El medio estadounidense, The New York Times, publicó mensajes de texto que revelan la participación de militares, policías, funcionarios y narcotraficantes en la desaparición forzada de los 43 estudiantes.
El grupo criminal llamado Guerreros Unidos que opera en la parte sur del país contaba con la cooperación de diferentes actores políticos claves. Según el medio obtuvieron 43 mil mensajes de texto y archivos de investigaciones.
El 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos desaparecieron mientras trataban de salir de la ciudad de Iguala, Guerrero a bordo de buses que habían tomado.
Los normalistas buscaban participar en la conmemoración del 2 de octubre en la Ciudad de México, sin embargo cinco de los buses fueron interceptados por la policía municipal y luego desaparecidos.
Los mensajes fueron interceptados por la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por su sigla en inglés), debido a una investigación por tráfico de drogas.
Apoyo estatal
Se señala que comandantes de la policía recibían órdenes directas de narcotraficantes y uno proporcionó armas al grupo criminal.
Militares siguieron el secuestro de los jóvenes, sin embargo no los auxiliaron pues habían recibido soborno. Un miembro del ejército incubrió a elemesntos policiales vinculados en la tragedia y proporcionó armas a hombres de los Guerreros Unidos.
Inlcuso un forense está implicado, pues las pruebas muestran que envió fotografías de los cadáveres como evidencia del crimen.
Las pruebas demuestran la implicación de las autoridades, los sobornos y hasta filtraciones sobre los movimientos de las fuerzas del orden.
Confusión
Según la información del diario estadounidense, los estudiantes irrumpieron en la ciudad en buses similares a los que utilizaba el cártel para el trasiego de drogas, por lo que Guerreros Unidos dio la orden de atacar.
En ese contexto, el grupo criminal tenía riñas internas y estructuras enemigas iban avanzando dentro del Estado.
“Después de matar a algunos de los estudiantes, los traficantes incineraron los cuerpos en un crematorio propiedad de la familia del forense”. Señaló que un integrante del cártel mencionó a las autoridades que los hornos se utilizaban comúnmente “para hacer desaparecer a la gente sin dejar rastro”, se lee en la investigación.
