En este caso, Boudou está señalado por haberse quedado -a través de una empresa fantasma y de un testaferro- con el 70% de la imprenta Ciccone Calcográfica, que tiene el monopolio de la impresión de papel moneda.
A cambio, el vicepresidente habría intervenido para evitar la quiebra de la compañía, cuando era ministro de Economía en el 2010.
Boudou fue encausado en junio del año pasado y desde entonces la oposición en el Congreso busca que se aparte de sus funciones e incluso intentó aprobar un juicio político en su contra que no prosperó porque el oficialismo controla ambas cámaras.
La Cámara Federal también confirmó los procesamientos de otros acusados, como el socio y amigo de Boudou, Jose María Nuñez Carmona, y otro de sus allegados, Alejandro Vandenbroele, y de uno de los fundadores de la empresa, Nicolás Ciccone.
Boudou enfrenta dos denuncias judiciales, en momentos en que la presidenta Cristina Fernández fue acusada por presunto encubrimiento de ciudadanos iraníes sospechados de haber intervenido en el atentado a la mutual judía AMIA con 85 muertos en 1994.
De ser hallado culpable Boudou, el primer vicepresidente en la historia del país en ser procesado durante el ejercicio de la función pública, podría recibir una condena de entre uno y seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
