El gobierno de Duarte, que concluye su gestión el 30 de noviembre, es investigado por la secretaría de Hacienda (Finanzas) por haber cerrado contratos por unos US$174.24 millones con una treintena de empresas presumiblemente ficticias, y por la fiscalía general por presunto enriquecimiento ilícito y peculado.
Duarte, del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI), dinfundió en Twitter un breve escrito en el que pide autorización para ausentarse del cargo al Congreso estatal, que deberá reunirse para aprobar la solicitud y designar a su sustituto durante los menos de 50 días que le restan a este gobierno.
Preguntado acerca de si hubo presiones de parte del presidente Enrique Peña Nieto para que dejara el cargo, Duarte respondió a la cadena Televisa: “No, de ninguna manera, se trató de una decisión personal”.
Las investigaciones por corrupción contra Duarte ya le pasaron factura dentro del PRI, que en una decisión sin precedentes le suspendió sus derechos políticos de manera provisional.
Además de las denuncias de corrupción, el gobierno de Duarte, que entró en funciones en diciembre del 2010, ha estado marcado por un recrudecimiento de la violencia ligada al narcotráfico, con secuestros, asesinatos y extorsiones que han hecho de Veracruz uno de lo estados más violentos de México.
Este distrito, que ocupa una amplia franja del Golfo de México, también es considerado el más peligroso para el ejercicio del periodismo, con 19 periodistas asesinados desde el 2010, según recuentos de organizaciones civiles que piden se investigue a Duarte por algunos ataques contra comunicadores.
Según analistas, la impopularidad de Duarte, que trasciende las fronteras de su estado, fue determinante en la histórica derrota que sufrió el PRI en las elecciones de junio pasado en Veracruz, un distrito que siempre había gobernado.
Cruce de acusaciones
Duarte, uno de los personajes más polémicos de la política mexicana, tachó de “calumnias”, “mentiras” e “infamias” las acusaciones en su contra, que provienen principalmente de Miguel Ángel Yunes, quien forma parte de una coalición opositora y asumirá como gobernador de Veracruz el 1 de diciembre.
“Soy huérfano de padre desde los 12 años de edad. Me ha costado trabajar, yo me pagué la universidad trabajando, así que no tengo nada de qué avergonzarme”, sostuvo Duarte, quien acusó a su sucesor Yunes de ser un “personaje deleznable” y de haberse enriquecido ilícitamente.
Tan pronto se conoció la decisión de Duarte de dejar el cargo, medios mexicanos difundieron la respuesta de Yunes, un exmilitante del PRI que ganó en junio pasado como candidato de una coalición del izquierdista Partido de la Revolución Democrática y el conservador Acción Nacional.
“Es una estrategia política, él sale huyendo de la responsabilidad, va a tratar de huir de la justicia”, dijo Yunes a MVS Radio.
El gobernador electo sostuvo que el estado que recibirá es un “completo desastre”, agobiado por deudas y por la criminalidad.
Tan sólo en la última semana, en dos localidades de Veracruz han sido localizados los cadáveres de 11 personas, entre ellos los de dos jóvenes y una chica que fueron secuestrados días atrás, un crimen que se investiga si está ligado con el crimen organizado.
Roberto Borge, otro polémico militante del PRI que fue gobernador de Quintana Roo, donde se localizan Cancún y la Riviera Maya, también es investigado por posibles actos de corrupción, pero se desconoce su paradero desde que culminó su gobierno el 25 de septiembre pasado.
Duarte y Borge impulsaron en los últimos meses reformas legales para lograr lo que sus detractores consideran un “blindaje” para no ser perseguidos por corrupción en el futuro, pero la fiscalía general, en otra decisión inédita, impugnó esas leyes ante la Suprema Corte.
