Aún aturdida, la inmigrante de Jamaica de 48 años, que había vivido sin estatus legal en Estados Unidos durante dos décadas antes de ser detenida por las autoridades de inmigración, se sintió invadida por una sensación de pavor. Un ginecólogo externo que atendía a pacientes bajo custodia de inmigración le dijo que los cólicos menstruales que tenía se debían a grandes quistes y masas que había que extirpar, pero ella tenía dudas. El médico insistió, dijo, y como estaba detenida —la llevaron al hospital con esposas y grilletes— se sintió presionada a dar su consentimiento.
Solo después de que fue deportada a Jamaica, y de que su expediente médico fuera revisado por otros doctores, supo que había estado en lo correcto al plantear dudas.
El informe de un radiólogo, basado en imágenes de sus órganos internos durante la época en que estuvo en Irwin, describió su útero como de un tamaño saludable y no estaba hinchado con masas y quistes agrandados, como el médico había escrito en sus notas. Los quistes que tenía eran pequeños, de los que se producen naturalmente y no suelen requerir intervención quirúrgica.
“No tenía que hacer nada de eso”, dijo Dowe.
El Centro de Detención del Condado de Irwin en Ocilla, Georgia, atrajo la atención nacional este mes luego de que una enfermera, llamada Dawn Wooten, presentara una denuncia alegando que las detenidas le dijeron que se les había extirpado el útero, sin su total comprensión o consentimiento.
Desde entonces, tanto el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) como el hospital del condado de Irwin han publicado datos que muestran que se han realizado dos histerectomías completas a mujeres detenidas en los últimos tres años. Pero ahora están surgiendo relatos de primera mano de las detenidas, incluida Dowe, que fueron sometidas a otros procedimientos ginecológicos invasivos que ellas no comprendían del todo y que, en algunos casos, es posible que no fuesen necesarios desde el punto de vista médico.
Al menos un abogado señaló el problema a los principales funcionarios del centro en 2018, según correos electrónicos obtenidos por The New York Times, pero las revisiones ginecológicas externas continuaron.
El Times entrevistó a 16 mujeres que tenían inquietudes por la atención ginecológica que recibieron cuando estaban en ese centro y realizó una revisión detallada de los expedientes médicos de siete mujeres que lograron obtener sus registros. Las 16 fueron atendidas por un solo médico, Mahendra Amin, especializado en ginecología que trabaja en la cercana ciudad de Douglas y quien ha sido descrito por funcionarios de ICE como el “ginecólogo principal” del centro de detención.
Los casos fueron revisados por cinco ginecólogos certificados —cuatro de ellos con afiliaciones profesionales en facultades de medicina—, quienes encontraron que Amin exageró constantemente el tamaño o los riesgos asociados con los quistes o masas adheridas a los órganos reproductores de sus pacientes. Los expertos dijeron que los quistes pequeños o benignos no suelen requerir una intervención quirúrgica, mientras que los grandes y problemáticos a veces sí lo requieren.
Los médicos resaltaron que, en algunos casos, era posible que los expedientes médicos no estuviesen completos por lo que la información adicional podría modificar sus análisis. Pero señalaron que Amin parecía recomendar sistemáticamente la intervención quirúrgica, incluso cuando no parecía médicamente necesaria y había opciones de tratamiento no quirúrgico disponibles.
En casi todas las historias clínicas de las mujeres, Amin enumeró síntomas como sangrado abundante con coágulos y dolor pélvico crónico. Pero algunas de las mujeres dijeron que nunca experimentaron ni reportaron esos síntomas.
Tanto los médicos examinadores como todas las mujeres entrevistadas por el Times expresaron su preocupación sobre si Amin explicó adecuadamente los procedimientos que realizó o si proporcionó a sus pacientes alternativas menos invasivas. Las mujeres de habla hispana dijeron que una enfermera que hablaba español solo estuvo presente esporádicamente durante las revisiones.
Los diagnósticos e intervenciones están “mal respaldados” y “no están bien documentados”, dijo Sara Imershein, profesora clínica en la Universidad George Washington y presidenta del capítulo de Washington, D. C., del Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos.
