La prohibición de la tortura, en particular contra los niños, forma parte de los Acuerdos de Ginebra y está prohibida por la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (CAT, en inglés), recuerdan el grupo de pediatras.
Y no dudan en afirmar que el trato de los niños en la frontera con México “cumple con los tres criterios de tortura”, según el CAT y el Estatuto de Roma.
En concreto citan el “infligir intencionalmente dolor o sufrimiento físico y/o psicológico severo”, que el trauma ocurre con el “consentimiento y/o aquiescencia de las autoridades” y, que el “trauma físico o psicológico es intencional y tiene un propósito específico, como coerción, intimidación, castigo y/o disuasión”.
Sobre este último punto, recuerdan que el propósito reconocido del Gobierno Trump de la política de “tolerancia cero”, puesta en marcha en 2018 y que incluía la separación de los niños de sus familias, era disuadir a los indocumentados de llegar al país.
Los médicos recordaron además que muchos niños han sido recluidos en “condiciones insalubres y peligrosas” y que desde 2018 al menos siete menores han muerto en custodia de las autoridades o inmediatamente después de ser liberados.
Como resultado de este tratamiento, dicen, los niños han mostrado un “comportamiento traumático internalizado y regresivo”, que ha resultado en un “trastorno de ansiedad generalizada, depresión, trastorno de estrés postraumático e intentos de suicidio”.
“La mitigación de este trauma requerirá años de tratamiento e intervenciones intensas”, aseguran.
Y todo ello “patrocinado por el estado y dirigido por el presidente de los Estados Unidos”, denuncian.
En el pasado año fiscal, 30.557 menores de edad que viajaban sin la compañía de un padre o tutor legal, en su mayoría centroamericanos, fueron detenidos en la frontera, a los que hay que sumar otras 52.230 personas que fueron detenidas cuando ingresaron ilegalmente al país en grupos familiares (un adulto acompañado al menos por un menor).
Y miles de niños fueron separados de sus padres en la frontera por orden del Gobierno Trump y, a pesar de una orden judicial que obligaba a las autoridades a reunificarlos, más de dos años después más de 600 menores siguen sin poder reencontrarse con sus progenitores.
Por todo ello, los autores del artículo piden a pediatras y profesionales de la salud infantil a tomar acción para “detener y prevenir la tortura de niños migrantes en la frontera” a través de la investigación y difusión de las malas actuaciones de los políticos en esta materia.
Y, a nivel colectivo, piden a la Academia Estadounidense de Pediatras a emitir una declaración política contra la tortura infantil y contra la separación de las familias migrantes, así como iniciar y apoyar un caso contra EE.UU. en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). EFE
