“El gobierno de México expresa su más sentido pésame a los familiares del señor Cárdenas Ramírez, a quienes ha acompañado en este largo y complejo proceso”, añadió la nota.
Poco después, el presidente Enrique Peña Nieto escribió en Twitter: “”Expresó mi más firme condena a la ejecución del mexicano Rubén Cárdenas en Texas que viola la decisión de la Corte Internacional de Justicia. Mi más sentido pésame a los deudos”.
México, que abolió oficialmente la pena de muerte en 2005, agotó todos los recursos durante la tarde, bajo el alegato que Cárdenas fue privado de su derecho a un abogado y a la asistencia consular prevista en la Convención de Viena.
Una sentencia de la Corte Internacional de Justicia ordenó en 2004 a las cortes estatales de Estados Unidos “revisar los casos de 51 mexicanos sentenciados a pena de muerte”, entre ellos Cárdenas, por haber incumplido en informar a las autoridades consulares.
Cinco mexicanos, incluido Cárdenas, fueron igualmente ejecutados desde entonces, 13 ya no enfrentan una sentencia capital y uno falleció de cáncer.
“El gobierno mexicano expresa su más enérgica protesta por el incumplimiento de Estados Unidos al fallo”, señaló el comunicado de la cancillería. La ejecución se realizó en un momento de tensiones entre México y Estados Unidos, con el presidente Donald Trump proponiendo construir un muro para impedir el paso de indocumentados y un fuerte discurso anti-mexicano: les ha llamado violadores, narcotraficantes y ladrones.
En la actualidad hay 75 ciudadanos mexicanos en procesos penales que podrían acabar con la pena de muerte. Otros 54 ya fueron condenados.
Once días sin abogado
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) también había pedido detener la ejecución.
“El gobierno de Estados Unidos estaría implementando la pena capital sin cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos”, indicaron más temprano dos expertas del organismo, Agnès Callamard y Elina Steinerte, citadas en un comunicado.
ACNUDH destacó que Cárdenas “no tuvo acceso a un abogado en los primeros 11 días de su detención” y que “algunas de las declaraciones que hizo en ese período fueron usadas por los fiscales durante el juicio”.
La defensa insistía en que hay irregularidades del interrogatorio y la declaración de culpa, e inconsistencias del testimonio con las pruebas, generadas precisamente por la falta de asistencia consular.
En 2000, el gobierno estableció un programa de asistencia legal para los presos que enfrentan la condena capital en Estados Unidos, llamado MCLAP.
“De haber recibido asistencia consular, el Sr. Cárdenas Ramírez hubiera conservado sus derechos bajo la cláusula Miranda y hubiera accedido a un abogado durante su interrogatorio. Esto hubiera evitado que realizara una confesión incriminatoria”, subrayó.
“Si bien el Consulado intervino una vez que tuvo conocimiento del caso, a través de los medios de comunicación, el daño era irreparable”.
Cárdenas insistía en su defensa y sus abogados consideran que una nueva prueba de ADN podría probarlo. “Existen cuestionamientos en relación a la confiabilidad de las pruebas de ADN realizadas”, que determinaron que una muestra de sangre hallada en el automóvil del condenado “era de un tipo de ADN compartido por la víctima”, el equiparable a uno de cada dieciocho hispanos, subrayó la cancillería en una nota enviada a la AFP más temprano.
“Esto hace que el análisis se considere muy poco confiable, particularmente considerando los estándares actuales” y que “hubo problemas con los laboratorios que hicieron las pruebas, uno de los cuales tuvo que cerrar”, añadió.
Otra ejecución estaba programada para este miércoles, la de Patrick Hannon, condenado por doble homicidio en 1991, en Florida.
