“Estoy alegre, se oyen rumores”: familiares esperan liberación de presos previo a diálogo en Nicaragua

Familiares de los manifestantes opositores que se encuentran encarcelados por protestar contra el Gobierno que preside Daniel Ortega se apostaron este martes en las afueras del Sistema Penitenciario Nacional, conocido como La Modelo, en espera de la liberación de sus parientes, previo al reinicio de una nueva mesa de negociaciones.

Familiares de presos políticos esperan afuera de una cárcel en Managua. (Foto Prensa Libre: EFE)
Familiares de presos políticos esperan afuera de una cárcel en Managua. (Foto Prensa Libre: EFE)

“Estoy alegre, se oyen rumores (de liberación). Dicen que son cien los presos políticos” que van a dejar en libertad, dijo a Acan-Efe Luisa Bermúdez, hermana de Alexis Bayardo Bermúdez, quien guarda prisión acusado por los delitos de terrorismo, robo con intimidación y portar arma de forma ilegal.

“Estoy clamándole al Señor que sean cien madres menos sufriendo”, agregó.

Los familiares de manifestantes detenidos, que aguardaron a que los reos fueran liberados, esperan que se les otorgue al menos las medidas de casa por cárcel a sus parientes.

El Poder Judicial, controlado por el oficialismo, suspendió al menos dos juicios contra manifestantes opositores, adicionales a los tres aplazados el viernes pasado, informó este martes la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).

“Fue suspendida la continuación de los juicios programados para hoy”, afirmó la defensora técnica de la CPDH, Verónica Nieto, en una declaración pública.

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Según Nieto, las autoridades del Sistema Penitenciario Nacional ni siquiera trasladaron a los “presos políticos a sus respectivas audiencias”, en el Complejo Judicial de Managua, ubicado en el norte de la ciudad.

Hasta ahora se desconoce la razón por la que el Poder Judicial ha suspendido los juicios contra manifestantes opositores, lo que ha dado lugar a especulaciones, sobre si el presidente Daniel Ortega utilizará “como rehenes” a los reos, durante las negociaciones que inician mañana, como ha denunciado el Comité Pro Libertad de Presas y Presos Políticos.

La liberación de los manifestantes, considerados “presos políticos” por los defensores de los derechos humanos y “terroristas” o “golpistas” por Ortega, es una de las exigencias de diversos sectores de la sociedad nicaragüense para el inicio de las negociaciones, a lo que el presidente no se ha referido.

Familiares de una joven belgo-nicaragüense acusada de terrorismo esperan en las afueras de una cárcel. (Foto Prensa Libre: AFP)

El Gobierno y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia comenzarán mañana una nueva mesa de negociaciones para buscar una salida pacífica a la crisis sociopolítica que vive el país desde abril pasado y que ha dejado cientos de muertos y de detenidos, y otros miles en el exilio.

La mesa de negociaciones se instalará siete meses después que se suspendiera de forma indefinida el diálogo nacional que comenzó a mediados de mayo de 2018, después de que grupos oficialistas atacaran a obispos de la Iglesia católica, quienes actuaban como mediadores.

Ortega, que convocó la semana pasada la reanudación de las negociaciones, no ha dado a conocer la agenda del Ejecutivo, solo que la mesa se instalará ahora con menos actores y que esta vez no será televisada, como sí lo fue la primera sesión del anterior intento, porque “eso no es correcto en una negociación”.

Por su lado, la Alianza Cívica anunció que plantearán en la nueva mesa de negociaciones la liberación de los detenidos por protestar contra el Gobierno y el restablecimiento de las libertades, derechos y garantías establecidos en la Constitución Política.

También unas reformas electorales que garanticen unas elecciones justas, libres y transparentes, y justicia para las víctimas de las violentas protestas que comenzaron el 18 de abril de 2018.

Nicaragua sufre una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos locales humanitarios elevan a 561 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.

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