El magistrado acusó a Boudou de inscribir con documentación apócrifa un automóvil Honda modelo CRX, “cuya procedencia de ninguna forma puede acreditar” .
Según la resolución que fue reproducida por el Centro, “se ha probado en estas actuaciones que Boudou inscribió a su nombre” el automóvil “con un formulario 08 falso que contiene copias de su documento nacional de identidad, con un formulario 04 con su firma verdadera y un domicilio que no era el de él… con un motor que no era el original de fábrica cuyos papeles no demostrarían su titularidad ante el Registro y sin haber efectuado la obligatoria verificación policial” .
El magistrado dijo que el vicepresidente y exministro de Economía “es la única persona beneficiada por la irregular transferencia, logrando con ello al fin regularizar, de una vez por todas, la situación de un automóvil que según dice adquirió en el año 1993, y que, por algún motivo, no inscribió hasta diez años después, pese a haberle cambiado el motor y circulado con documentación en la que dicho cambio no se encontraba consignado” . Bonadío dispuso además un embargo sobre los bienes del funcionario por 10 mil pesos (unos 1.200 dólares) .
La defensa de Boudou ha señalado que el trámite para registrar el automóvil, que se produjo cuando él no era funcionario público, lo hicieron gestores y que el funcionario fue ajeno a todos los pasos que se hicieron en el proceso.
Sin embargo, Bonadío dijo que “sigue siendo inexplicable o poco creíble que los gestores, por un pago en dinero y sin la anuencia del imputado, se arriesguen a fraguar documentos públicos a escondidas de los beneficiarios, pudiendo caberles una pena de prisión de entre tres y ocho años por dicha conducta” .
El fallo de Bonadío puede ser apelado.
De las investigaciones judiciales que enfrenta Boudou en la que aparece más comprometido es en la llamada causa Ciccone, la única imprenta de billetes de curso legal en el país. El magistrado Ariel Lijo procesó a fines de junio al vicepresidente por cohecho pasivo -recibir sobornos- e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Lijo sospecha que Boudou habría participado de una maniobra junto con dos socios para apoderarse de la compañía en 2010 cuando ejercía como ministro de Economía y beneficiarse luego de jugosos contratos con el Estado. El vicepresidente puede permanecer en libertad mientras se desarrolla el proceso.
Boudou es el primer vicepresidente en ejercicio en ser procesado en la historia de Argentina. Si fuera declarado culpable en un juicio oral por la causa Ciccone podría recibir una pena de uno a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.
La oposición solicitó el jueves que Boudou, que también funge como presidente del Senado, se tome licencia hasta tanto se resuelva su situación judicial.
El gobierno ha defiendo a Boudou argumentando que, como toda persona, es inocente hasta que se demuestre lo contrario y que las causas en su contra infundadas.
