“Los buenos samaritanos no deben ser procesados por ayudar a otros”

DW habló con el autor de un informe de Amnistía Internacional sobre el acoso en la frontera entre EE. UU. y México.

El último informe de Amnistía Internacional sobre la frontera EE. UU.-México revela persecución de activistas que ayudan a migrantes. Su autor dice a DW que estas acciones son un "desprecio por el Estado de derecho".
El último informe de Amnistía Internacional sobre la frontera EE. UU.-México revela persecución de activistas que ayudan a migrantes. Su autor dice a DW que estas acciones son un "desprecio por el Estado de derecho".

El último informe de Amnistía Internacional sobre la frontera EE. UU.-México revela persecución de activistas que ayudan a migrantes. Su autor dice a DW que estas acciones son un “desprecio por el Estado de derecho”.

DW: ¿Qué experiencias han compartido con usted los defensores de los derechos humanos, como abogados, periodistas, trabajadores humanitarios y voluntarios, que usted haya compilado en su informe Salvar vidas no es un delito?

Brian Griffey: Lo que hemos encontrado es que la violación central de los derechos humanos por parte de las autoridades estadounidenses ha sido apuntar a las restricciones ilegales de las personas que defienden los derechos de los migrantes con base en sus opiniones políticas. Esto incluye vigilancia sin órdenes judiciales y la confiscación de información y dispositivos electrónicos.

Es muy preocupante ver que estas personas, que se ponen a sí mismas entre el abuso de los funcionarios del gobierno y la gente a la que le están violando sus derechos, se conviertan en el nuevo objetivo principal de las violaciones de los derechos humanos. Lo hemos visto en zonas de guerra en todo el mundo, lo hemos visto en Estados autoritarios, y ahora lo estamos viendo en la frontera entre Estados Unidos y México.

El desprecio que las autoridades estadounidenses muestran por los abogados, periodistas, activistas y voluntarios humanitarios no es solo un desprecio por esas personas, sino por el Estado de derecho, un desprecio por el poder judicial y por la garantía constitucional de la libertad de expresión.

¿Cómo reaccionaron las autoridades estadounidenses cuando las contactó para su informe?

Contactamos a los departamentos de Estado, Justicia y Seguridad Nacional y ninguno de ellos ha respondido a nuestras preguntas. Hemos dibujado un retrato muy negativo de lo que han hecho y esperamos ahora que el Gobierno de Estados Unidos intente enfocarse en cualquier debilidad en nuestro informe. Pero hemos estado dándoles la oportunidad de comentar sobre nuestras inquietudes por más de cuatro meses y básicamente han guardado silencio y tratado de invisibilizarnos ignorando el problema.

En la sección inicial de su informe, cita una declaración del Departamento de Estado de 2017 que destaca lo importante que es la protección de los defensores de los derechos humanos en todo el mundo. ¿Cómo se ajusta eso a las acciones actuales?

Esa sección de la política del Departamento de Estado es profundamente irónica porque condena el mismo tipo de violaciones de derechos humanos por motivos políticos que el mismo Estados Unidos está llevando a cabo en su frontera con México. El Departamento de Estado está otorgando premios a defensores de los derechos humanos que están bajo amenaza en otros países, pero al mismo tiempo condena a los defensores de los derechos humanos en su propio territorio.

Acabo de regresar de una misión de un mes de duración en la frontera entre México y Estados Unidos y vi una y otra vez que las autoridades estadounidenses y mexicanas estaban abrumadas y no estaban brindando alojamiento, alimentos y servicios médicos fundamentales a estos migrantes y solicitantes de asilo increíblemente vulnerables. Y han sido las comunidades fronterizas y los defensores de los derechos humanos quienes han dado un paso adelante y los han cuidado cuando los gobiernos no pueden alojarlos. Es alarmante, cuanto menos, constatar que no solo los gobiernos de Estados Unidos y México están fallando en proteger los migrantes vulnerables, sino que también están ahora se vuelcan contra las personas que  están haciendo el trabajo que debían hacer ellos.

Brian Griffey es el autor del informe “Salvar vidas no es un delito” sobre defensores de derechos humanos en la frontera entre Estados Unidos y México.

¿Puede darnos un ejemplo de lo que los defensores de derechos humanos han experimentado en la frontera?

El caso de Ana Adlerstein (una voluntaria de Arizona) es un muy buen ejemplo. Ella estaba informando a los solicitantes de asilo en el lado mexicano de la frontera sobre sus derechos legales para buscar protección de asilo en Estados Unidos. Cuando regresaba, acompañó a un solicitante de asilo a la frontera para asegurarse de que atravesara el puerto de entrada. Ella no fue con la persona inmediatamente, pero después de que esta fuera interrogada por cierto tiempo, se acercó al cruce fronterizo para asegurarse de que todo estaba bien. Fue entonces cuando el oficial a cargo dijo que ella estaba ayudando y promoviendo el tráfico de personas y le indicó que estaba bajo arresto.

Esto desencadenó lo que se convirtió en una larga detención, durante la cual le quitaron los zapatos, le hicieron un registro corporal invasivo y fue mantenida por varias horas en lo que era esencialmente una celda en la frontera. Después de intimidarla y acosarla, cuando dijo que necesitaba asistencia médica, que tenía dolor de cabeza y estaba deshidratada, dijeron que tendrían que pedir una ambulancia. Pero cuando ella les pidió que lo hicieran, abrieron la puerta y la soltaron. Dijeron que en realidad no fue arrestada en absoluto y que solo había sido objeto de una “inspección secundaria”. Estamos viendo estas “inspecciones secundarias” cada vez más.

¿Qué tiene que pasar para mejorar la situación de los defensores de derechos humanos en la frontera?

Esta es fundamentalmente una crisis de Estado de derecho. El Congreso debe ejercer su rol importante en desafiar este uso indebido del sistema de justicia penal. Deben celebrar audiencias públicas sobre las operaciones aparentemente motivadas políticamente contra estos defensores de los derechos humanos en la región fronteriza entre México y Estados Unidos. Y a través de esas audiencias, el Congreso debe aumentar su supervisión de los departamentos de Seguridad Nacional y Justicia y de la administración Trump en general.

En términos más generales, creo que el Congreso tiene un papel importante para enmendar las leyes penales sobre el “contrabando de personas” para incluir una cláusula de exención humanitaria que prohíba el procesamiento por asistencia humanitaria u otro tipo de apoyo en el que no haya beneficios financieros ni explotación. Los buenos samaritanos no deben ser procesados ​​por ayudar a otras personas.

Obviamente, lo que tiene que pasar ahora es que los departamentos de Seguridad Nacional y Justicia, así como la administración de Trump en general, deben dejar de intimidar y acosar a los defensores de los derechos humanos que brindan asistencia vital a las personas necesitadas.

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ARTURO MEJIA Hace 1 mes

Los inmigrantes preocupan, dicen que reciben mal tratos. Pero si a mí me pasara por baboso viajara, y en sus países como los tratan? USA no es alguna para mantener cocodrilos.