La oficina forense del condado de Miami-Dade trasladó este jueves por la tarde a la fiscalía sus conclusiones, indicó la fiscal estatal Katherine Fernández Rundle.
La muerte del grafitero de origen colombiano acaparó las portadas de los medios y generó numerosas protestas en esta ciudad en las que se acusó a la Policía de uso excesivo de la fuerza y negligencia en la investigación del caso, a la vez que reavivó el debate sobre el uso de pistolas Taser por los agentes.
La Fiscalía deberá ahora decidir, tras analizar los informes de los forenses, si la Policía de Miami Beach violó alguna ley.
El pasado 6 de agosto un agente de la Policía sorprendió a Israel “Reefa” Hernández pintando un grafiti con un aerosol en la pared de un McDonalds cerrado en la zona de North Beach. El joven, al verse descubierto, echó a correr y se inició la persecución.
Según la Policía, tras una corta persecución, el joven hispano acabó tendido en el suelo por un disparo con Taser. El muchacho fue transportado al hospital Mont Sinai de Miami Beach, donde se certificó su deceso.
La Policía mantiene que el agente que le disparó actuó de acuerdo con el reglamento establecido relativo a personas que se resisten al arresto.
Pero los padres de joven grafitero han mantenido desde el primer momento que su hijo no era una persona peligrosa, no estaba armado y no suponía una amenaza cuando fue descubierto por los agentes. La familia estudia demandar a la Policía de Miami Beach por uso excesivo de la fuerza.
“Nuestro hijo no merecía morir así, no representaba una amenaza, ni estaba armado, ni era peligroso” , dijeron muy afectados los padres del chico a los medios.
La familia Hernández denunció recientemente que el pintar un grafiti es una falta menor, que el joven no cometió ningún “asesinato” y que fue un caso en el que hubo fuerza excesiva por parte de la Policía.
Por lo menos 540 personas han muerto desde 2001 por disparos de armas Taser en Estados Unidos, siendo la Florida el segundo lugar con mayor número de fallecimientos -65- por esta causa, según Amnistía Internacional
Un informe de esta organización de Derechos Humanos de 2013 concluyó que el 90 % de las víctimas fatales estaban desarmadas.
