Esa decisión estará ahora en manos del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región (TRF4), corte de segunda instancia que amplió de nueve a doce años la pena dictada por un juez inferior y ante la cual Lula todavía puede intentar una revisión de la redacción de la sentencia, pero no de su contenido.
Si el TRF4 acepta esa revisión, que es lo tradicional, Lula sólo iría a la cárcel una vez analizado ese recurso, lo cual puede llevar el momento de la prisión a fines de abril.
El recurso rechazado hoy por el Supremo intentaba que Lula conservara su libertad mientras tramitan todas las apelaciones que le restan, que incluyen una ante el Superior Tribunal de Justicia y una última ante la propia Corte Suprema.
El camino hacia el rechazo del habeas corpus lo abrió el juez Edson Fachin, instructor en el Supremo del caso Lava Jato, referido a la trama de corrupción en Petrobras y por el que Lula fue hallado culpable en esta causa, una de las siete que enfrenta en la Justicia.
Fachin recordó que la propia Corte Suprema, en 2016, ya declaró constitucional que una pena comience a ser ejecutada una vez que se ratifique en segunda instancia, lo que es el caso de Lula.
Según Fachin, un recurso de esa naturaleza sólo puede concederse “en favor de alguien que tenga amenazada su libertad por alguna ilegalidad o abuso de poder”, lo que “no es el caso”, agregó.
“No cabe considerar ilegal, amenaza o abuso de poder dos fallos” de tribunales de primera y segunda instancia, sostuvo.
Con la votación empatada a cinco, quien terminó de inclinar la balanza contra Lula fue la presidenta de la corte, Carmen Lucia Antunes, quien terminó de configurar la ajustada mayoría que negó el recurso.
En la causa penal a la que se refería el habeas corpus, Lula fue declarado culpable de haberse beneficiado de las corruptelas en la estatal Petrobras mediante la cesión de un apartamento en un balneario paulista.
La defensa de Lula ha negado todos los cargos y afirmado que su cliente es víctima de una “persecución política” que intenta impedir que vuelva al poder, meta que se ha trazado para las elecciones de octubre próximo, a pesar de normas que impiden postular a cualquier cargo electivo a los condenados en segunda instancia.
