica de Trump sobre inmigración “da miedo”.
millones de indocumentados hispanos se calcula que viven en Estados Unidos.
Durante la campaña, Trump dio un discurso sobre inmigración en el que prometió “poner fin a las ciudades santuario” y dijo que aquellas “que se nieguen a cooperar con las autoridades federales no recibirán dólares de los contribuyentes”. El entonces candidato republicano atribuyó “muchas muertes innecesarias” a políticas como las de esas ciudades.
Trump no detalló sus planes para presionar a las ciudades, y en una entrevista con “60 Minutes” emitida el domingo dijo que la prioridad inmediata de su gobierno será deportar a delincuentes y asegurar la frontera.
Pero sigue habiendo mucha preocupación e interrogantes sobre su estrategia hacia las ciudades santuario.
No hay una definición legal del término, al que se oponen algunos defensores de los derechos de los inmigrantes sin un status migratorio legal, que señalan que la noción de santuario no refleja el hecho de que la gente sigue pudiendo ser deportada. En general se refiere a jurisdicciones que no cooperan con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés). Eso puede implicar, por ejemplo, que no notifican a la agencia de inmigración cuando un inmigrante sin permiso de residencia va a salir tras una detención.
Algunas ciudades como San Francisco se declararon hace tiempo como refugios seguros para los inmigrantes sin permiso de residencia y emiten tarjetas de identificación locales que les dan acceso a distintos servicios públicos. También se ha empleado el término para ciudades que prohíben a sus empleados, incluida la policía, preguntar por la situación migratoria de una persona, con el argumento de que las víctimas de delitos y los testigos pueden ser más reacios a hablar con los investigadores si tienen miedo de ser deportados.
“No queremos que nadie tenga miedo de hablar con nosotros”, dijo John Urquhart, jefe de policía del condado de King, en Washington, que incluye a Seattle.
Como no se puede obligar a estados y ciudades a hacer cumplir las leyes federales y no hay ninguna ley federal que requiera a la policía que pregunte por la situación migratoria de la gente, es probable que cualquier esfuerzo de Trump por presionar a las ciudades santuario se centre en aquellas que se nieguen a cumplir las peticiones del ICE, explicó Roy Beck, director ejecutivo de NumbersUSA, que quiere reducir el nivel de la inmigración.
Tampoco está claro qué dinero puede retener Trump a los ayuntamientos. La Corte Suprema de Estados Unidos ha determinado que para que el Congreso imponga condiciones sobre la entrega de fondos federales a los estados, las condiciones deben guardar una relación razonable con el propósito de ese dinero.
Por ejemplo, los federales amenazaron con retener fondos para autopistas a cualquier estado que no aplicara un límite concreto de alcohol al volante. Tanto el límite como el financiamiento de autopistas estaban relacionados con la seguridad en carreteras.
“Si el financiamiento es para mejorar la educación infantil, es difícil decir que guarda una relación razonable con la cooperación de las fuerzas locales de seguridad en las deportaciones”, señaló Mary Fan, profesora en la Facultad de Derecho de la Universidad de Washington.
Dicho eso, el inspector general del Departamento de Justicia de Estados Unidos estudió este año algunas jurisdicciones con políticas de santuario y concluyó que algunas parecían incumplir una ley federal sobre que los gobiernos locales y estatales no pueden prohibir o restringir que sus agentes compartan información sobre el estado migratorio de una persona con agentes federales de inmigración.
Tener estas políticas podría poner en peligro millones de dólares proporcionados por el Departamento de Justicia a las diferentes jurisdicciones, según el reporte.
Unas 300 jurisdicciones tienen alguna política de santuario, indicó el Center for Immigration Studies, que también pide reducir la inmigración.
“El resultado es que se libera a gente que debería ser deportada por haber cometido un delito, con la complacencia de la policía”, dijo Jessica Vaughan, directora de estudios de política en el grupo.
El principal argumento para los que piden que se reprima a las ciudades santuario es la muerte a tiros de Kate Steinle en 2015. La mujer falleció abatida en un muelle de San Francisco por disparos de un hombre que había sido deportado antes y dejado en libertad por fuerzas de seguridad locales.
Sin embargo, los defensores de la inmigración han dicho temer que los planes de Trump impliquen que se terminará deportando a mucha gente que no ha cometido delitos violentos y se preparan para dar batalla en ciudades santuario y otros lugares.
“Estas ciudades han insistido en que van a respetar la dignidad de todos sus residentes”, dijo Matt Adams, director legal del Northwest Inmigrant Rights Project, con sede en Seattle. “Lo que dicen es: ‘No vamos a utilizar nuestros recursos para separar familias, para deportar niños, para desgarrar comunidades”’, afirmó.
