Esa comisión especial, integrada por 65 diputados de 23 partidos políticos, fue instalada el jueves luego de la elección de sus integrantes.

Las acusaciones contra Rousseff, formuladas por juristas y cuatro partidos de la oposición, se fundamentan en unas supuestas irregularidades cometidas por el Gobierno entre el 2014 y el 2015 en sus balances, de los que habría ocultado unas millonarias deudas acumuladas con la banca pública.

Sin embargo, el trámite será netamente político y la correlación de fuerzas será decisiva en un Parlamento en el que el apoyo a la mandataria mengua cada semana.

El pasado sábado, el oficialista Partido del Movimiento Democrático Brasileño acordó que se tomará treinta días para decidir si permanece en el Gobierno o rompe con Rousseff.

Esa formación está liderada por el vicepresidente del país, Michel Temer, primero en la línea sucesoria en caso de una destitución, y cuenta con la segunda minoría en la Cámara baja, con 66 de los 513 escaños, mientras que es la primera fuerza en el Senado, con 18 de los 81 asientos.

El miércoles, un escándalo surgido en torno al nombramiento del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva como nuevo ministro de la Presidencia de Rousseff, llevó al Partido Republicano a romper con el Gobierno y engrosar la oposición con sus 21 diputados.

La comisión analizará el caso durante quince sesiones y, si se pronuncia a favor del juicio político, pasará la palabra al pleno de los 513 diputados, en el que el proceso avanzará si es respaldado por una mayoría calificada de dos tercios  (342 votos) .

Si los diputados deciden proseguir con el proceso, la palabra será del pleno del Senado, que por mayoría simple decidirá si archiva la causa o inicia lo que sería el propio juicio político.

En ese último caso, Rousseff deberá separarse del cargo hasta que concluya el proceso, que tendrá un plazo de 180 días, y en ese período sería sustituida por Temer, quien completaría el mandato que concluye el 1 de enero de 2019 si se llegara a la destitución.

Justicia “acobardada”

El decano del Tribunal Supremo de Brasil, Celso de Mello, repudió el jueves la “grave ofensa” que profirió el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva contra el poder judicial en una conversación telefónica grabada por la Policía por orden de un magistrado.

El polémico audio, de una conversación entre Lula y la presidenta Dilma Rousseff, fue divulgado por el juez federal Sergio Moro, responsable de las investigaciones del caso de corrupción que tiene en su centro a la petrolera estatal Petrobras.

“Nosotros tenemos una suprema corte totalmente acobardada, un Superior Tribunal de Justicia totalmente acobardado, un presidente de la Cámara de Diputados jodido, un presidente del Senado jodido y no sé cuántos parlamentarios amenazados”, le dice Lula a Rousseff en el audio divulgado por el juez Moro.

El decano del Supremo dijo que esas palabras son una “grosera e injusta calificación” que “ofendió gravemente la dignidad del poder judiciario”.

“Es un insulto al poder judiciario inaceptable. Manifiesto mi más absoluta repulsa”, dijo Celso de Mello ante sus colegas del Supremo, en una reunión plenaria abierta y difundida por televisión.

De Mello dijo que la manifestación de Lula es “torpe e indigna, típica de mentes arrogantes y autoritarias”, de personas que tienen “recelo” de la “actuación firme de jueces libres e independientes”.

En su pronunciamiento, el decano también hizo un alegato a favor de la independencia de los jueces y de la igualdad de los ciudadanos ante la ley.

“La República no admite privilegios”, dijo el juez, antes de afirmar que los culpables por los casos de corrupción “serán castigados en su justa medida”.

La orden de grabar a Lula y después divulgar las grabaciones ha sido duramente criticada por el Gobierno brasileño y por Rousseff, que anunció que tomará medidas legales contra esos actos que considera “ilegales” .

En cambio, la Asociación de Jueces Federales de Brasil arropó al juez Moro y rechazó las “intimidaciones”  y las “tentativas temerarias de injerencia en las decisiones judiciales”.

