No obstante, el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, del que depende la Fiscalía, siempre ha negado que detrás del caso de Gordillo hubiera motivaciones políticas.
El arresto ocurrió en febrero de 2013, tres meses después de la toma de posesión de Peña Nieto. En esas elecciones el partido de Gordillo no dio su apoyo a Peña Nieto, que como una de las primeras acciones de Gobierno puso en marcha una reforma educativa que recortó el poder de los sindicatos.
La ex líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación fue una figura muy poderosa en México y amasó una gran fortuna como sindicalista. Está acusada de delincuencia organizada y lavado de dinero por más de 1.900 millones de pesos (unos 100 millones de dólares) del sindicato.
Nunca estuvo detenida en una celda, sino que fue ingresada al área médica de un penal y pasó después por varios hospitales por padecimientos de salud.
Cuando se anunció la detención hace cuatro años y diez meses, Peña Nieto dijo en un mensaje que se trataba de una acción en defensa del sindicato y del patrimonio de los maestros. “El proceso que se sigue es estrictamente legal”, afirmó.
Gordillo estuvo al frente del gremio desde 1989. Fue diputada y senadora, además de secretaria general -segunda en la jerarquía- del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) antes de su ruptura con la formación política en 2006.
El jueves, Nueva Alianza firmó con el PRI y el Partido Verde la coalición “Meade Ciudadano por México” para las presidenciales del 1 de julio.
De manera paralela, después de un largo proceso de los abogados de Gordillo para obtener la prisión domiciliaria, un beneficio que concede la ley por razones de edad, la Fiscalía desistió de sus objeciones.