Incluso si las pacientes hubieran reportado los síntomas registrados por Amin, “habría habido muchas vías a seguir antes de apresurarse a la cirugía”, dijo. “Por ejemplo, tomar Advil”.
“Es demasiado agresivo en su tratamiento y no explora el manejo médico apropiado antes de recurrir a procedimientos o intervenciones quirúrgicas”, dijo Deborah Ottenheimer, evaluadora forense e instructora en la Clínica de Derechos Humanos de la Escuela de Medicina Weill Cornell.
Los médicos que examinaron los casos observaron que el tratamiento en exceso agresivo es demasiado común, especialmente con las pacientes, como las que están detenidas, quienes no pueden pedir una segunda opinión.
Ada Rivera, directora médica del Cuerpo de Servicios de Salud de ICE, dijo en una declaración que las acusaciones de la denunciante “plantean algunas preocupaciones muy serias que merecen ser investigadas rápidamente y a fondo”. Y añadió: “Si hay algo de verdad en estas acusaciones, es mi compromiso hacer las correcciones necesarias para asegurar que continuamos priorizando la salud, el bienestar y la seguridad de los detenidos de ICE”.
El abogado de Amin, Scott Grubman, dijo en un comunicado que el médico “disputa enérgicamente cualquier acusación de haber tratado a cualquier paciente con algo más que el mayor cuidado y respeto”.
“El doctor Amin también niega enérgicamente que alguna paciente haya sido tratada sin un consentimiento completamente informado”, agrega el comunicado. Grubman indicó que las leyes de privacidad del paciente le impedían hablar sobre el tratamiento de alguna paciente en particular, pero que todo “fue médicamente necesario, realizado dentro del estándar de atención y solo se realizó después de obtener un consentimiento completamente informado”.
El comunicado añadió que Amin siempre recurre a un intérprete cuando trata a pacientes que no hablan inglés, y “siempre intenta atender a sus pacientes con un tratamiento más conservador, incluyendo medicinas y procedimientos menos invasivos, antes incluso de recomendar la cirugía”, la que considera como última opción.
Los médicos independientes que proporcionan tratamiento a los detenidos de ICE reciben pago por los procedimientos que realizan con fondos del Departamento de Seguridad Nacional. Procedimientos como los que realizó Amin se facturan normalmente por miles dólares cada uno.
La facturación de Amin había llamado previamente la atención de las autoridades federales. En 2013, el Departamento de Justicia lo nombró en un caso civil y alegó que él y otros médicos habían facturado en exceso a Medicare y Medicaid, entre otras cosas, por realizar procedimientos innecesarios en pacientes terminales y haber dejado la sala de emergencia atendida por enfermeras mientras facturaban los diagnósticos y procedimientos como si hubieran sido realizados por médicos. Se llegó a un acuerdo en el caso por 520.000 dólares sin que los denunciados admitieran culpa.
“Todos hablaban inglés, entonces no podía hacer preguntas”
Varias pacientes de Amin dijeron estar confundidas sobre el motivo por el que terminaron siendo enviadas con él en primer lugar y, en otros casos, fueron referidas a su consulta después de plantear cuestiones médicas que no tenían nada que ver con la ginecología.
Poco después de llegar a las instalaciones, Yuridia, una inmigrante mexicana de 36 años, buscó a una enfermera porque le dolía una costilla después de una pelea con su expareja abusiva que sucedió justo antes de que la detuviera ICE. Pidió que la identificaran por su nombre de pila porque temía por su seguridad.
La enviaron para un examen médico a la oficina de Amin, donde dijo que él comenzó a preparar una máquina de ultrasonido. “Pensé que me iban a revisar la costilla”, dijo. “Ya cuando me di cuenta me estaban haciendo un examen vaginal”.
Amin registró en sus notas que Yuridia tenía quistes en sus ovarios y planeó una cirugía para extirparlos. También escribió que se había quejado de menstruación abundante y dolor pélvico. Ella dice que nunca había experimentado o informado esos síntomas y que no había pedido ver a un ginecólogo.
Semanas más tarde fue sometida a una cirugía. Los informes de patología revelan que no tenía quistes peligrosos, sino pequeños folículos del tipo que se producen naturalmente cada mes en la mayoría de las mujeres y que no requieren una intervención quirúrgica.