Suspendido

Un juez brasileño suspendió el jueves el nombramiento del expresidente Luiz Inacio Lula da Silva como jefe de gabinete, alimentando las tensiones en un país paralizado por escándalos de corrupción que amenazan el mandato de Dilma Rousseff.

Lula había llegado previamente a tomar posesión del cargo en una ceremonia con ambiente de mitin político en el que su sucesora denunció maniobras golpistas, en tanto que el Congreso se preparaba a instalar este mismo jueves una comisión que evaluará si le inicia un juicio de destitución, por presunta manipulación de las cuentas públicas.

“La gritería de los golpistas no me va a sacar del rumbo ni va a poner de rodillas a nuestro pueblo”, declaró la mandataria en el Palacio de Planalto, mientras en el exterior de la sede del gobierno la policía se interponía entre partidarios y adversarios del gobierno.

“¡No habrá golpe! ¡No habrá golpe!”, coreaban los asistentes al acto adentro y fuera del edificio.

Lula, investigado en una causa por presunto ocultamiento de bienes en el megafraude de la estatal Petrobras, dejó el salón sin hacer declaraciones, en medio de una marea de custodios, asistentes, políticos y periodistas.

Pero minutos después, un magistrado de la capital frenó la designación con una medida cautelar que busca evitar que consiga la protección de fueros privilegiados que otorga la condición de ministro y que lo sustraería a la justicia ordinaria, y en especial al juez Sergio Moro, que investiga el caso Petrobras y que devino en ícono de la lucha contra la corrupción en Brasil.

El gobierno informó que recurrirá la decisión.   

El último cartucho… ¿de pólvora mojada?

La entrada de Lula al gobierno es vista por analistas como una última tentativa de Rousseff para evitar el  juicio de destitución que impulsa en su contra la oposición en el Congreso.

Una severa recesión económica sin salida visible y las revelaciones de la estafa que asoció empresarios y políticos que le costó más de US$2 ,mil millones a Petrobras fueron minando a la coalición de gobierno que lidera el PT.

Recomponer esa alianza será de los principales objetivos de Lula en el gobierno para frenar el intento de destitución.

“Cuento con su experiencia de expresidente, con su identificación con el pueblo de este país, con su incomparable capacidad (…) de entender a ese pueblo y de ser entendido y amado por él”, afirmó Rousseff en la ceremonia que marcó el regreso de Lula al Palacio de Planalto tras más de cinco años.

“Usted tiene la grandeza de los estadistas y la humildad de los verdaderos lideres”, agregó Rousseff, que ocupó cargos ministeriales, incluyendo el de jefa de gabinete, durante los dos mandatos de Lula  (2003-2010).

Pero el impacto esperado ya había sido eclipsado en la víspera por la divulgación de una llamada telefónica en la que Rousseff le anunciaba al expresidente que se aprestaba a enviarle el decreto de su nombramiento para que pueda “usarlo en caso de necesidad”.

Esa frase alimentó la sospecha de que el nombramiento era una maniobra para dotarlo de fueros que le dan derecho a ser juzgado por la Corte Suprema, si es que se llega a esa instancia.

Poder ejecutivo vs poder judicial

La revelación de la conversación entre Rousseff y Lula movilizó a miles de personas durante la noche en varias ciudades para exigir la renuncia de la presidenta, un reclamo que también hicieron legisladores dentro del propio Congreso.

Las tensiones entre la justicia y el poder ejecutivo se agudizaron este mediodía cuando Rousseff pasó a la ofensiva, reiteró que el diálogo no tenía ningún propósito equívoco y denunció la filtración de la conversación telefónica por el juez Moro.

“No hay justicia cuando las garantías constitucionales de la propia Presidencia de la República son violadas”, proclamó este jueves una combativa Rousseff, levantando el entusiasmo de la sala durante el acto en el que Lula permaneció en silencio.

