En su informe sobre derechos humanos que los Estados Unidos emite anualmente, también resaltan las múltiples denuncias como las detenciones arbitrarias, inconsistencias en procesos judiciales, desapariciones y hasta muertes durante la medida impuesta por Bukele en marzo de 2022.
“Más de 52 mil personas fueron arrestadas durante los primeros seis meses del estado de excepción, llevando a denuncias de hacinamiento y tratos inhumanos en las prisiones”, destaca el informe.
El Departamento de Estado subrayó que la corrupción es una lacra que “persiste” en el país, junto con la impunidad.
“La mayor parte de los casos investigados por el fiscal general fueron en contra de funcionarios de Gobiernos anteriores, a pesar de las denuncias de corrupción por parte de funcionarios actuales”, sentencia el documento.
Además, se indica que las condiciones en las cárceles que “empeoraron”, con normas sanitarias inadecuadas y se reportan “ataques físicos” entre los detenidos.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos salvadoreña recibió más de 400 denuncias de posibles abusos humanos durante los primeros 5 meses del estado de excepción.
Recientemente, la Fiscalía de Nueva York reveló públicamente la acusación que presentó ante la corte federal del Estado de Nueva York, donde involucra a Osiris Luna, director general de prisiones y Carlos Marroquín, director de la unidad de Reconstrucción de Tejido Social.
El documento fiscal detalla que se pactó con las pandillas una reducción de homicidios a cambio de beneficios para los integrantes de la estructura, incluyendo evitar a las extradiciones a petición de EE.UU..
La fiscalía asegura con ello que existen pruebas de que la tregua beneficiaría la popularidad del Gobierno salvadoreño y mantendría su apoyo en las urnas.
La acusación se reveló el 23 de febrero de 2023, tras la captura de tres líderes de la pandilla Mara Salvatrucha en México, quienes son parte de un grupo de 13 pandilleros acusados.
Un después, el 24 de febrero, Bukele expuso el traslado de 2 mil supuestos pandilleros a una prisión salvadoreña.
Los pandilleros fueron conducidos sin camiseta, esposados, agachados y amontonados, con lo que el Gobierno buscó reforzar .
