En enero de 2017, esta prisión fue escenario de una rebelión que se extendió por casi 20 horas y dejó 56 muertos, una de las mayores masacres del sistema penitenciario de Brasil.
“Fue una pelea entre los reclusos. Nunca se habían registrado muertes durante las visitas. Fue la primera vez que ocurrió, es algo poco común. Algunos murieron dentro de la celda con las rejas cerradas”, dijo en una rueda de prensa el coronel Marcos Vinicius Almeida, titular del despacho regional.
“Algunas muertes ocurrieron por asfixia y otras por perforaciones con el uso de estoque como cepillo de dientes”, dijo Almeida.
El titular del despacho agregó que la situación fue controlada por efectivos de seguridad en cuarenta minutos, y que no se produjeron fugas, toma de rehenes ni efectivos heridos o muertos.
Almeida aclaró que fue abierta una investigación para determinar las causas de la pelea y anticipó que como el estado no reconoce el concepto de facciones, el caso está siendo tratado como un enfrentamiento entre internos.
Sin embargo, el secretario de Seguridad Pública de Amazonas, Louismar Bonates, aclaró, citado por el diario Folha de S. Paulo, que “hubo en enfrentamiento entre dos grupos organizados dentro del presidio, que tienen conflictos, y aprovecharon el momento de las visitas de familiares para realizar esta acción”.
El coronel Almeida destacó que las autoridades reaccionaron en minutos, lo que impidió una tragedia mayor.
Brasil suma la tercera mayor población carcelaria del mundo con 726.712 presos (en 2016), que generalmente viven en condiciones de hacinamiento sórdido y bajo el mando de facciones que se disputan el control del tráfico de drogas y se libran a frecuentes y sangrientos ajustes de cuentas.
Inmediatamente después de ocurrida la tragedia en el Compaj en 2017, otra masacre se produjo en el también estado norteño de Roraima, cobrando la vida de otros 33 reclusos.
La crisis carcelaria afecta varias regiones del país. Este año comenzó con una onda de unos 80 ataques a edificios públicos, agencias bancarias, autobuses y gasolineras en el noreste del país en represalia al anuncio de medidas de endurecimiento del control de las cárceles, desde las cuales operan jefes de varias organizaciones de narcotraficantes.
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