Uno de los muchos problemas —como las cárceles sobrepobladas o la falta de abogados defensores— fue que no había suficientes jueces, en especial en el condado de Kinney, una población fronteriza ubicada a unos 193 kilómetros al oeste de San Antonio donde esta estrategia estatal se ha aplicado con más rigor. El estado llevó a tres juezas en retiro para ayudar, desde finales del verano.
Luego, el mes pasado, el fiscal del condado acusó a las juezas de falta de decoro. Al día siguiente, las tres fueron remplazadas por otros jueces seleccionados por la principal autoridad judicial del condado, el juez Tully Shahan.
El cambio radical tomó a las juezas por sorpresa e indignó a los abogados de los migrantes, cientos de los cuales siguen en prisión, en espera de juicio. Los defensores de los migrantes acusaron a Shahan de remplazar a los jueces que no emiten los fallos que él quiere en un condado deseoso de usar la aplicación de la ley local para disminuir lo que las autoridades locales denominan una “invasión de extranjeros ilegales”.
El programa, creado el año pasado por el gobernador Greg Abbott y conocido como Operación Estrella Solitaria, autoriza a los departamentos de policía estatales y locales a establecer alianzas con los propietarios de los ranchos fronterizos y a valerse del delito de invasión de propiedad privada para detener a los migrantes que pasen por sus tierras. Solo dos de los 32 condados fronterizos del estado (Kinney y su vecino al oeste, Val Verde) adoptaron esa estrategia.
Más de 2500 migrantes, todos ellos hombres, fueron arrestados por el delito de invasión de propiedad privada (según el programa de Texas, las mujeres y los niños que se encuentran en propiedad privada se entregan directamente a los funcionarios de inmigración). Alrededor de 900 siguen detenidos en prisiones estatales.
Los arrestos por el delito menor de invasión de propiedad privada, polémicos desde el principio, han sido objeto de un mayor escrutinio en las últimas semanas.
Este mes, un juez del tribunal estatal desestimó el caso de un inmigrante detenido por el delito de invasión de propiedad privada en el condado de Kinney, después de que sus abogados argumentaran que el arresto violaba la Constitución de Estados Unidos porque solo el gobierno federal tiene jurisdicción sobre la ley migratoria. El condado apeló el fallo.
Al día siguiente, los abogados defensores presentaron argumentos similares en nombre de más de 400 inmigrantes adicionales, con la esperanza de que esos casos también fueran desestimados.
En algunos casos, los fiscales se han visto obligados a liberar a los hombres después de retenerlos durante meses porque no se habían presentado cargos.
En el vecino condado de Val Verde, que tiene alrededor de 47.500 habitantes e incluye a Del Rio, donde miles de migrantes haitianos se apiñaron bajo un puente el pasado otoño, el fiscal del condado comenzó a desestimar o a rechazar el procesamiento de la mayoría de los casos de invasión de propiedad privada. Desde entonces, el número de migrantes detenidos ha disminuido de manera considerable en el condado.
En cambio, las autoridades del condado de Kinney, donde viven unas 3100 personas en una pequeña ciudad central y en sus alrededores, así como en extensos ranchos, han adoptado el enfoque de la ley y orden del estado ante el fuerte aumento de los migrantes procedentes de México, un incremento que el año pasado alcanzó niveles que no se veían desde hace más de dos décadas.
Sin embargo, los fallos de las tres juezas contratadas para auxiliar a procesar cientos de casos no siempre han sido los que querían las autoridades del condado. En muchos casos, aceptaron poner en libertad a inmigrantes que llevaban meses privados de su libertad sin una audiencia, a la espera de una fecha de juicio. Hasta ahora, sus sustitutos han negado todas las solicitudes de libertad provisional.
En consecuencia, muchos de los migrantes han optado por declararse culpables o no impugnar la acusación de invasión de propiedad privada a cambio de una liberación inmediata ofrecida por los fiscales.
“Es la única manera en la que pueden obtener una declaración de culpabilidad de cualquiera de nuestros clientes”, comentó Kristin Etter, abogada de Texas RioGrande Legal Aid, en relación con las autoridades del condado de Kinney.
Shahan no respondió a la solicitud de comentarios.
A finales de noviembre, Shahan dio positivo por coronavirus y canceló las audiencias que presidía. En ese tiempo, los abogados defensores presentaron más de 150 escritos de habeas corpus, con la intención de que los migrantes arrestados meses antes pudieran tener audiencias y presentarse ante un juez.
Las tres juezas en retiro asignadas en un principio para asistir al condado de Kinney —Vivian Torres, Kitty Schild y Genie Wright— dijeron que podían ayudar.
“Ofrecí analizar todos los escritos de habeas corpus que se pudieran añadir a mi expediente”, comentó Schild.
En lugar de dejar que las juezas atendieran los casos, el fiscal del condado, Brent Smith, presentó documentos ante el Tribunal de Apelaciones Penales de Texas para evitar que concedieran más peticiones de audiencia de la defensa o que permitieran la liberación de los migrantes bajo fianza personal. Smith escribió que las juezas habían discutido indebidamente sus casos con los abogados defensores por correo electrónico sin incluir a los fiscales del condado. Las juezas han negado haber actuado de manera indebida.
“Esas fueron acusaciones muy vagas y no eran ciertas”, dijo Schild.
Smith declinó hacer comentarios.
Al día siguiente, Shahan informó a las juezas que sus servicios “ya no serían necesarios”.
A mediados de diciembre, las audiencias que Torres tenía programadas fueron presididas por Allen Amos, quien fungió como juez en otro condado rural y que fue seleccionado por Shahan. Muchos de los casos de inmigrantes detenidos a principios de septiembre presentaban versiones del mismo proceso: una solicitud de libertad condicional sin pago alguno o con una fianza personal; luego, una negativa de Amos; después, un hombre, a menudo de México, que aceptaba declararse culpable.
Tras la puesta en libertad, los hombres eran trasladados bajo custodia de las autoridades federales de inmigración. Muchos son deportados de inmediato, pero muchos otros acaban quedándose en Estados Unidos mientras se procesa su solicitud de asilo.
Aunque una condena por un delito menor de invasión de propiedad privada no impide por sí sola que un inmigrante solicite asilo, “el propósito de hacer que se declaren culpables es tener esta condena en su historial”, dijo Anita Gupta, abogada del Immigrant Legal Resource Center.
“El objetivo de la Operación Estrella Solitaria es criminalizar a los migrantes y luego transferirlos a la Oficina de Inmigración y Aduanas para que se aplique la ley y se les deporte”, señaló la abogada.