Yuridia dijo que solo esperaba un procedimiento menor que se realizaría por vía vaginal, pero se despertó sorprendida al encontrar tres incisiones en su abdomen y que le faltaba un pedazo de piel en su área genital.
“Me desperté y estaba sola, y tenía dolor y todos hablaban inglés, entonces no podía hacer preguntas”, dijo Yuridia. Tres días después, aún con dolor y recuperándose, fue deportada.
El caso de Yuridia tiene similitudes sorprendentes con otros que fueron analizados por el panel de médicos. Muchos de ellos condujeron a dos procedimientos quirúrgicos realizados simultáneamente: “dilatación y curetaje”, que consiste en insertar herramientas en la vagina de una mujer y raspar el tejido de su útero, y la laparoscopía, en la que se hacen tres incisiones para insertar una cámara en la cavidad abdominal con el fin de examinar o realizar procedimientos en los órganos reproductivos.
Los casos sugieren un patrón de “intervención quirúrgica excesivamente agresiva sin un intento adecuado de remedios médicos”, dijo Ottenheimer.
Un informe revela quejas de larga data
Fue el manejo de la pandemia por parte del centro lo que llevó a Wooten —la enfermera que se presentó como informante de esta inquietud reportada por primera vez por The Intercept— de alzar la voz sobre otro tema que le preocupaba: las cirugías de Amin. En una entrevista dijo que durante años había notado que un número desmesurado de mujeres eran referidas a Amin. Aseguró que escuchó informes de que habían sido sometidas a cirugías pero que no tenían ni idea de por qué se las habían hecho.
“Después de que se despertaban de la anestesia general”, dijo Wooten, las mujeres preguntaban: “‘¿Por qué me hicieron esta operación?’. Y no tenía una respuesta para eso. Estaba tan sorprendida como ellas. Nadie se los había explicado”.
Los datos de los informes de inspección de ICE muestran que el centro, que es operado por la empresa privada de prisiones Lasalle Corrections, refiere a más de 1000 detenidos al año para atención médica externa, muy por encima del número de otros centros de detención de tamaño similar. No está claro cuántas de estas remisiones son para atención ginecológica. Lasalle Corrections no respondió a las solicitudes de comentarios.
Las preocupaciones de las mujeres detenidas en Irwin surgieron mucho antes de que Wooten hiciera su denuncia.
Después de que Amin le dijera que tenía una masa del tamaño de un “melón” en el útero, Dowe se puso en contacto a principios de 2019 con Donald Anthonyson, un abogado de inmigración que había conocido a través de otra detenida. Pedía ayuda, dijo Anthonyson.
“Ella expresó verdadera inquietud ante la posibilidad de acudir con ese médico”, dijo Anthonyson. “Le preocupaba lo que le pasaba a ella y lo que escuchaba de otras mujeres”.
A diferencia de otras mujeres que no tenían quejas ginecológicas, Dowe experimentaba cólicos menstruales intensos, algo que los médicos que revisaron su caso dijeron que en ocasiones puede justificar el procedimiento que se le realizó, pero solo si la paciente lo comprende y lo consiente. Incluso entonces, los médicos dudaron de varios quistes de apariencia saludable y natural que Amin tal vez removió durante el procedimiento sin que fuera necesario hacerlo.
Después del procedimiento, Amin escribió en sus notas que ella había solicitado una segunda cirugía, una histerectomía abdominal completa y la extirpación de sus ovarios.
Pero Dowe insiste en que nunca hizo esa petición. Una nota en su expediente médico del centro de detención parece corroborar su negativa. “La detenida solicita segunda opinión para tener una histerectomía”, dice. “Ginecoobstetra agendó histerectomía y la paciente se rehusó”.
Las quejas sobre Amin se habían presentado a altos funcionarios mucho antes del caso de Dowe.
En noviembre de 2018, una mujer llamada Nancy Hidalgo González quedó muy alterada tras varias visitas al médico, en las que dijo que le realizaron ultrasonidos dolorosos e ignoraron sus gritos de dolor. Los abogados de Hidalgo González enviaron un correo electrónico al alcaide del centro, David Paulk.
