Carta Abierta está integrada por centenares de profesionales y profesores universitarios independientes de izquierda o peronistas de izquierda que apoyan las políticas de Fernández, e incluso lo reiteran con energía en el documento emitido por la reunión.
La norma duplica toda la escala de penas de prisión en caso de maniobras de lavado de dinero, financiación del terrorismo y terrorismo, pero sin establecer explícitamente qué tipo de actos pueden ser calificados de tal modo.
“Se corre el peligro de criminalizar la protesta social”, dijo en una declaración otra entidad cercana al Gobierno, el humanitario Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Las críticas se suman a otras de organizaciones políticas y sociales, incluso de la kirchnerista presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, quien en la tradicional ronda del jueves dijo que “a esta ley hay que revisarla un poquito más”.
