Este anuncio forma parte de una nueva iniciativa del Gobierno del presidente Donald Trump para reducir la inmigración ilegal y que el propio Jeff Sessions ampliará esta tarde en su visita a la frontera con México en San Diego (California), donde estará acompañado del titular en funciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Thomas D. Homan.
El Departamento de Justicia (DOJ), que él preside, y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) se asociaron, indicó, para procesar el 100 por ciento de los casos de cruces fronterizos ilegales de la frontera con México para su enjuiciamiento “inmediato”.
“El Departamento de Justicia tomará tantos casos como sea humanamente posible hasta que lleguemos al 100 por ciento de ellos. No vamos a tolerar más esto, no vamos a dejar que este país sea invadido, pararemos la estampida y la anarquía”, advirtió.
Fue contundente al señalar que si alguien entra a ese país de manera irregular con un menor será igualmente procesado y el “niño será separado de la familia, como exige la ley”.
“Si no te gusta eso, entonces no pases niños de contrabando por nuestra frontera”, expresó sobre una medida que busca amedrentar a los inmigrantes que llegan en masa y cuyas cifras han ido subiendo en los últimos meses.
Lamentó que en el país viven once millones de indocumentados y que a esa cifra hay que sumar la “afluencia masiva” a través de la frontera sur.
El número de inmigrantes detenidos en la frontera entre Estados Unidos y México subió 223 % en abril pasado con respecto al mismo mes del año anterior, al registrarse la detención de 50.924.
En lo que va de año fiscal (del 1 octubre del 2017 al 30 de abril del 2018), más de 26 mil menores han sido detenidos en la frontera sur, de los que casi la mitad procede de Guatemala (12 mil 459), seguidos por los originarios de México (6 mil 151), Honduras (4 mil 624) y El Salvador (2 mil 090).
Para reforzar el sistema migratorio, destacó el envío de 35 fiscales y 18 jueces a la región fronteriza.
Renovaciones del programa DACA auguran enfrentamientos
El futuro de la Acción Diferida, que otorga permiso temporal de residencia y trabajo a casi 700 mil jóvenes indocumentados en EE.UU., descansa en una batalla legal sin precedentes tras la demanda presentada por siete estados contra el Gobierno por no haber acabado con el programa, señalan expertos.
La demanda presentada esta semana por Texas y otros seis estados contra el Gobierno de Trump, por continuar con las renovaciones del programa Daca, ha generado una situación legal que podría llevar a la administración a procesar las renovaciones en unos estados y en otros se declare impedido para hacerlo.
El fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, interpuso el martes una demanda en el tribunal del distrito sur de ese estado para que declare ilegal Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (Daca en inglés) y prohíba al Ejecutivo continuar renovando ese programa de alivio migratorio.
Además de Paxton, la demanda también fue suscrita por los fiscales de Alabama, Arkansas, Luisiana, Nebraska, Carolina del Sur y Virginia Occidental, quienes esperan que el tribunal emita una orden para que el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) detenga las renovaciones.
El caso ha sido asignado al juez federal Andrew Hanen, quien en el pasado falló en contra de la ampliación de Daca.
Stephen H. Legomsky, profesor emérito de leyes de la Universidad de Washington y asesor principal durante la Administración Obama para la creación de Daca en el 2012, dijo que es probable que el juez Hanen condene nuevamente el amparo migratorio por las mismas razones que falló en contra de la ampliación del beneficio en 2015.
“Hanen es un apasionado opositor de las políticas de inmigración de Obama, y es poco probable que haya cambiado su forma de pensar. Si esto sucede, habrá mandatos contradictorios”, advirtió el experto.
El fallo de Hanen será el cuarto dictamen que emite un tribunal sobre Daca desde que el pasado 5 de septiembre la Administración Trump decidiera poner fin al programa.
Existen dos mandatos preliminares de tribunales de San Francisco, en California, y Nueva York, que ordenaron al Gobierno federal continuar aceptando las renovaciones de Daca.
Un tercer tribunal en Washington determinó hace poco que el Gobierno reabra el programa a nuevos solicitantes, aunque retrasó la implementación de la orden para que explique por qué terminó el programa.
Ahora, con la demanda entablada por Texas y los otros seis estados, se abre la posibilidad de que el tribunal correspondiente emita una orden en dirección contraria a las tres anteriores.
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