La acusación que la Fiscalía presentó contra 13 cabecillas de la Mara Salvatrucha MS-13, señala que los gobiernos en El Salvador negociaron con las pandillas entre 2012 y 2021, y señala directamente a dos funcionarios del Gobierno del presidente Nayib Bukele.

La acusación contra los pandilleros se presentó desde el agosto de 2022, pero el Departamento de Justicia de los Estados Unidos la hizo pública hasta el pasado jueves 23 de febrero, según los reportes de medios locales e internacionales.

El documento se ventiló al ser capturados tres de los cabecillas incluidos en la lista, quienes fueron sorprendidos y expulsados de México hacia los Estados Unidos.

Con ello, la Fiscalía reveló las operaciones de la pandilla y una serie de cruentas acciones que emprendieron para poder tener mayor control territorial y trasladar cargamentos de droga tanto en los Estados Unidos, México y los países centroamericanos.

EN ESTE MOMENTO

Mingob admite repunte de violencia y lo atribuye al traslado de agentes de la PNC a protestas

Demanda de proyectos de Codedes en el 2026 se centra en infraestructura básica

Subsidio o eliminación de impuestos: expertos alertan que la solución podría implementarse demasiado tarde

Funcionarios del Gobierno de Bukele señalados

De la misma manera, en la acusación se señala que, desde mediados de 2019, cuando Bukele llegó a ocupar el Gobierno, dos de sus funcionarios habrían sostenido reuniones con los criminales para negociar una tregua. Estos eran: Osiris Luna, director general de prisiones y Carlos Marroquín, director de la unidad de Reconstrucción de Tejido Social.

Lea también: “Vampiro”, “Baxter” y “Rojo”: quiénes son los pandilleros centroamericanos señalados por narcoterrorismo y 65 asesinatos en Nueva York

Los acuerdos habrían sido que la pandilla cediera y se redujeran los homicidios en El Salvador a cambio de beneficios para los reos, pero la acusación también apunta a las elecciones presidenciales a inicios de 2019.

El grupo delictivo habría acordado entonces que a cambio los pandilleros privados de libertad recibieran beneficios dentro de la prisión, pero también que los cabecillas del grupo no fueran extraditados a los Estados Unidos.

El Gobierno de Bukele niega que se haya pactado con las pandillas, pero ha rechazado la extradición hacia los Estados Unidos de 12 miembros de la Mara Salvatrucha de la llamada cúpula Ranfla.

Lea también: El Salvador se niega a extraditar a EE. UU. a peligroso pandillero de la MS-13

LE RECOMENDAMOS

“Esa persona ya no iba con vida”: hombre dice que fue detenido “sin pruebas” en la guerra de Bukele contra pandillas y relató torturas dentro de prisión

Cuatro de los detenidos en el régimen de excepción de Nayib Bukele en El Salvador aparecen en una fosa común

Sancionados

A finales de 2021, los Estados Unidos impuso sanciones económicas a Osiris Luna y Carlos Marroquín al señalarlos de las negociaciones a las que habría llegado con los cabecillas de pandillas encarcelados.

A los dos funcionarios se les aplicó la Ley Magnitsky por el Departamento del Tesoro de ese país.

Desde ese momento, se revelaría que para las elecciones legislativas de 2021, en las que el oficialismo resultó triunfando, las pandillas les habrían ofrecido apoyo al partido de Bukele, Nuevas Ideas. A cambio, los jefes de la pandillas encarcelados recibirían privilegios.

El medio digital salvadoreño El Faro, publicó en agosto de 2021, un reportaje en el que se incluían audios y testimonios que daban cuenta que los funcionarios salvadoreños habrían sostenido las negociaciones con las principales pandillas.