Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Estados Unidos, México, Perú, Panamá, Ecuador, Uruguay, Costa Rica, El Salvador, Trinidad y Tobago y Belize han desarrollado o comprado la tecnología necesaria para operar drones, según indicaron Canton y otras organizaciones en la audiencia, que citaron fuentes públicas.
“La tecnología es cada vez más económica, por lo que su desarrollo y adquisición es cada vez más fácil para más países” , apuntó Canton.
“Hasta donde se sabe (se dedican únicamente a) una tarea de vigilancia, aunque posiblemente se hayan usado en México y Colombia en la lucha contra el narcotráfico; pero hay tal falta de transparencia que no se puede asegurar” , explicó.
Ese “desarrollo” exponencial “no ha sido acompañado por ninguna legislación” excepto en el caso de EE.UU., Brasil y Canadá, los únicos tres países que han regulado el uso de drones en su propio territorio, según las organizaciones.
Tampoco existe un marco legal internacional que regule los límites del uso de drones en el extranjero, lo que deja en la impunidad “el programa de EE.UU., que ha matado y herido a civiles“, recordó Stephen Sonnenberg, de la Universidad de Stanford.
Brasil es “el país con mayor número de drones” y su mayor productor en América Latina, y los usa “para monitorear defensas extranjeras o grandes eventos“, como en la Copa de Confederaciones el pasado junio, aseveró Canton.
Colombia y Ecuador han comprado drones y “están desarrollando su propia tecnología“, mientras que Argentina los usa “para reconocimiento aéreo” y Bolivia “acaba de adquirir drones“, agregó.
Aseguró además que esta nueva tecnología “está empoderando en cierta manera algunos sectores militares y, con la historia que tiene América Latina, es necesario que haya un absoluto control civil sobre esto“.
Esto plantea problemas como la posible violación del “derecho a la privacidad” y el “efecto amedrentador que puede tener sobre la sociedad, dado su uso en circunstancias de todo tipo como manifestaciones públicas“, lo que hace necesario un marco regulador desde una perspectiva de derechos humanos, indicó Canton.
Jay Stanley, de la organización civil estadounidense Unión de Libertades Civiles (ACLU) , llamó la atención sobre el uso que Estados Unidos hace de los drones para la vigilancia en la frontera, con el fin de combatir el narcotráfico y controlar la inmigración.
EE.UU. interpreta que tiene potestad para vigilar sin apenas límites “en un radio de unos 1.600 kilómetros” de sus fronteras, lo que, si se tienen en cuenta los límites con Canadá, México y los dos océanos, conforma el territorio donde residen “dos tercios de sus habitantes“.
“Esto hace de la vigilancia masiva una posibilidad muy real“, alertó Stanley.
Una de los siete miembros de la CIDH, Tracy Robinson, se mostró “preocupada por el impacto que los drones ya han tenido en la vida humana y el sufrimiento que han provocado“, y señaló que “hay una necesidad de investigación y reparación apropiada” de las víctimas.
Su compañero Rodrigo Escobar Gil alegó que “indudablemente, el uso de estas nuevas tecnologías con fines militares u otros plantean la necesidad de que exista un marco legal para preservar la vida, integridad personal y la privacidad entre otros derechos“.
Ha habido también usos positivos de los “drones“, como para controlar incendios forestales o supervisar el terreno tras el terremoto en Haití en 2010, lo que “acentúa aún más la necesidad de regularlos” , concluyó Wayne McMullen, del centro RFK.
