El pasado 2 de marzo, la Corte panameña rechazó “de plano” los recursos presentados por la defensa de Martinelli para evitar que se le investigue por corrupción.
En una resolución emitida en enero, la CSJ admitió una causa penal por supuestos delitos contra la administración pública contra Martinelli (2009-2014), quien preside el partido Cambio Democrático (derecha) y es diputado del Parlamento Centroamericano.
Las investigaciones contra Martinelli se originan en la supuesta sobrefacturación en la adquisición, por US$45 millones, de comida deshidratada para escuelas del país.
Esas compras se realizaron a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN), un plan de emergencia para combatir la pobreza y cuyos dos últimos directores, Giacomo Tamburrelli y Rafael Guardia, están detenidos por delitos contra la administración pública y el patrimonio económico.
Guardia y Tamburelli habrían declarado durante los interrogatorios que Martinelli obligaba a firmar los contratos con los presuntos sobrecostos, argumentación que fue confirmada la pasada semana ante la Fiscalía por el exministro de la Presidencia —encargada del PAN— Jimmy Papadimitriu.
Martinelli “daba las órdenes directas en el PAN y daba las órdenes directas también en los ministerios”, dijo Papadimitriu, jefe de campaña en las elecciones que ganó Martinelli en 2009 y uno de sus funcionarios más cercanos, aunque ahora se ha distanciado del exgobernante.
“Jamás he firmado NADA del PAN ni di órdenes”, escribió en su cuenta de Twitter en días pasados Martinelli, quien se encuentra supuestamente fuera del país desde hace más de un mes.
Varios ministros y altos funcionarios de Martinelli, empresarios y un exmagistrado de la Corte —apoyado por el exgobernante— están presos o enfrentan procesos judiciales por presunta corrupción y enriquecimiento ilícito.