El fiscal a cargo del equipo que conduce las investigacion de la llamada “Operación Lava Jato”   (lavadero de autos) en la causa Petrobras, Deltan Dallagnol, salió literalmente a la calle y pidió micrófono en mano que se mantenga la independencia del poder judicial.

“La fiscalía brasileña y la justicia no se amedrentarán y darán fiel cumplimiento a la Constitución y a las leyes (…) Todos somos iguales ante la ley” , señaló en un acto improvisado en el estado sureño de Paraná, donde se tramitan los juicios de Petrobras de la primera instancia a cargo de Moro.

El vértigo de la crisis se reflejaba en los mercados. A media tarde, la bolsa de Sao Paulo subía 6% y el real se fortalecía al ritmo de las crecientes dificultades de Rousseff.

“El mercado está celebrando el fin de este gobierno”, resumió André Leite, de TAG Investimentos.

En su decisión, el magistrado sugirió que Rousseff podría haber cometido un delito y argumentó que si Lula asume el cargo de ministro, tendrá poder para realizar una “intervención indebida y odiosa” en la Policía, la Fiscalía y el poder judicial.

La acción del juez respondió a una demanda presentada por los partidos de la oposición, que fundamentaron su petición en las causas abiertas por la Justicia contra Lula, quien está investigado en diversos procesos y ha sido acusado formalmente de delitos de enriquecimiento ilícito, blanqueo de dinero y falsificación de documentos.

En su sentencia, el juez también señala que Rousseff podría haber incurrido en un delito de “responsabilidad” al nombrar a Lula, puesto que la ley veta al presidente de la República cometer actos contra “la probidad” de la administración pública.

Los delitos de “responsabilidad” son uno de los motivos por los que la Constitución permite realizar un juicio político con el objetivo de destituir al jefe de Estado.

En este sentido, el juez ordenó que se informe de los hechos a la Procuraduría General del Estado y al presidente de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha, quien es la autoridad competente para impulsar los juicios políticos.

Pero Rousseff, resueltamente a la ofensiva, reiteró que su conversación con Lula no tenía ningún propósito equívoco y denunció la filtración de la conversación telefónica por el juez Sergio Moro, que investiga el escándalo Petrobras.

“No hay justicia cuando las garantías constitucionales de la propia Presidencia de la República son violadas” , proclamó Rousseff, levantando el entusiasmo de la sala.

Un breve tumulto se produjo en la ceremonia cuando un diputado se levantó al grito de “¡Verg enza!” , ante los abucheos de los presentes.

Protestan por nombramiento de Lula

Manifestantes se congregaban en diversas ciudades de Brasil el jueves cuando la presidenta Dilma Rousseff se aprestaba a tomar juramento a su predecesor y mentor como jefe de gabinete, un hecho insólito que los partidarios del gobierno esperan alivie la crisis política que alborota a la nación más grande de Latinoamérica, pero los detractores consideran un intento descarado de evitar que se lo procese por corrupción.      

El país de 200 millones de habitantes enfrenta crisis en varios frentes. La investigación de un enorme plan de sobornos en la petrolera estatal Petrobras ha implicado a la elite política y empresarial del país.

Es ese país más afectado por el brote de zika, que según los científicos puede provocar defectos de nacimiento cuando infecta a mujeres embarazadas.

La economía sufre la recesión más grave desde la década de 1930, con aumento de la inflación y anuncios diarios de despidos que provocan miedo y desesperación. Y en medio de todo, Río de Janeiro será la sede de los Juegos Olímpicos en agosto.      

En conferencia de prensa el miércoles, Rousseff negó con vehemencia que Silva aceptó el puesto para demorar las investigaciones que lo implican en el caso Petrobras y dijo que el ser miembro del gabinete no significa gozar de inmunidad.      

“No significa que no lo investigarán” , dijo Rousseff. “Es cuestión de quién lo investigará” . 
     
Rousseff, que fue jefa de gabinete de Silva en el 2005-2010, se declaró “muy feliz” de contar con él en su gobierno.     
 
“Su ingreso a mi gobierno fortalece mi gobierno” , dijo.