En un correo electrónico, Erin Argueta, abogada en el Southern Poverty Law Center, dijo que su organización había tratado de ayudar a Hidalgo González con las complicaciones que experimentaba a causa de un aborto espontáneo previo.
“Nancy dudó en buscar atención médica porque su última experiencia con el doctor Amin fue tan dolorosa y traumática que no quería que la volvieran a mandar con él”, escribió Argueta.
En su correo electrónico hizo alusión a varias quejas verbales previas sobre Amin que los abogados habían presentado a la directora de servicios a internas, Marteka George. “George declaró que esta no era la primera vez que alguien se quejaba de Amin y dijo que investigaría si Nancy podría ver a otro proveedor”, escribió la abogada.
El alcaide respondió en dos ocasiones y declaró que el 30 de noviembre Hidalgo González había tenido cita con un proveedor externo “que no está asociado con el doctor Amin”. El otro médico, según el alcaide Paulk, “supuestamente es bien considerado por sus pacientes”.
El alcaide Paulk no respondió a los pedidos de comentario.
Otras mujeres que han cuestionado la atención del doctor Amin en el pasado dicen que también enfrentaron desafíos cuando intentaron buscar respuestas.
En la mañana del 14 de agosto, Mileidy Cardentey Fernández dijo que no había ningún intérprete presente en el Hospital Irwin County cuando le pidieron que firmara los formularios de consentimiento, antes de someterse a un procedimiento que le aconsejaron ese día.
Le pidió a la técnica: “¿Español, por favor? Poquito inglés”. La mujer la instó a que firme los formularios y así lo hizo.
Dijo que después de eso llenó varias solicitudes en el centro de detención para pedir sus registros médicos, pero no obtuvo respuesta.
“Quería saber todo lo que habían hecho”, dijo. “Pedí la biopsia, análisis y no me los quieren dar. Dijeron que no tenían los resultados. ¿Cómo puede ser que no tengan los resultados?”.
Cuando fue liberada de la detención el 21 de septiembre, llamó a su hija en Virginia y luego se dirigió directamente a la clínica de Amin con su abogado para exigir sus registros, que recibió.
Algunas mujeres dijeron que habían logrado evitar las cirugías de Amin, pero tuvieron que oponer resistencia.
Enna Pérez Santos dijo que no estuvo de acuerdo cuando Amin le sugirió un procedimiento similar al que las otras mujeres denunciaron. Afirma que Amin le aconsejó que era un error no aceptar el tratamiento y apuntó en sus notas que ella había pedido hablar con un profesional de salud mental.
Ese mismo día, de regreso en el centro de detención, a Pérez Santos se le realizó una evaluación psiquiátrica. “Estoy nerviosa por mi procedimiento”, le dijo Pérez Santos al examinador, según las notas del especialista. “Estoy preocupada porque vi a alguien que le hicieron cirugía y lo que vi me asustó”.
Pérez Santos fue llevada en tres ocasiones más al consultorio de Amin en los siguientes meses, recordó. En cada ocasión, dijo, el médico tocó el tema de la cirugía. Afirma que se sintió “presionada” para acceder, pero, en cada ocasión, le dijo que no consentía.
Tres ginecólogos certificados por la colegiatura que revisaron los expedientes médicos de Pérez Santos dicen que sus instintos parecen haber sido correctos. “Con base en lo que aquí veo, Amin sugirió de manera inapropiada una dilatación y curetaje”, dijo Ottenheimer. “No hay nada en absoluto que justifique ese procedimiento”.
Kitty Bennett colaboró con la investigación.
Caitlin Dickerson es reportera de asuntos migratorios, con sede en Nueva York, y es ganadora de un premio Peabody. Ha escrito reportajes sobre las políticas de asilo, detención y deportación en Estados Unidos así como del trato a los niños inmigrantes en custodia gubernamental. @itscaitlinhd
Miriam Jordan es una corresponsal nacional que escribe sobre las complejidades y paradojas de las políticas migratorias estadounidenses y su impacto en los migrantes, las comunidades y la economía. Antes de unirse al Times, cubrió inmigración por más de una década en el Wall Street Journal y fue corresponsal en Brasil, Israel, Hong Kong e India. @mirjordan
